UGT denuncia al Gobierno ante Europa para que las horas extras se paguen más caras que las ordinarias

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha anunciado este jueves que el sindicato ha presentado una demanda contra el reino de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por incumplir la carta social europea en lo relativo al pago de las horas extraordinarias. En concreto, por lo establecido en el artículo 4.2, que establece que los trabajadores tienen derecho “a un incremento de remuneración para las horas extraordinarias”.

Esto es algo que no contempla actualmente la legislación española, por lo que las horas extras se pagan igual que las ordinarias. La intención de UGT es que se establezca un sobrecoste del 25%, aunque fuentes del sindicato reconocen que tal vez tenga que ser algo inferior, pero en cualquier caso están convencidos de que la demanda prosperará. El siguiente paso es que la institución la admita a trámite y la resolución podrá tardar unos tres años.

Te puede interesar: Yolanda Díaz gana temporalmente la pugna por la reducción de la jornada y la reforma del despido pese al desacuerdo con Calviño

Álvarez ha afirmado que en España se hacen en torno a 13 millones de horas extraordinarias mensuales, “el equivalente a unos 180.000 puestos de trabajo” y ha incidido en que “más de la mitad no se pagan y si se pagan es ilegalmente”. “Queremos conseguir desincentivar el uso de horas extraordinarias como instrumento bastante habitual en nuestro país”, ha expuesto el líder de UGT, al tiempo que ha pedido más recursos para la Inspección de Trabajo, organismo que consideran “infrafinanciado”. También ha recordado que el control horario, establecido en 2019, “continúa siendo una asignatura pendiente” por su incumplimiento en muchas empresas.

De hecho, la denuncia consultada por este medio incluye también la petición de que el comité exija a España “un sistema de control de horas de trabajo efectivamente realizadas” porque “son muy superiores a las formalmente reconocidas”. El sindicato quiere poner este tema encima de la mesa con su demanda de cara al debate por la reducción del tiempo de trabajo que se va a dar en esta legislatura con la intención del Gobierno de situar la jornada legal efectiva de trabajo a las 37,5 horas semanales en 2025.

En este sentido, Álvarez ha pedido al Gobierno que “convoque de manera inmediata la mesa para la reducción del tiempo de trabajo”, ya que es una medida con implantación progresiva y habría que reducir ya a las 38,5 horas la jornada en el año 2024. Además, UGT quiere que esta nueva normativa se aborde en el marco del diálogo social en aras a facilitar su implementación en las empresas, puesto que CEOE y Cepyme no están de acuerdo con la misma.

En cuanto a la otra demanda que planteó UGT en 2022 ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por los bajos costes del despido en España, Álvarez ha afirmado que el Ministerio de Justicia de la pasada legislatura puso “palos en las ruedas” en Europa para intentar retrasar la resolución. “Nos consta que ha sido así”, ha asegurado, pero el ministerio actual se ha comprometido a que esto no ocurrirá ahora, por lo que esperan que en un periodo de tres meses vea la luz la sentencia relativa a este proceso.

Por otra parte, de cara a la reapertura de las negociaciones de los agentes sociales con el Ministerio de Trabajo por la reforma del subsidio por desempleo, UGT ha detallado que su organización esperará a conocer la nueva propuesta de la cartera de Yolanda Díaz. No obstante, ha apoyado la propuesta planteada este miércoles por CCOO de que el Estado complemente la cotización de los beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años.

Como cuestión adicional, UGT planteará en la mesa una cuestión nueva: que desaparezca el IRPEM como instrumento al que se ligan muchas de las rentas mínimas. Según Álvarez, en 20 años este indicador ha subido solo 140 euros, llegando hasta los 8.400 euros anuales actuales, mientras que el SMI se sitúa en los 15.120 euros, por lo que considera que “el IPREM se ha convertido en un instrumento para no subir las rentas sociales”. En su lugar, el sindicato propone que estas rentas se liguen al umbral de la pobreza, algo que permitiría subir hasta los 10.088 euros anuales.