Regreso a la casilla de salida: Yolanda Díaz tendrá que volver a negociar la polémica reforma del subsidio de desempleo

La mejora de las prestaciones asistenciales por desempleo es una reforma comprometida en el Plan de Recuperación para recibir los fondos europeos, concretamente en el componente 23, y debería estar aprobada desde finales de 2022. Sin embargo, la negociación de la normativa dentro y fuera del Ejecutivo se ha atascado en numerosos puntos y ha vuelto este miércoles a la casilla de salida tras no conseguir la convalidación del real decreto-ley que la aprobó el pasado 19 de diciembre. Unidas Podemos ha logrado el rechazo de la reforma con su voto en contra y vengarse de Sumar tras no tener un ministerio en el nuevo Ejecutivo.

El real decreto-ley que ha decaído contenía también el nuevo permiso de lactancia de 28 días y la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos prometida al PNV en el acuerdo de investidura. Además, el nuevo sistema de subsidios es uno de los hitos (el 340) necesario para la solicitud del cuarto pago de los fondos Next Generation (efectuado el 20 de diciembre), por lo que puede perjudicar a la evaluación de la Comisión Europea, que deberá emitir su veredicto en un máximo de dos meses desde la fecha de la solicitud.

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Yolanda Díaz tendrá que volver a negociar ahora la reforma del subsidio por desempleo conjugando el visto bueno de Podemos con el del Ministerio de Economía, reacio a adoptar medidas en este ámbito que supongan elevar más el gasto público o un desincentivo al empleo. El punto de fricción con Podemos ha consistido en que los morados consideran que la reducción de la cotización para las personas que cobran el subsidio de mayores de 52 años supone un recorte para sus pensiones. “No tenemos un compromiso por escrito de que se fuera a retirar el decreto y de que volviera sin ese recorte, por lo que no podemos votar a favor”, anunciaba Ione Belarra este miércoles.

En concreto, la reforma establece un descenso progresivo del porcentaje a aplicar sobre la base mínima de cotización de las personas que perciben este subsidio, pasando del 125% del año 2023 a un 100% en el año 2028, nivel que tenía antes de que el primer Gobierno de Pedro Sánchez lo modificara. Esto supone una reducción de la cuantía de la pensión, ya que estas personas se encuentran en sus últimos años de vida laboral que computan para la misma, y un ahorro del gasto público de 93,6 millones de euros al año, según la memoria económica de la norma.

El Gobierno argumenta al respecto que como la cuantía de la base mínima de cotización de los beneficiarios coincide con el SMI y este ha subido un 46,8% desde 2018, se producía la paradoja de que una persona que cobrara el subsidio de mayores de 52 años cotizaba más para la pensión de esta manera que con un trabajo con un sueldo bajo. Esto supone un desincentivo para el empleo y por ello el ministerio de Economía consideró fundamental modificarlo, según fuentes conocedoras de las negociaciones.

La reforma acumulaba polémicas en el seno del Gobierno con la anterior titular de Economía, Nadia Calviño, y tampoco terminaba de gustar a los agentes sociales, sobre todo por la falta de negociación real en el marco del diálogo social, ya que el Ministerio de Trabajo se limitó a consultarlos antes de aprobar la norma.

En su redacción final revocada este miércoles se establecía un aumento de la cuantía inicial de la prestación durante los seis primeros meses hasta los 570 euros (el 95% del IPREM), que pasaban a 540 euros en los seis meses siguientes (90% del IPREM) y el tiempo restante de cobro, hasta 18 meses, se mantenía en los 480 euros ya vigentes anteriormente (80% del IPREM).

Además, se ampliaba la cobertura fundamentalmente a dos colectivos: menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores eventuales del sector agrario pertenecientes a una comunidad que no sea Extremadura ni Andalucía, que disponen de una cobertura específica asistencial para este sector. De esta manera, la prestación asistencial por desempleo llegaría a partir de junio (fecha en la que entraba en vigor) a unas 400.000 personas más las 736.000 actuales.

Ante el problema político para su aprobación, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha detallado este miércoles la alternativa que plantea el sindicato para que no se produzca un recorte, pero tampoco un desincentivo al empleo. En concreto, propone que si un trabajador sale de un subsidio de mayores de 52 años a un puesto de trabajo donde con el sueldo cotiza por menos de lo que supone el 125% (unos 1.500 euros), el Estado pague el diferencial de cotización para llegar a ese porcentaje.

“Gana el trabajador porque en vez de percibir la prestación percibe un salario y gana el Estado desde el momento en el que se ahorra un subsidio y ahorra gran parte de la cotización porque la paga la empresa”, ha explicado, a la vez que ha reconocido que el resto de medidas incluidas suponían “globalmente una mejora”.