Los socios hacen sufrir a Sánchez: exigen un “cambio de actitud” al Gobierno para evitar victorias sobre la bocina

El Gobierno de coalición estrena el 2024 salvando los muebles a medias o, dicho de otra manera, evitando la que estaba llamada a ser la primera gran derrota de la legislatura. El pleno extraordinario del Congreso, celebrado en el Senado por las obras en el hemiciclo de la Cámara Baja, fue de alto voltaje, duró casi 12 horas, y finalizó con una votación de infarto. Tanto fue así que el nuevo paso en la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía pasó desapercibido.

Entre la disparidad de análisis y argumentos esgrimidos por sus señorías destacó una exigencia común de todos los grupos, especialmente de los socios de Pedro Sánchez: cambiar su modus operandi a la hora de negociar para sortear una legislatura compleja por las delicadas mayorías y el nuevo ciclo electoral (con los comicios previstos en Galicia, el País Vasco y el Parlamento Europeo).

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El Gobierno de coalición salvó el decreto ómnibus por la mínima (un voto de diferencia), que contempla reformas para solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos, valorado en 10.000 millones de euros. También, por el escaso margen de un voto, el Ejecutivo salvó la votación del último paquete de medidas anticrisis (contempla la subvención al transporte público, la rebaja del IVA de los alimentos o la revalorización de las pensiones), después de que una primera votación hubiera quedado en tablas por la equivocación de un diputado al votar de manera telemática.

Si bien, la intensa jornada dejó un sabor agridulce al decaer la reforma del subsidio por desempleo, impulsada por Yolanda Díaz, debido al rechazo de Podemos. Los de Ione Belarra impidieron el pleno de victorias para el Ejecutivo al votar en contra de este decreto junto a PP, Vox y UPN. Si bien, permitieron la convalidación del decreto del escudo social después de acordar con el PSOE, también in extremis, extender la suspensión de los desahucios hipotecarios a las familias vulnerables cuatro años más, más allá de la permanencia de esta medida en 2024 pactada con EH Bildu. En todo caso, el Gobierno volverá a la carga y aprobará de nuevo el mismo decreto, tal como anunció el propio Sánchez.

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Pese a todo, estos resultados cambiaron por completo el delicado mapa que se pintaba para el Gobierno de coalición antes de las votaciones. Y es que, el no anunciado por Junts impedía la convalidación de los tres decretos. Si embargo, tras finalizar el plazo para votar de manera telemática, los diputados del partido independentista no quisieron desvelar el sentido voto, desconcertando a los socialistas e incluso al propio Gobierno. Finalmente, se ausentaron de las votaciones de las normas decretos y se abstuvieron en la segunda votación del decreto anticrisis.

El partido de Carles Puigdemont posibilitó la aprobación de las dos normas con rango de ley después de acordar con el Gobierno varias iniciativas de calado, como reducir el IVA del aceite hasta el 0%, el traspaso a Catalunya de las competencias en materia de inmigración, la asunción del coste de los descuentos y las bonificaciones al transporte público por parte de la Administración central, o multiplicar por cinco el dinero previsto para la digitalización de la administración de justicia.

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Si bien, el desarrollo del debate y la votación, así como la tensión que ha acompañado los días previos, ha sido un aviso a navegantes para el Gobierno de coalición. Los representantes de ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria afearon desde la tribuna las “formas” elegidas por el Ejecutivo frente a la convalidación de los tres decretos, que se sometieron a votación a pesar de no tener garantizados los apoyos previamente.

En este sentido, las críticas de todos los socios del Gobierno se centraron en el “uso abusivo” de la figura del real decreto-ley, así como la diversidad de asuntos incluidos en cada uno de ellos. Por ende, afearon al Gobierno que no hubiera dialogado antes de aprobar estas medidas en el Consejo de Ministros. “Hagan los reales decretos con medidas sociales sin trampas y pactando con Junts y tendrán los votos de Junts”, advirtió la portavoz independentista, Míriam Nogueras.

Si bien el diputado de EH Bildu Oskar Matute pidió al resto de aliados del Gobierno “no equivocarse de trinchera”, en relación a Podemos y Junts, su compañera de filas, la portavoz Mertxe Aizpurua, lanzó un mensaje al Ejecutivo en forma de advertencia: “Debe tomar nota de lo ocurrido y entender que no tiene mayoría. Debe dialogar y negociar con seriedad y tiempo suficiente. No puede ser la ciudadanía la que pague por sus errores”.

El PNV, que lamentó la derogación del decreto-ley en materia de trabajo (incluye el acuerdo de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales), exigió “un cambio de actitud” inmediato al Gobierno de Sánchez a la hora de negociar sus iniciativas con los grupos parlamentarios que lo apoyan y que ofrezca “un debate sereno” y con “el tiempo necesario” para alcanzar acuerdos.

Voces socialistas y de Sumar reconocieron que la manera de comenzar el año, con una votación llevada al límite, no es la más adecuada. En todo caso, hacen hincapié en la continuidad de las principales medidas cuya vigencia estaba en duda, como la bonificación al transporte público o la subida de las pensiones.