Norbert Feher, alias ‘Igor el ruso’, uno de los presos más peligrosos de España, agredió en abril de 2021 a cinco funcionarios de la prisión de Dueñas (Palencia) cuando entraron en su celda para trasladarlo a otra cárcel, la de Zuera (Zaragoza). Dos años después, en julio de 2023, fue condenado a cuatro años de prisión por estos hechos y a pagar una indemnización por los daños causados. El recluso había utilizado un azulejo roto para herir a los trabajadores mientras les gritaba que “vuestras muertes me van a salir gratis”. Pero en la sentencia que se dictó, el Juzgado de lo Penal de Palencia declaró improcedente la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración General del Estado.
“Las agresiones a los funcionarios se produjeron en el interior de la celda, cuando, y organizado el operativo por el Jefe de Servicios, entraron para cumplir la orden recibida para trasladarlo y así poder entregárselo a la Guardia Civil para que hicieran la conducción. Resulta esencial significar que la acción agresora era previsible, por lo que no les resultó sorpresiva, ni que la celda hubiera sido revisada en días anteriores, sabedores de que el interno se estaba negando a salir de forma voluntaria, así como que había habido otros episodios por otros internos de utilización de los azulejos de los sanitarios de las celdas”, argumentó la sentencia para eximir al Estado de cualquier pago. Es decir, los funcionarios podrían prever lo que les esperaba.
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Pero cuatro de los cinco funcionarios decidieron recurrir esta decisión. Ahora, en una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia, a la que ha tenido acceso Infobae España, el tribunal ha decidido revocar parcialmente la primera resolución y, en su lugar, declarar “responsable civil subsidiario, en defecto del principal -el condenado Norbert Feher- a la Administración General del Estado”. Así, los cuatro funcionarios deberán recibir 48.800 euros por las heridas sufridas. “No podemos sino dar la razón a los apelantes”, señala la sentencia, que en primer lugar argumenta que las declaraciones de los funcionarios perjudicados, “no contradichas por ninguna otra prueba y exentas de contradicciones entre sí, se deduce sin género de dudas que se han infringido por parte de los responsables de la Administración los deberes objetivos de cuidado”.
La Audiencia entiende que los superiores jerárquicos de los funcionarios heridos “eran conscientes de que el interno era extremadamente peligroso, sabían que el traslado iba a ocasionar problemas, estaban advertidas de que ya se habían producido agresiones con azulejos y que los equipos de protección eran insuficientes e inadecuados”. De hecho, solo había cuatro equipos completos y los cascos no eran de la talla adecuada a cada trabajador. Además, continúa el tribunal, “no se ha dado a los funcionarios formación específica para actuar en este tipo de situaciones de resistencia grave y violenta”. En definitiva, “todas estas consideraciones suponen una clara infracción, por parte de la dirección del centro o de sus superiores jerárquicos, del deber objetivo de cuidado, en el sentido de no haber puesto todos los medios necesarios a su alcance para evitar el resultado finalmente acaecido, cuando eran conscientes de la peligrosidad de la situación”.
Uno de los funcionarios resultó con traumatismo en el codo, contusión en la rodilla y contusión costal; otro, con un traumatismo en el dedo pulgar de una mano; el tercero, con contusión torácica con fisura en la parte anterior de arcos costales, contusión en rodilla y rotura de menisco interno; otro, con contusiones y fractura en la base de la falange proximal de un dedo; y el último, con contusión con contractura muscular y esguince cervical. El sindicato ‘Tu abandono me puede matar’, que ha representado a algunos de los funcionarios agredidos, se congratula de la decisión judicial. “Seguimos siendo el colectivo de toda la Administración General del Estado que más agresiones sufre y curiosamente seguimos sin ser agentes de la autoridad, llevamos casi tres años sin recibir uniformes para poder desempeñar nuestro trabajo y siguen faltando 3.500 funcionarios”, explica su portavoz.
‘Igor el ruso’, de nacionalidad serbia y un largo historial delicuencial, ya tiene otras dos condenas en España: una de 21 años de cárcel por disparar a dos personas y otra de prisión permanente revisable por asesinar a un ganadero y dos guardias civiles en Teruel. Ya había asesinado con anterioridad en Italia
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