Subsidio por desempleo, pensiones, la factura de la luz y el gas o transporte público gratuito: lo que está en juego en la votación de las medidas anticrisis

El Gobierno se la juega este miércoles, cuando el Congreso decidirá si convalida los tres últimos decretos del Ejecutivo aprobados antes de Navidad. Se trata del último paquete de medidas contra la inflación (la subvención al transporte público, la rebaja del IVA de los alimentos o la revalorización de las pensiones), la reforma del subsidio de desempleo y una ley ómnibus con reformas imprescindibles para solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos, valorado en 10.000 millones de euros.

El pleno extraordinario se celebrará en el Senado por las obras de modernización en el hemiciclo de la Cámara Baja. No obstante, en función del resultado de las votaciones, el lugar podrá ser solo una anécdota. Y es que, ninguno de los tres reales decretos tiene a estas alturas los apoyos suficientes garantizados (se necesita mayoría simple; más síes que noes). Por ello, desde el Gobierno se han esforzado en trasladar la presión a los diferentes grupos que han manifestado su rechazo más allá de Vox: PP, Junts y Podemos.

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“Hasta el rabo, todo es toro”, sostienen fuentes de Moncloa a escasas horas de la votación, pero en el Ejecutivo de Pedro Sánchez se muestran convencidos de que las normas con rango de ley serán previsiblemente convalidadas, lo que permitiría su continuidad (entraron en vigor una vez fueron aprobados en el Consejo de Ministros, pero necesitan ser convalidadas por el Congreso en un periodo de 30 días hábiles).

Además de PSOE y Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Coalición Canaria votarán a favor de los tres “por responsabilidad” dado el marcado carácter social de las tres normas con rango de ley. El diputado del BNG, Néstor Rego, anunciará el sentido del voto este miércoles, aunque la predisposición del gallego es “positiva”. Los socialistas centran todos sus esfuerzos en atraer al sí a los siete diputados de Junts y confían en que los cinco de Podemos se decanten finalmente por votar a favor: en sus manos está la continuidad de medidas que repercuten en el día a día de millones de ciudadanos.

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“Aprobar estos decretos significa decir sí a que los pensionistas de nuestro país, a que más de 11 millones de personas de nuestro país, perciban al mes más de 52 euros más. Decir sí a estos decretos es decir sí a que las personas jóvenes, fundamentalmente, pero también los trabajadores de este país, puedan utilizar el transporte público gratuito”, defendió la ministra portavoz, Pilar Alegría. “Decir sí a estos decretos es decir sí a que cuando vayamos a hacer la compra, cuando compremos la leche, cuando compremos los huevos, cuando compremos la fruta, se nos aplique un 0% de IVA”, añadió.

La ministra portavoz resumió con un ejemplo cotidiano lo que supondría para una familia de cuatro miembros (dos de ellos hijos menores de 14 años) la derogación de la bonificación al transporte público incluida en el último paquete de medidas para combatir los efectos de la inflación y la crisis energética. “Si no se aprobase este decreto, esta familia tendría que pagar 3.200 euros más al año para poder hacer uso del transporte público”, explicó.

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En efecto, entre las medidas prorrogadas en el último Consejo de Ministros de 2023 figuran la gratuidad para usuarios frecuentes de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y líneas estatales de autobús, así como el descuento en Avant. También, se mantiene la aportación actual del Estado a las comunidades autónomas del 30% de la tarifa de billetes urbanos e interurbanos, siempre que las autonomías aporten al menos el 20% para alcanzar un descuento mínimo del 50%.

De no aprobarse el decreto, decaería la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, así como la prohibición del corte de suministros básicos de luz, agua y gas. Además, la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias quedaría sin efecto, así como la prohibición de despedir a causa de la crisis energética para las empresas que han recibido ayudas directas.

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El decreto mantiene los primeros seis meses de 2024 el IVA al 0% para alimentos básicos y del 5%, para pastas y aceites. Y, aunque contempla una subida gradual de los llamados impuestos energéticos, en el caso de la luz (que pasó del 5 al 10%) escalaría hasta el antiguo 21% en caso de que no se convalide la medida. En cuanto al gas, cuyo ascenso al 21% estaba contemplado para abril, se eliminaría el 10% actual.

Asimismo, la norma incorpora la revalorización de las pensiones contributivas al 3,8%, tal y como establece la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, así como la eliminación de las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla para personas mayores y con discapacidad; y la eliminación de las comisiones o compensaciones bancarias por amortización anticipada de créditos a tipo variable.

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En cuanto al decreto que afecta al nuevo subsidio por desempleo, con la reforma aprobada a mediados de diciembre, esta prestación ascendió hasta los 570 euros al mes (casi 100 euros más). Si bien, se reduce progresivamente la cotización asociada al subsidio de los mayores de 52 años, fijada en el 125% de la base mínima hasta el 100% en 2028.

No obstante, lo que para Podemos es un recorte, para el Gobierno es un ajuste por la “sobrecotización que figuraba anteriormente como consecuencia de que el salario mínimo interprofesional en nuestro país era realmente bajo”. Según explicó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, al incrementar más de un 45% el salario mínimo interprofesional, “realmente en este momento no es necesaria, no hace falta esa sobrecotización que afectaba a los mayores de 52 años”.

Más allá de sus socios de investidura, los de Pedro Sánchez no descartan recibir diferentes apoyos para cada una de las votaciones. Esto es, no cierran la puerta a una abstención del PP a uno de los decretos, aunque los de Alberto Núñez Feijóo insisten en que la posibilidad de permitir su aprobación pasa por que el Gobierno acepte sus propuestas de bajadas fiscales.

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En cuanto a los socios de Sánchez, Junts y Podemos mantienen su pulso al Gobierno. Los independentistas, que avanzaron su no a los tres decretos porque un punto de uno de ellos “pone en riesgo” la aplicación de la ley de amnistía, han exigido al Ejecutivo retirarlos para negociarlos individualmente y este martes elevaron el precio a su apoyo al exigir que la sanción a aquellas empresas que salieron de Cataluña tras el 1-O y que ahora no quieran volver.

Frente a esta petición, en Moncloa mostraron ambigüedad por “discreción” y “respeto a las negociaciones”, aunque la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, adelantaron que siempre darán prioridad a “dar la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas”. En todo caso, no aclararon si se aceptaría las demandas de los independentistas parcial o totalmente (su plan incluye incentivos a las empresas que regresen). El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, fue un paso más allá al confirmar que “estamos hablando con Junts para ver cómo podemos manejarnos para facilitar la vuelta de las empresas” a Cataluña.

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Podemos, por su parte, se mantiene en el no al decreto sobre el subsidio de desempleo por el “recorte de las cotizaciones” para los mayores de 52 años, y deja en el aire lo que hará con el referente al escudo social frente a la inflación si el Gobierno no negocia los cambios que exigen. Esto es, además de revertir este “retroceso” incluido en la reforma del subsidio de desempleo, los morados han supeditado su apoyo al paquete de medidas a reducir el límite del incremento de precios de los alquileres al 2% y aplicar un tope a las subidas de los precios de los alimentos en las grandes superficies al 2%.