Junts desbloquea los decretos anticrisis después de un pacto ‘in extremis’ con el Gobierno

Junts ha decidido no participar en la votación de los tres decretos que estaban pendientes de aprobar en el Congreso de los Diputados, necesarios para solicitar el cuarto pago de los fondos europeos, valorado en 10.000 millones de euros. La formación independentista ha llegado a un acuerdo in extremis con el Gobierno para desbloquear las medidas anticrisis a cambio del traspaso a Catalunya de las competencias en materia de migración. Los de Puigdemont también han pactado la publicación inmediata de las balanzas fiscales y la futura supresión de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, según palabras propias, “ponía en peligro la amnistía”.

El partido secesionista ha optado por la abstención y ha dejado en manos del resto de socios de investidura la convalidación de los tres primeros grandes decretos de la legislatura. La sesión, que ha durado casi 18 horas, ha terminado con la aprobación del decreto ómnibus y el último paquete de medidas anticrisis —las subvenciones al transporte público, la rebaja del IVA de los alimentos y la revalorización de las pensiones, entre otras cuestiones—. La reforma del subsidio por desempleo no ha salido adelante por el rechazo de Podemos, que ha votado en contra con los diputados de PP, Vox y UPN.

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Los independentistas han cerrado un acuerdo en los últimos minutos con el que “mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes”, según ha explicado el partido en un comunicado. En un primer momento, los de Puigdemont habían negado su voto favorable hacia los tres decretos por considerar que invadían competencias. Finalmente, Junts ha decidido no votar y desbloquear dos de las tres propuestas que se debatían este miércoles en el Senado —el pleno no se pudo celebrar en el Congreso porque el hemiciclo está en obras—. La formación también ha acordado reducir el IVA del aceite hasta el 0% y multiplicar por cinco el dinero previsto para la digitalización de la administración de justicia.

Junts ha dado más detalles del acuerdo alcanzado con el PSOE en un comunicado. La formación independentista asegura que, además de la “delegación” de las competencias en materia migratoria, el Gobierno accede a la publicación de las balanzas fiscales entre comunidades. El pacto también incluye la supresión del artículo 43 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un punto que, según los nacionalistas, “amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía”. Los socialistas también se han comprometido a tramitar la reforma de la Ley de Sociedades para fomentar el retorno de las empresas que abandonaron Catalunya tras el referéndum ilegal del 1-0, según la nota de prensa difundida por Junts.

La formación independentista presume de haber conseguido la rebaja al 0% del IVA del aceite, la bonificación de los precios del transporte público —el Gobierno asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos— y el reconocimiento de los derechos históricos de Catalunya en materia de régimen local. Las concesiones del Gobierno han permitido salvar dos de los tres decretos. La reforma del subsidio por desempleo —impulsada por Yolanda Díaz— es la única que no ha salido adelante por el no de Podemos, que ha votado con el bloque de las derechas. Junts ha celebrado su acuerdo con el PSOE como un “triunfo” para Catalunya. “Gana nuestro país”, ha proclamado la portavoz parlamentaria del grupo, Míriam Nogueras.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha tardado ni media hora en denunciar la “deshonra” y la “humillación” de Pedro Sánchez por el “mercadeo” que se trae con Junts. Los populares, que han votado en contra de los tres decretos anticrisis, han tachado de “ridículo” el acuerdo del Gobierno con los independentistas. “Los españoles no saben con exactitud qué precio están pagando, tampoco saben si hay más pactos encapuchados”, ha reivindicado el jefe de la oposición. Feijóo también ha pedido saber qué consecuencias tiene el traspaso de las competencias de migración y si “conlleva el control de fronteras”, un mecanismo con el que Catalunya podría rechazar la entrada de personas migrantes.