El SMI subirá más que la inflación y que las pensiones en 2024 tras el rechazo de CEOE a la propuesta de Trabajo

El presidente de la asociación de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha asegurado este miércoles que la CEOE “no va a estar en el acuerdo” para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2024 porque el Gobierno ha rechazado las dos peticiones de los empresarios: indexar los aumentos del SMI a los contratos públicos y una bonificación para el sector agrario. El descuelgue de la patronal abre la puerta a que el Gobierno cierre un acuerdo solo con los sindicatos, lo que implicará, según avisó el secretario de Estado de Empleo el lunes, una subida mayor de la que se hubiera adoptado con un acuerdo tripartito.

La cifra propuesta por el Ministerio de Trabajo para llegar a un acuerdo era el 4%, lo que se traduce en llegar a los 1.123 euros al mes repartidos en 14 pagas, un total de 15.724 euros anuales (604 más que actualmente). Sin embargo, los sindicatos piden una subida de al menos el 5%, una cifra factible al retirarse la CEOE, que planteó un 3% inicial más un 1% según la inflación. Llevar el SMI hasta la cifra mínima que piden UGT y CCOO supondría alcanzar los 1.134 euros al mes, un total de 15.876 euros anuales, y sería un aumento mayor que la inflación, las pensiones contributivas y los salarios negociados en los convenios colectivos.

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Esto se debe a que, de confirmarse la cifra del 5%, el SMI subiría referenciado al coste salarial registrado en la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE (como pedía CCOO), no a la inflación ni a la evolución de la negociación colectiva, como pedía la CEOE. El año 2023 cerró con una inflación interanual media del 3,6% y las pensiones contributivas se han revalorizado un 3,8%, según el IPC medio entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, como figura en la reforma de las pensiones. Por otra parte, la variación salarial media registrada en los convenios colectivos en 2023 ha sido el 3,46% según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo este miércoles, aunque llega hasta el 4,10% en los convenios firmados durante 2023.

La vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que el Gobierno tomará la decisión definitiva este viernes tras volver a reunirse con los agentes sociales en una última reunión, incluida la patronal, aunque rechace el acuerdo. “Anuncio que el viernes vamos a subir mucho el SMI”, ha afirmado en una entrevista. Cabe recordar que la subida de 2023 fue mayor, del 8%, y que se produjo tras un año de inflación récord. En términos acumulados, el SMI ha subido un 46,8% entre 2018 y 2023 y con el 5% de 2024 llegaría al 54,9%.

Aunque la subida del SMI de 2024 salga adelante con acuerdo bipartito (como las tres últimas) y se efectúe con carácter retroactivo desde el uno de enero, quedan asuntos pendientes que el Ministerio de Trabajo tendrá que abordar con los agentes sociales. Los sindicatos piden reformar para los próximos años el decreto que regula las subidas de la retribución mínima porque permite que algunas empresas efectúen los aumentos absorbiendo complementos que ya pagaban anteriormente.

Según explica Unai Sordo, secretario general de CCOO, la jurisprudencia “está permitiendo” que las empresas lleven a cabo esta fórmula y provoca que el salario de algunos trabajadores “permanezca congelado”. Sordo cree que “los servicios jurídicos del Gobierno en principio no veían las cosas muy distintas a nosotros”, aunque aún no hay una repuesta por parte de la cartera de Díaz. El otro tema pendiente es la modificación de la ley de desindexación de 2015 para que las empresas que contratan con las administraciones puedan repercutir las subidas salariales.

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Tanto la patronal como los sindicatos, que coinciden a grandes rasgos en esta reivindicación, han pedido al Gobierno abrir una mesa de negociación específica sobre este tema, pero Hacienda lo ha rechazado desde el primer momento por el aumento de gasto público que supondría y apunta a los márgenes de las empresas. UGT y CCOO reconocen que en muchos casos las empresas no pueden afrontar los aumentos de costes salariales en los años que duran las licitaciones, lo que está derivando en casi congelaciones de sueldo para los trabajadores de las contratas mientras los salarios suben en el resto de las empresas.