El Gobierno aprovecha los decretos anticrisis para aprobar medidas ‘por la puerta de atrás’

El miércoles se votan tres decretos claves para el Gobierno, con medidas muy importantes en materia económica y social. Estos decretos, aunque la Constitución estipula que se deben utilizar para atajar asuntos de máxima urgencia, los diferentes Gobiernos de la democracia lo han utilizado como atajo para aprobar medidas sin necesidad de trámite parlamentario o con un trámite más reducido.

La Carta Magna prevé que se pueda recurrir a esta figura jurídica para “casos de extraordinaria y urgente necesidad”, así lo estipula el artículo 86. La ‘trampa’ está en que el texto en ningún momento menciona las materias que responden a esta categoría de urgencia. Más allá de su uso más o menos habitual, también es frecuente que los gobiernos introduzcan en el texto cuestiones que nada tienen que ver con el asunto capital del decreto ley aprobado, de esta forma, la aplicación de la medida es efectiva desde el momento de su publicación en el BOE.

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Además, el Gobierno cuenta con una ventaja: los decretos se deben aprobar en pack. Es decir, se votan como un todo, por lo que o se aprueba el texto completo o se rechaza su totalidad. En decretos como los que se votan el miércoles es muy complicado que algunas fuerzas se nieguen a dar el sí, cuestión que aprovecha el Ejecutivo.

Los decretos aprobados a finales de año por el Consejo de Ministros, ahora claves, son tres. El decreto sobre Justicia y Función Pública que aborda las reformas pactadas con la Unión Europea para que España pueda seguir recibiendo financiación de los Fondos Next Generation EU. En este decreto también se aprovecha para abordar reformas que competen a la digitalización de la justicia o se modifica la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar. En concreto, el Gobierno se reforma el apartado 2 del artículo 328 sobre los recursos de revisión contra sentencias firmes.

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En el segundo de los decretos ley que se debatirán hoy en el Senado -el Congreso se encuentra inmerso en reformas- es el Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva 2019/1158, que atañe a la conciliación. Aunque el texto también modifica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Por su parte, el último de los decretos que, hoy por hoy, está en el aire para su convalidación, es en el que adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Más allá de prorrogar el descuento en el transporte o la prórroga de la rebaja del IVA a los alimentos, el texto modifica la ley de Defensa de la Competencia, traspone la directiva 2018/1727 y retoca la ley de Propiedad Horizontal.

Antes de las elecciones generales de julio, la Comisión Permanente tuvo que votar a favor o en contra de decretos leyes que aprobaban medidas tan diferentes como las licencias de VTC, ayudas a los transportistas o la conciliación familiar.

La pandemia también funcionó como cajón de sastre. En marzo de 2020, el Gobierno aprobó las medidas económicas para hacer frente a la covid. No obstante, en la disposición final segunda, se modificaba la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia para que el vicepresidente segundo del Gobierno, entonces Pablo Iglesias, pudiera participar. El decreto modificaba la Ley 11/2002, en concreto el apartado 2 del artículo 6 del texto.

En 2022, con la aprobación de los primeros decretos anticrisis para hacer frente a la guerra en Ucrania, aunque también aprovechó para modificar la Ley 1/2021, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.

En otra ocasión, en plena pandemia, el Gobierno introdujo en el mismo texto la prórroga de la obligatoriedad de las mascarillas y la actualización de la paga extra de los pensionistas conforme al IPC. Muchos grupos parlamentarios, aun estando en contra de la prórroga de la obligatoriedad de las mascarillas, votaron a favor del Real Decreto-ley para garantizar que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo.