La mitad de la población española tiene aspiraciones de convertirse en funcionario público tras la primera toma de contacto con el mercado laboral, según datos de una encuesta realizada por el portal OpositaTest. Los resultados también revelan que casi siete millones de personas de entre 18 y 55 años han opositado alguna vez para conseguir un puesto de estas características. La administración pública cada vez tiene más trabajadores en la antesala del retiro, de hecho, el 21,9% de los empleados tiene 60 años o más, por lo que se jubilarán antes de 2027. El dato y las buenas condiciones laborales del sector hacen que esta opción resulte cada vez más atractiva para las nuevas generaciones.
Muchos españoles valoran la seguridad financiera y la mejor calidad de vida que ofrecen estos puestos. El sector gana todavía más adeptos si tenemos en cuenta que los salarios de los trabajadores de la administración pública subirán hasta un 2,5% en 2024. El Gobierno incluirá este aumento en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año. Las cuentas no se aprobarán hasta dentro de unas semanas, pero la medida tendrá efecto retroactivo y se aplicará desde el mes de enero. La nómina de los funcionarios subirá en un porcentaje fijo del 2%, que podría elevarse otro medio punto adicional en función de la evolución del IPC armonizado (IPCA).
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En España, tenemos más de 3,5 millones de empleados públicos. Las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria son algunos de los sectores que presumen de tener una plantilla más amplia. Las instituciones sanitarias también tienen un gran número de profesionales en nómina, igual que ocurre con la docencia —tanto universitaria como no universitaria—. La gran pregunta de muchos opositores y funcionarios es cuántos años tienen que cotizar para abandonar el mercado laboral y acceder a la correspondiente pensión. ¿Cuál es la edad de jubilación de los trabajadores públicos?

¿Cómo es la jubilación de los funcionarios en Europa?
La cuantía de la pensión de los funcionarios europeos depende de una serie de factores. La asignación máxima será el 70% del último sueldo base correspondiente al último grado en el que haya estado clasificado el trabajador, según recoge el Estatuto Básico del Empleado Público. El texto añade que “por cada año de servicio contabilizado, el trabajador tendrá derecho a recibir el 1,8% de ese último sueldo base”. De este modo, para recibir la cuantía máxima de la pensión, los trabajadores tienen que haber estado de servicio durante, al menos, 39 años.
Asimismo, la normativa establece un mínimo de diez años trabajados para tener derecho a la pensión de jubilación. El artículo 52 del Estatuto Básico del Empleado Público fija la edad de jubilación de los funcionarios europeos en los 65 años. España aplica esta regla, igual que hacen otros países como Austria, Luxemburgo, Polonia y Bélgica. Los trabajadores que lo soliciten podrán seguir en activo hasta los 67 años, siempre que las autoridades competentes lo considere oportuno. Por norma general, las capitales europeas aplican este límite, pero existen excepciones. En Alemania, Portugal y Países Bajos, los funcionarios trabajan hasta los 66 años. En Dinamarca y Grecia, la jubilación de los profesionales del sector no llega hasta los 67 años.
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