Feijóo recula en su plan de ilegalizar partidos y lo achaca a la “falta de pedagogía” de su portavoz Tellado

El presidente y varios barones del PP reconocen que faltó “pedagogía” para explicar la enmienda a la amnistía, y ahora el partido se abre a ceñirla a casos “muy agravados”

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Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. (Eduardo Parra/Europa Press)
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. (Eduardo Parra/Europa Press)

El Partido Popular reconoce que no ha estado acertado en su propuesta para disolver partidos que declaren la independencia o promuevan un referéndum. Fue la semana pasada cuando el portavoz del Congreso, Miguel Tellado, anunció que la enmienda a la totalidad del PP a la ley de amnistía iba a incorporar un texto alternativo con esta medida para castigar a los cargos públicos, autoridades o cualquier persona jurídica que promueva la “inobservancia de las leyes” a través de la tipificación de un nuevo delito de “deslealtad constitucional”. Una semana y varias críticas después, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado un paso atrás, abriéndose a discutir este asunto en el Congreso de los Diputados para ceñir esta disolución de partidos a casos “muy agravados”.

Aunque ha mantenido que desde 2012 se pueden condenar a personas jurídicas, o a una Administración, y que el PP pretende perseguir delitos y no ideas, ha reconocido que a su partido le ha faltado “pedagogía” a la hora de explicar esta medida, que requería de una explicación más “pormenorizada”, ha detallado en una entrevista en Onda Cero. Es una reflexión en la que también están de acuerdo varios barones populares. “No me parece mal”, sostiene uno de ellos, que aunque insiste en que la propuesta no tiene nada que ver con la ilegalización de partidos que plantea Vox, la forma de explicarla no era la más adecuada. “No está bien explicado”, asegurado otro presidente autonómico, que también insiste en que no se trata de “perseguir ideas”, y ahí es donde se tendría que haber puesto el foco.

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Fuentes de la Dirección Nacional del PP admiten que había capacidad para hacerlo mejor y que en la primera rueda de prensa donde se explicó este asunto por parte de Tellado, no se aclaró bien de qué trataba la propuesta de disolver partidos. Sin embargo, la enmienda a la totalidad con este texto alternativo llegará intacta al Congreso, y lo único que cambiará es que el PP se abre a que se pueda modificar alguno de sus puntos a través de enmiendas parciales. Es decir, que solo se discutirá la modificación de este punto para ilegalizar partidos si la enmienda a la totalidad se aprueba, para lo que, a día de hoy, no le dan los números al PP.

Feijóo se reafirma ante los barones

Este martes se ha reunido el Comité Ejecutivo del partido, compuesto de la Dirección Nacional y los barones territoriales, entre otros cargos como alcaldes y diputados y senadores. En su intervención ante todo el equipo, Feijóo ha hecho alusión a este asunto, asegurando que aquellos que se preocupan por el endurecimiento de esta normativa es porque están planeando cometerlo. “No entiendo que le moleste al PSOE”, ha argumentado Feijóo. “Del mismo modo que le digo a Sánchez que no me busque, le digo a mi país que sí nos busque si falla el Gobierno”, ha sentenciado.

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Sin embargo, tanto Feijóo como su equipo han reconocido que debían de haber explicado la medida de otra forma. Fue el pasado 3 de enero cuando lo hicieron, amparándose en un “calendario perverso” para aprobar la amnistía y en su tramitación exprés. El portavoz del PP, Miguel Tellado dijo que el texto que presentaría esa misma tarde su partido solo sería un “punto de partida” dentro de los planes de Feijóo para rearmar el Estado y revertir el daño que han hecho los independentistas y socialistas. En el texto de la enmienda, el PP plantea penas de prisión de uno a cinco años e inhabilitación de uno a cinco años para la autoridad, funcionario, diputado, senador o miembro de un parlamento autonómico que impulse un referéndum o una consulta ilegal. También pide castigar con prisión de cinco a diez años e inhabilitación de seis a doce años a cualquiera de los cargos anteriormente mencionados que declare la independencia de una parte del país o su integración en otro Estado.

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