España no será neutra en carbono en 2050 solo con mejoras tecnológicas: las medidas adicionales tendrán un coste social

La economía española ha logrado alcanzar niveles récord de PIB y de empleo con menos emisiones a la atmósfera que en 2008 debido, sobre todo, al impacto positivo de los avances tecnológicos. Sin embargo, alcanzar los objetivos marcados para las próximas décadas y completar la transición energética implicará esfuerzos adicionales. España se ha comprometido a conseguir una economía con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en el año 2050 y está muy lejos de la meta.

Según un estudio conjunto de BBVA Research y Fedea publicado este lunes, Transitioning to Net-Zero: Macroeconomic Implications and Welfare Assessment, los avances tecnológicos de las próximas décadas no serán suficientes ni siquiera en el escenario más optimista, por lo que harán falta medidas de mitigación adicionales y todas ellas supondrán un coste en el bienestar de la sociedad a corto plazo. No obstante, el impacto resultará positivo a largo plazo porque los daños de no actuar contra el calentamiento global serían mucho mayores tanto en términos económicos como sociales.

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Según el escenario base de la investigación, los avances tecnológicos lograrán hasta 2050 una reducción del 32,1% de las emisiones de carbono en comparación con 2019. Esto representa una contribución significativa al objetivo global de reducción del 70%, pero deja un 37,9% más de reducción por conseguir mediante políticas de mitigación.

En el escenario pesimista, un 54,6% de la reducción de emisiones depende de las políticas de mitigación, ya que los avances tecnológicos previstos en materia de descarbonización son insuficientes por sí solos para compensar las emisiones impulsadas por el crecimiento económico. E incluso en el escenario optimista, la reducción de emisiones por los avances tecnológicos llegaría al 45,8%, pero se necesitaría un descenso adicional del 24,2% para cumplir el objetivo.

La cuestión es qué implicaciones tienen en el crecimiento económico y en el bienestar social las necesarias medidas de mitigación y en qué consisten. El documento contempla tres tipos: ofrecer subsidios para invertir en energía limpia, subir el precio de los combustibles fósiles (gas, carbón y petróleo) —lo que supone de facto una penalización a su demanda—, o introducir impuestos a las emisiones.

De todas las políticas consideradas, el encarecimiento de los combustibles fósiles para desincentivar su uso conlleva “los mayores costes en términos de bienestar” tanto en la transición a 2050 como en el largo plazo. En el escenario central de proyección, esta política produciría una reducción de emisiones de más del 35%, pero también una pérdida acumulada de PIB de un 1% hasta 2050 y una caída del consumo y del indicador del “bienestar” del 1,2% y del 2,5%, respectivamente.

Por otro lado, los subsidios a la inversión verde requieren más tiempo para generar una reducción significativa en las emisiones en comparación con otras políticas, pero producen un aumento del PIB (hasta del 3% en 2050), del bienestar (2%) y del consumo (1%), el problema es su elevado coste presupuestario: 2,6 puntos porcentuales de PIB anuales para 2050.

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Por último, efectuar solo subidas de impuestos a las emisiones (hasta los 227 euros en 2050 por tonelada de carbono emitido) lograría la reducción necesaria para cumplir con el objetivo de neutralidad climática, al contrario que los anteriores escenarios. Sin embargo, terminaría derivando en grandes pérdidas de bienestar a muy largo plazo, más allá de 2050, si el resto del mundo no acompañara esta política de reducción de emisiones de España.

Por ello, los autores recomiendan compaginar los subsidios con más impuestos: “Reasignar ingresos de impuestos al carbono hacia subsidios a la inversión verde genera el efecto de bienestar más equilibrado entre el corto y largo plazo”, señalan. Esto es debido también a que los subsidios a la inversión verde son capaces de generar ganancias en el bienestar a muy largo plazo incluso sin una política de reducción de emisiones coordinada entre economías, factor clave para calcular el impacto de la transición.

El plan de energía del Gobierno (PNIEC), la hoja de ruta española para realizar la transición, ya reconoce que el impacto macroeconómico esperado de la misma (más empleo y más PIB) depende de que el resto de países del entorno implementen “políticas similares” y, confiando en esto, el Ejecutivo no calcula por el momento posibles efectos negativos.

El informe de Fedea y BBVA Research sí se plantea un escenario de políticas no coordinadas que provocaría, no solo un aumento de la temperatura global en 1,8 grados hasta 2050 y en más de 3,5 grados para 2200, sino también un notable descenso del bienestar y del consumo. Sin embargo, en un escenario coordinado donde la economía mundial redujera las emisiones en la misma proporción que la economía española en su transición hasta el objetivo de neutralidad, la temperatura se mantendría por debajo de 1,5 grados para 2050 y volvería a niveles casi preindustriales para el año 2200.

De esta manera, el estudio concluye que el impacto positivo en el bienestar de una política coordinada a nivel mundial “es muy evidente, aunque tarda varios decenios en materializarse”. A largo plazo, el bienestar promedio podría aumentar “en más del 50% en términos de consumo equivalente entre 2019 y 2200″.