Faltan menos de 48 horas para la primera gran prueba de fuerza del Gobierno en el Congreso. La convalidación de tres importantes decretos está en el aire al no tener garantizada la mayoría simple necesaria (más síes que noes), pero en el Ejecutivo creen que las tres normas con rango de ley saldrán previsiblemente adelante más allá del “perfil propio” que buscan algunos socios parlamentarios, como es el caso de Junts o Podemos.
Estos dos partidos y el PP han puesto sobre la mesa exigencias que el Gobierno se niega a incluir, aunque en el caso de los poscovergentes, el Ejecutivo de coalición se abre a negociar “otras materias que le puedan resultar de interés”, como avanzó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Ante las reticencias de los morados, las dos almas que lo forman, PSOE y Sumar, piden responsabilidad y altura de miras a los de Ione Belarra, ya que en caso decaer, se dejarán de prorrogar las medidas del último paquete contra la inflación y la reforma del subsidio de desempleo.
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Fuentes de Ferraz señalan que, hasta la fecha, con Junts solo se ha hablado de las cuestiones que afectan a los tres decretos: el último paquete de medidas contra la inflación, la reforma del subsidio de desempleo y una ley ómnibus que incluye medidas en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Precisamente, uno de los puntos de esta última norma, la “cuestión prejudicial europea” (la congelación de los procedimientos judiciales cuando se eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea), es el escollo por el que Junts avanzó su no a la convalidación de los tres decretos.
Ante la negativa a excluir este asunto del macrodecreto al ser una exigencia de la Unión Europea, desde la dirección nacional del partido se muestran dispuestos a abordar en el marco de esta negociación la posibilidad de introducir nuevas medidas. “Si quieren otras medidas, que las pongan encima de la mesa”, aluden estas fuentes sobre los independentistas.
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Si bien, otras fuentes de la Comisión Ejecutiva Federal acotan la negociación a “cosas del día a día”. “Ahora toca las cosas del comer”, apostillan estas voces, defendiendo la necesidad de separar esta negociación de las reuniones con los independentistas para buscar una solución al conflicto político con Cataluña. Por ende, hacen hincapié en ceñir las conversaciones al terreno estatal, en referencia a que no habrá contacto con el líder de Junts fugado de la justicia: “Son aquí [en España]”.
El Gobierno descarta retirar los decretos pese al riesgo a ser tumbados
Más allá del decreto que recoge el punto que disgusta a Junts porque puede “retrasar la aplicación de la amnistía”, los socialistas defienden la convalidación de las tres normas. El primero, por ser un requisito necesario para el desembolso de otros 10.000 millones de los fondos europeos, y los otros dos por permitir la prórroga de las medidas sociales para contener la inflación (la subvención al transporte público, la rebaja del IVA de los alimentos o la revalorización de las pensiones) y contemplar la reforma del subsidio por desempleo. “En Cataluña también hay jubilados y desempleados, y les afecta los millones que puedan llegar de Europa”, rematan estas fuentes.
Gran parte de la confianza del Gobierno de cara a la convalidación de los tres decretos radica en la importancia de su contenido. “Los partidos que no quieren apoyar tendrán que decirles que no quieren que se revaloricen las pensiones al 3,4%”, advirtió el secretario de Organización del PSOE y principal interlocutor socialista con Junts, Santos Cerdán.
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El diputado navarro confirmó que, a pesar del riesgo que corre la continuidad de las medidas, el Gobierno no retirará los decretos y los someterá a votación. Hasta el miércoles, el Ejecutivo de coalición mantiene abierta la negociación con Junts y el PP, aunque los populares ya advirtieron de que si finalmente el Gobierno no compra ninguna de sus propuestas, votarán no a los tres decretos. “El principal partido de España no socorrerá a Pedro Sánchez en caso de que sus socios le fallen”, sostienen fuentes de Génova. Por ello, el PSOE deposita sus esperanzas principalmente en Junts.
En cuanto a la advertencia de Podemos de votar en contra del decreto anticrisis y de la reforma del subsidio, los socialistas confían en la apuesta del partido de Belarra de “trabajar para que a los ciudadanos les vaya bien” para que se avengan a permitir la convalidación de estas medidas. Si bien, los morados también lanzaron este lunes un nuevo ultimátum: supeditaron su apoyo al decreto anticrisis a reducir el límite del incremento de precios de los alquileres al 2% y aplicar un tope a las subidas de los precios de los alimentos en las grandes superficies al 2%.
Esta amenaza se suma a la que afecta a la reforma del subsidio, impulsada por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, al criticar el “recorte en las pensiones de jubilación para mayores de 52 años”, una premisa que el Gobierno niega porque la cotización que existía para esta franja de edad “ha dejado de ser necesaria tras la subida del salario mínimo”.