El Gobierno se muestra ambiguo ante la exigencia de Junts de sancionar a las empresas que no regresen a Cataluña

El Gobierno ha evitado respaldar o rechazar la propuesta de Junts de sancionar a las empresas que salieron de Cataluña tras el 1-O y que ahora no quieran volver. Esta ha sido la última exigencia de los independentistas para apoyar los tres decretos anticrisis del Gobierno, pero ni la ministra portavoz, Pilar Alegría, ni el titular de Economía, Carlos Cuerpo, han aclarado la posición del Gobierno al respecto.

“Siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas”, ha coincidido ambos ministros, cuyo análisis han reiterado en las múltiples preguntas de los periodistas sobre la posición del Ejecutivo de cara a esta medida rechazada por el propio Govern de la Generalitat, ya que la propuesta habla además de dar incentivos a las empresas que regresen.

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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los tres integrantes del Gobierno que han intervenido (además de Alegría y Cuerpo, lo ha hecho el ministro de Agricultura, Luis Planas) se han esforzado en defender las bondades de los tres decretos que se someterán este miércoles a votación en el Senado y que todavía no tienen los apoyos necesarios garantizados (se necesita mayoría simple; más síes que noes). Por ende, han trasladado la presión a los diferentes grupos que han manifestado su rechazo más allá de Vox: PP, Junts y Podemos.

Se trata del último paquete de medidas contra la inflación, la reforma del subsidio de desempleo y una ley ómnibus que incluye medidas en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Precisamente, uno de los puntos de esta última norma, la “cuestión prejudicial europea” (la congelación de los procedimientos judiciales cuando se eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea), es el escollo por el que Junts avanzó su no a la convalidación de los tres decretos. Los independentistas, aunque reconocen que esta práctica es ya una realidad jurídica, temen que haga retrasar la aplicación de la ley de amnistía que se tramita en el Congreso.

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Podemos, por su parte, se mantiene en el no al decreto sobre el subsidio de desempleo por el “recorte de las cotizaciones” para los mayores de 52 años, y deja en el aire lo que hará con el referente al escudo social frente a la inflación si el Gobierno no negocia los cambios que exigen. Esto es, además de revertir este “retroceso” incluido en la reforma del subsidio de desempleo, los morados han supeditado su apoyo al paquete de medidas a reducir el límite del incremento de precios de los alquileres al 2% y aplicar un tope a las subidas de los precios de los alimentos en las grandes superficies al 2%.

Desde el Gobierno alegan que “hasta el rabo, todo es toro”, por lo que muestra “confianza absoluta” en la aprobación de las normas y no descarta recibir diferentes apoyos para cada una de las votaciones. Esto es, además de sus socios, no cierran la puerta a una posible abstención del PP a uno de los decretos, aunque los de Feijóo insisten en abstenerse siempre y cuando el Gobierno acepte sus propuestas de bajadas fiscales.

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“Se trata de las pensiones de los mayores, del transporte público que afecta a jóvenes y trabajadores, del IVA de los alimentos, de atraer 10.000 millones de euros de los fondos europeos. Por tanto, sería deseable por parte del PP que, si quiere trabajar en beneficio de los ciudadanos de este país, diera un comportamiento responsable y una actitud constructiva. Como la acotación es en el día de mañana, vamos a seguir hablando con todos los grupos parlamentarios”, ha subrayado Alegría.

En cuanto a la ambigüedad mostrada ante la última petición de Junts, en el Gobierno alegan “discreción” y “respeto a las negociaciones”. “El marco jurídico es fundamental y ahí es donde nos vamos a encontrar porque, para garantizar un favor de crecimiento y sostenibilidad, es clave el elemento de la confianza institucional”, ha ahondado Cuerpo en su primera rueda de prensa como ministro de Economía después de que asumiera el cargo el 29 de diciembre tras la marcha de Nadia Calviño al BEI.