Junts y el PP inauguran el primer mercadeo del año al poner condiciones para aprobar las medidas anticrisis del Gobierno

La calma navideña ha quedado atrás, y ahora es el ritmo frenético de la política española el que se abre paso durante esta segunda semana de enero. El Gobierno se enfrenta a su primera prueba del algodón de 2024 con la votación del decreto de medidas anticrisis, de cuya aprobación dependen 10.000 millones de euros de fondos europeos, o las rebajas del IVA de los alimentos y en el transporte público. Los socialistas necesitan una mayoría de apoyos que incluye a Junts o al PP en la ecuación, que tendrán que lograr antes del pleno de este miércoles en el Senado, puesto el que Congreso de los Diputados está cerrado por obras.

El Gobierno aprobó el decreto de medidas anticrisis, también conocido como ómnibus, en diciembre, pulsando el botón de la cuenta atrás de 30 días para que las Cortes lo convaliden. Pese a que aún tendrían todo el mes de enero para fijarla, la votación se producirá este miércoles. Por lo tanto, el Gobierno tiene menos de 3 días para lograr el apoyo de la Cámara para convalidar el decreto, que, de lograrlo, pasará por otra votación para que se tramite como proyecto de ley.

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Tanto Junts como el PP han manifestado su intención de tramitar el decreto como proyecto de ley con el fin de poder incorporar enmiendas (sin que en ningún caso sean a la totalidad y puedan ser devueltas). Y en ese punto es en el que se fijan ambos partidos, que ya incorporan condiciones para que el decreto anticrisis sea de nuevo una realidad. Se trata de una nueva prórroga de las medidas con el fin de extenderlas hasta el 30 de junio, y que en anteriores ocasiones (la última en verano) ya ha salido adelante, incluso con el voto a favor del Partido Popular.

Pero el contexto ha cambiado, cuando se convalidó el anterior decreto, el Gobierno estaba aún en funciones tras las elecciones del 23J, por lo que aún no había pactos cerrados entre el Gobierno y sus actuales socios de legislatura, y el PP, de hecho, cambió su habitual abstención en los últimos decretos por un sí por lo que las medidas anticrisis fueron convalidados por la Diputación Permanente del Congreso. Con el único rechazo de Vox y Ciudadanos, las medidas contaron con el aval del PSOE, PP, Unidas Podemos, PNV, ERC, Coalición Canaria, PRC y de Compromís.

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A pesar del pacto de investidura entre el Gobierno y Junts, el partido de Carles Puigdemont no ha hecho esperar su primer estrago, al avanzar su rechazo a los tres reales decretos que se votarán el miércoles. Argumentan que su negativa se debe a un punto concreto inserto en uno de ellos: el que incorpora medidas en materia de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y que afectaría a los fondos europeos. Ese real decreto, que aprobó el Gobierno el pasado 19 de diciembre, introduce el artículo 103, con modificaciones a la ley de enjuiciamiento civil, un movimiento que los independentistas temen que afecte a la aplicación de la ley de amnistía, debido a la reforma el artículo 43 bis de la ley, sobre la “cuestión prejudicial europea”.

Esta cuestión prejudicial es un mecanismo para la aplicación homogénea de las normas en el sistema europeo, y permite plantear al Tribunal de Justicia de la UE dudas sobre la interpretación del derecho de la UE sobre una norma, como puede ser la amnistía. Se trata de un mecanismo que Junts teme que suspenda las actuaciones de la ley hasta su resolución por parte del TJUE, lo que el partido de Puigdemont se niega a pasar por alto, y es que la mencionada “cuestión prejudicial” sería una especie de puerta de entrada de los tribunales europeos al debate local sobre la amnistía. Sin embargo, el Gobierno asegura que en la práctica no hay ningún cambio y que se trata de un “malentendido” porque esta cuestión lo único que hace es armonizar las legislaciones de España y Europa, sin ninguna intención oculta de paralizar la ley de amnistía. Pese a que, con la negativa de Junts, el decreto anticrisis está en el aire, fuentes socialistas sostienen que están hablando “con normalidad” con el partido de Puigdemont, y así lo seguirán haciendo.

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En cuanto al Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, no ha tardado en salir a exponer sus condiciones para convalidar este real decreto. Pone tres medidas sobre la mesa, pese a su apoyo sin enmiendas en la última prórroga, que se celebró justo después de las elecciones del 23J, y su abstención en las anteriores votaciones del decreto. Ahora que ya está oficialmente en la oposición y queda claro el precio a pagar por Sánchez al haber pactado con Junts su investidura, Feijóo aprovecha para tender su mano, aunque pidiendo algo a cambio: propone un pacto con la posibilidad de presentar enmiendas.

Una de ellas incorporará la rebaja del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros, otra se corresponde con una eterna exigencia de los populares, que es que la rebaja del IVA de los alimentos incluya la carne, el pescado y las conservas. Y la tercera cuestión que tendrían que aceptar los socialistas es mantener las rebajas de los impuestos al gas y a la electricidad. “No creo que sea mucho pedir, honradamente”, ha opinado el líder del PP.