El brote de gripe revela los primeros desencuentros entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad de Mónica García

La trifulca llegó a las primeras de cambio. El brote de gripe que durante la Navidad ha sorprendido a España ha sido el primer territorio de batalla de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y el Ministerio de Sanidad de Sumar, regido por Mónica García, anteriormente líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Los primeros pasos del nuevo equipo habían sido claros y firmes, en favor de la regulación de bebidas energéticas, por la universalización de la sanidad pública e incluso por reducir la presencia del tabaco en las calles, pero los contagios de gripe han servido en bandeja de plata furibundas críticas desde la prensa conservadora y algunos gobiernos autonómicos.

Los datos de contagiados de enfermedades respiratorias y gripe han sido más alto que otros años y el virus ha adelantado su presencia al menos un mes. El primer espacio para que las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad trabajaran unidas quedó yermo tras las primeras acusaciones y bulos lanzados desde el Partido Popular. Rafael Hernando, exportavoz del partido y aún diputado en el Congreso, aseguró que España atraviesa “una grave epidemia de gripe A y covid”, que “hay problemas de abastecimiento de mascarillas y test” y que “la ministra lleva diez días desaparecida”. Ninguna de estas afirmaciones es cierta, pero han servido para enfangar el debate público en torno a la gestión de García.

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El Ministerio de Sanidad no tomará medidas unilaterales durante este repunte de casos de gripe, aunque recomendó el uso de mascarilla si la situación lo requería y ha propuesto a todas las comunidades la implantación de la obligatoriedad del tapabocas en centros sanitarios y sociosanitarios, decisión tomada ya por Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Región de Murcia.

Hay muy pocas regiones que se hayan mostrado a favor del diálogo, tan solo Andalucía y Castilla-La Mancha han postergado sus decisiones a la reunión intercomunitaria; otras como País Vasco o la Comunidad de Madrid ya han dicho que no impondrán la mascarilla en estos espacios, una medida que los profesionales sanitarios recomiendan para estas fechas del año, una forma sencilla de frenar la transmisión de virus. La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, incluso criticó la convocatoria del Consejo Interterritorial de Sanidad para poner en común medidas y voces expertas de las distintas comunidades.

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En especial, la guerra se ha hecho desde la Comunidad de Madrid. Los hospitales de la región se han visto desbordados una vez más, aunque el Gobierno de Ayuso ha intentado generar una reacción contra el Ministerio de Mónica García, al que han acusado de no gestionar bien la crisis.

Sin embargo, Pedro Gullón, experto en Salud Pública, aseguraba estos días que de “poco vale llevarse las manos a la cabeza en mitad del pico de transmisión cuando llevas décadas destrozando el sistema sanitario, y pocas medidas estrellas vas a hacer cerca de las máximas transmisiones”. La Comunidad de Madrid es la región que menos euros invierte por paciente de toda España.

Actualmente, en España la tasa de gripe es de 438,3 casos por 100.000 habitantes, cifra que asciende a 952,9 al aglutinar todas las enfermedades respiratorias. Decretar la obligatoriedad de la mascarilla en toda España es una decisión que corresponde al Gobierno, que tendría que elaborar un Real Decreto que se aprobara en Consejo de Ministros. Fuentes del Ministerio de Sanidad han descartado por ahora esa medida a Infobae, pero mantienen que apoyarán a las comunidades autónomas que ejecuten esas medidas en sus territorios, propuesta que pueden llevar a cabo con excepciones y limitaciones.