Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) encaminada a la protección de los toros ha sido registrada esta semana para intentar, antes del final de la legislatura, sacar adelante la derogación de la Ley 18/2013, que declara patrimonio cultural de España a la Tauromaquia.
La propuesta, hecha por diferentes organizaciones contra el maltrato animal, entre las que destaca AnimaNaturalis, aspira a lograr en un plazo de nueve meses las 500.000 firmas necesarias para que se pueda llevar a cabo su tramitación en el Congreso de los Diputados. Ese sería el primer impulso para llevarse a cabo su derogación, dado que luego tendría que darse una mayoría de diputados a favor de la ley.
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Las actividades lúdicas con los toros cada ve tienen menos peso y aceptación en la sociedad española. El Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura refleja que las festividades taurinas en España se redujeron de 2.684 en 2009 a 1.425 en 2019 y solo el 8% de los españoles asistieron a alguna de estas festividades en el periodo 2018-2019. Cerca del 50% de la ciudadanía se muestra favorable a su prohibición o limitación.
Sumar llevó en su programa electoral la medida
La Tauromaquia está bajo el paraguas del Ministerio de Cultura, que durante esta legislatura es una de las carteras de Sumar, la formación de Yolanda Díaz. El partido que cogobierna en España llevaba en su programa electoral la derogación de la Ley 18/2013, aunque cualquier mención a la medida se perdió en el acuerdo de para la gobernabilidad que firmó con el PSOE.
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La declaración de la Tauromaquia como patrimonio cultural blinda esta actividad y le otorga una serie de privilegios. Los ayuntamientos de España gastan un total de 42 millones de euros en festejos con toros en 17.708 celebraciones con bovinos, una media que supone al menos unos 27 euros por español. La financiación con dinero público es una de las máximas que las organizaciones animalistas quieren abolir.
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“La realidad es que los espectáculos taurinos constituyen una excepción en el marco de la legislación de protección de los animales a nivel estatal y autonómico, por lo que no es pertinente seguir manteniendo dicha manifestación cultural como patrimonio cultural común”, arguye la ILP presentada. La propuesta, además de la derogación de la ley, también pide la reforma de otra, la ley para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, del que se pide la eliminación del párrafo once, donde se instiga a la protección de la Tauromaquia, así como dos disposiciones recogidas en la normativa.
Las organizaciones tienen nueve meses para reunir medio millón de firmas e iniciar los trámites parlamentarios. La ley que se quiere derogar fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque el PSOE y Pedro Sánchez siempre han mantenido un perfil bajo y alejado de posiciones contundentes en torno a la Tauromaquia. La sociedad civil pone sobre la mesa el debate, pero tendrá que ser el gobierno de coalición el que dé un paso al frente y se proponga acabar con la norma.