El PP ignora a la Unión Europea al obviar la malversación en su alternativa a la ley de amnistía

No hace tanto que el PP se echaba las manos a la cabeza por la rebaja del delito de malversación acometida por el Gobierno de Pedro Sánchez, hasta el punto de impulsar su propia normativa para incrementar las penas, respondiendo a la petición de la Comisión Europea para adaptar todos los delitos de corrupción para que la malversación sea castigada con penas de, como mínimo, un lustro. Pero la legislatura acabó con el adelanto electoral de Pedro Sánchez y la propuesta de los populares cayó en saco roto.

Este miércoles tenían una oportunidad que les venía como anillo al dedo para encajar esta propuesta: su enmienda a la totalidad contra la ley de amnistía, que debía incluir un texto alternativo. Lo sorprendente es que en ninguna de las 15 páginas del texto registrado por los populares en el Congreso de los Diputados aparece el ansiado incremento de las penas por malversación, pese a mencionar hasta en dos ocasiones este delito en la exposición de motivos. Por contra, el PP crea un nuevo delito, el de “deslealtad constitucional”, que ilegalizaría a los partidos políticos u organizaciones que atenten contra la unidad de España o promuevan la declaración de independencia de un territorio.

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Además, pide penas de prisión de cinco a diez años para los funcionarios, diputados, senadores o parlamentarios autonómicos que promuevan la falta de atención a las leyes o su incumplimiento, lo que acabe repercutiendo en la “unidad” de España, que declaren la independencia de algún territorio o propicien y realicen “actos” dirigidos a este fin. No se librarían de la prisión los “imprudentes”, que se enfrentarían hasta a tres años de cárcel e inhabilitación. Los cargos que convoquen o promuevan un referéndum o una consulta ilegal también podrían estar hasta cinco años en prisión. Y eso no es todo, ya que el PP también quiere castigar a los partidos u organizaciones que conspiren para lograr la independencia de un territorio.

La cuestión es que el PP ya votó en varias ocasiones (la última en noviembre) en contra de ilegalizar determinados partidos como Junts o ERC, que en 2017 se verían afectados por la propuesta que hoy ponen sobre la mesa los populares. Pero ahora respaldan su movimiento en un auto del Tribunal Supremo en el mes de febrero, tras la derogación del delito de sedición, en el que el Alto Tribunal advertía de que se dejaban impunes los procesos secesionistas en los que no hubiese violencia o intimidación. En cambio, quita hierro a sus intenciones de disolver determinados partidos, señalando que la responsabilidad penal de los mismos no es algo nuevo, sino que existe desde el 2012.

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Se refiere al artículo 33.7 b) del Código Penal, que indica que la pena de disolución de una persona jurídica será aplicable por la comisión de una infracción penal. Sin embargo, lo que pretende el PP de Alberto Núñez Feijóo es aplicar esta pena en casos concretos y dentro de un delito que sería el de “deslealtad constitucional”, que incluye la convocatoria de referendos y la declaración de independencia. También se trata de unas circunstancias ya previstas en el Código Penal desde el año 2003, que contempla penas de 3 a 5 años de cárcel para las autoridades que convoquen consultas populares. La controversia viene por el choque de la propuesta con el pluralismo político, uno de los valores superiores según el artículo 1 de la Constitución española, un extremo que también ha defendido el PP al rechazar las propuestas de ilegalizar partidos cuando era Vox el que las ponía sobre la mesa.

Pero lo realmente llamativo es que el PP no proponga aumentar las penas por malversación, una cuestión que llevaba en su programa electoral para las elecciones del 23J y que ha sido una de sus principales consignas políticas durante el pasado año. Y es que se trata de una cuestión que también reclama la Unión Europea, de hecho, es lo que la Comisión Europea alegaba para poner un ojo a la ley de amnistía española. Lo advirtió en varias ocasiones el comisario de Justicia, Didier Reynders, asegurando que la UE estará atenta a la evolución de la amnistía, “sobre todo si hay vínculos con la malversación o la apropiación de fondos públicos”.

Y es que Bruselas plantea, precisamente, reformar el delito de malversación para endurecer las penas, pero ni el PSOE, ni el PP parecen tomar cartas en el asunto, al menos en las oportunidades que han tenido hasta el momento, que no son pocas. El Partido Popular ya propuso modificar el Código Penal para incrementar las penas por malversación hace un año, pero, actualmente, y amnistía mediante, ya no se encuentra entre sus urgencias legislativas. En aquel momento, de hecho, Alberto Núñez Feijóo le pedía a Pedro Sánchez que “espabilase”, e incluso llegó a ofrecerle al PSOE un pacto para reformar cuanto antes el Código Penal para recuperar el delito de sedición —que tampoco aparece en la propuesta actual del PP, aunque lo engloba— y elevar las penas por malversación. “Si no lo hace conmigo, lo haré solo”, dijo en mayo de 2023 el presidente popular.