Hace ocho años, los cinco miembros de La Manada violaron en grupo a una joven durante las fiestas de San Fermín. La víctima no solo fue cuestionada, sino que también tuvo que lidiar con las acusaciones de la prensa, la calle y hasta los tribunales. La Audiencia de Navarra admitió un informe elaborado por un detective privado y pagado por uno de los acusados que indagaba en la vida de la víctima tras la violación. El juez Ricardo González le preguntó en reiteradas ocasiones durante el juicio si efectivamente había mostrado oposición y llegó a definir los hechos como un “jolgorio”. La escabechina no cesó y el director de La Tribuna de Cartagena, Josele Sánchez, llegó a publicar un artículo con el nombre, los apellidos, el DNI, la dirección y otros datos personales de la víctima.
El periodista murciano fue condenado por un delito contra la integridad moral en concurso con un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Ahora, el caso ha vuelto a cobrar protagonismo. Hace casi un año, Dani Alves entraba en prisión como presunto autor de un delito de agresión sexual en los baños de una discoteca. La joven que lo denunció también tuvo que soportar todo tipo de críticas, muchas procedentes del entorno del futbolista brasileño. En los últimos días, varias personas cercanas al exjugador del FC Barcelona, entre ellas su madre, han difundido un montaje para poner en duda la veracidad de las acusaciones de la víctima.
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“Quien confía en Dios ya no pierde la batalla”, reza la publicación de Lucía Alves, madre del futbolista. La mujer ha compartido un vídeo en el que no solo muestra imágenes privadas de la víctima, sino que también revela su identidad y la acusa de “querer fama” y “dinero”. El montaje recopila vídeos extraídos de sus redes sociales en los que la joven aparece de fiesta y con varias amigas. La difusión de estas imágenes es contraria a lo dispuesto en el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona, que dejó clara la prohibición de filtrar cualquier dato que pudiera identificar a la víctima.

La abogada de la joven, Ester García, ha confirmado que prepara una denuncia contra todas las personas que han difundido el vídeo. La letrada recuerda que la difusión de estas imágenes atenta contra la intimidad de la víctima y puede ser constitutiva de otros delitos. Además, García ha lamentado la avalancha de mensajes de odio y amenazas que ha tenido que recibir durante todo el día la denunciante. Lucía Alves, por su parte, insiste en pedir “justicia” y asegura que nadie va a “conseguir callarla”. Lo que posiblemente desconoce la madre del futbolista brasileño es que existen antecedentes que podrían ponerla en apuros.
La Fiscalía Provincial de Barcelona está estudiando la difusión de los vídeos y la información personal de la joven y no descarta abrir una investigación. El caso guarda similitudes con el acoso que tuvo que soportar la víctima de La Manada. Por aquel entonces, Josele Sánchez, director de La Tribuna de Cartagena, publicó un artículo bajo el título Yo no te creo en el que revelaba la identidad de la joven, dónde vivía y qué estudiaba. Todo ello cuando la Audiencia Provincial de Navarra había dictado un auto por el que se prohibía la divulgación y la publicación de cualquier información sobre la denunciante.
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La justicia falló entonces a favor de la víctima y condenó a tres años de cárcel al periodista, que además fue obligado a pagar una indemnización de 15.000 euros y está inhabilitado profesionalmente, al menos, durante el tiempo que dure la condena. La sentencia certifica que la denunciante “recibió numerosos mensajes anónimos a través de Internet, insultos y amenazas” que afectaron a su situación psicológica y le provocaron “ansiedad generalizada”. El juez también considera probado que la joven tuvo que “abandonar su lugar de residencia” y dejar sus estudios universitarios. La difusión de imágenes que permitan identificar a una víctima de violencia sexual puede acarrear sanciones económicas y hasta penas de prisión. Dani Alves, mientras tanto, permanece a la espera de un juicio que arrancará el próximo 5 de febrero en la Audiencia Provincial de Barcelona.
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