La alternativa a la amnistía que ha propuesto el Partido Popular ha generado bastante revuelo, y es que el texto plantea disolver partidos políticos y organizaciones que declaren la independencia y promuevan un referéndum no autorizado, así como penas de 5 a 10 años de cárcel para los responsables de las consultas ilegales. Los populares quieren tipificar un nuevo delito de “deslealtad constitucional” por el que se penaría “determinadas conductas” de cargos públicos, autoridades o a cualquier persona jurídica que atente contra la Constitución.
La reacción del Gobierno se ha hecho esperar, pero finalmente ha llegado de la mano de la ministra de Innovación, Industria y Universidades, Diana Morant, que ha pedido al PP más “política de altura” y “seriedad” porque, a su juicio, si hay un partido que está poniendo en peligro la constitucionalidad desde las instituciones es el de Alberto Núñez Feijóo, que tiene bloqueado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, ha advertido al PP: “Que no se arriesgue a tontear con el concepto de deslealtad constitucional, a ver si va a ser el primer condenado”.
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Morant también ha recordado que hace unos meses el responsable de Institucional del PP, Esteban González Pons, decía que Junts era un partido de tradición y de “indudable legalidad”, en el mismo momento en el que estaban “negociando” la Mesa del Congreso con ellos, tal y como desveló el diario La Vanguardia este miércoles. “Ayer descubrimos esa negociación que nos habían ocultado y lo primero que hacen es negarla; después la reducen a un café sin importancia y, a última hora del día, ya están pidiendo la ilegalización del partido”, ha plasmado la ministra.
Sumar también ha reaccionado a esta propuesta de los ‘populares’, que introdujeron como una alternativa dentro de su enmienda a la ley de amnistía. Para la portavoz del partido, Marta Lois, la disolución de los partidos alegando deslealtad constitucional choca con el pluralismo político, y ha considerado que estas formulaciones del PP son más propias de “regímenes autoritarios”. “No podemos ir en contra de lo que dice la Constitución, del derecho a la pluralidad y la libertad de expresión”, ha opinado Lois al respecto.
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El PP quita hierro al asunto
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, que fue el que anunció la enmienda a la ley de amnistía que contenía la disolución de los partidos y organizaciones, le ha quitado hierro a la misma a 24 horas de presentarla. “La responsabilidad penal de los partidos no es algo nuevo, figura desde el 2012″, ha alegado en alusión al artículo 33.7 b) del Código Penal, que habla sobre la disolución de las personas jurídicas, sin referirse a los supuestos que incorpora el PP de promover un referéndum o la declaración de independencia.
Además, se amparan en un auto de febrero de 2023 del Tribunal Supremo tras la derogación del delito de sedición, en el que advirtió de que la reforma dejaba impunes los procesos secesionistas que no vayan acompañados de actos de violencia o intimidación. Según el PP, el Supremo estaba alertando sobre la “desprotección” del Estado de Derecho, además del abaratamiento de la malversación. Por ello, defienden que su propuesta no es más que una respuesta a esa petición que, en ningún caso, “persigue a nadie por sus ideas, sino por sus actos si son delictivos”.
“Hay motivos suficientes para esta reforma”, defienden desde las filas populares, alegando que los socios de Sánchez no se han arrepentido de los hechos acontecidos en 2017 y, además, mostraron su voluntad de volver a hacerlo en sede parlamentaria. Según el PP, el 2024 podría ser el año en el que volviesen a convocar un referéndum en Cataluña, lo que justifica su propuesta para disolver a los partidos que así lo pretendan y penar con cárcel a las personas responsables.