La Lotería del Niño tocará a todos los españoles: Hacienda se embolsará 21,5 millones de euros

Los técnicos del Ministerio de Hacienda consideran “poco equitativa” la tributación de los premios de Loterías del Estado y piden que los autoricen a investigar los “premios sospechosos” para evitar el blanqueo de capitales

Compradores de lotería hacen cola en la famosa administración de 'Doña Manolita' en Madrid.

El sorteo del Niño que se celebra el próximo 6 de enero generará a Hacienda unos ingresos de 21,45 millones de euros estiman los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), siempre que se vendan todos los décimos del primer y segundo premio. Son casi dos millones más de los que se ingresaron en el sorteo celebrado el pasado año debido a que se han puesto a la venta cinco series más.

Este sorteo repartirá 770 millones de euros en premios, 70 millones más que en 2023, y, al igual que entonces, sólo tributan los dos primeros premios de 200.000 y 75.000 euros por décimo con el 20% de la parte que excede de 40.000 euros. De esta manera, los afortunados con el tercer premio recibirán los 25.000 euros íntegros.

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Los agraciados que compartan un décimo premiado de más de 40.000 euros tendrán que pagar a Hacienda la parte correspondiente a su participación, aunque ésta sea inferior a esa cifra, ya que “el gravamen se exige sobre la cuantía del premio que supere los 40.000 euros al décimo, siendo indiferente la parte del premio que reciba cada participación”, apuntan los técnicos de Hacienda.

También advierten a los premiados que hayan contratado un seguro de reintegro de los impuestos de la lotería que el cobro de la indemnización equivalente al impuesto retenido tributa como incremento de patrimonio a incluir en la declaración de la renta correspondiente a 2024, junto al resto de sus rendimientos sometidos a la escala general.

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Una tributación “poco equitativa”

Los técnicos de Hacienda afirman que el fisco podría recaudar 10.725.000 euros más en este sorteo si los premios se gravasen a partir del mínimo exento de 2.500 euros, que estuvo vigente entre 2013 y el 4 de julio de 2018, y sostienen que “no tiene sentido” no tributar por una ganancia de 40.000 euros de un juego de azar y sí por una prestación por desempleo o una subvención de 1.000 euros, por lo que han reiterado su petición al Gobierno para que “reponga el mínimo exento de los premios de Loterías estatal y autonómicas, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros”.

En este sentido, Gestha recuerda que los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los beneficiarios, quienes sólo añaden en su Declaración los rendimientos que se generen con el dinero conseguido, como los intereses bancarios.

Tampoco les afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí habría que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si se supera el mínimo autonómico para presentarlo. En cambio, las sociedades deben incluir el importe íntegro del premio entre los ingresos extraordinarios del ejercicio, y deducirán la retención del gravamen de loterías.

Investigación de los “premios sospechosos”

Asimismo, los miembros de Gestha califican de “paso decisivo” que la ley de prevención del fraude de julio de 2021 haya establecido la obligación de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE de informar mensualmente a la Agencia Tributaria de los premios pagados, identificando al perceptor y a su representante legal, la fecha de celebración del sorteo o apuesta, la fecha de pago del premio y la forma de pago.

No obstante, advierten de que los premios obtenidos por sociedades, fundaciones y asociaciones, principalmente con premios de la Lotería de Navidad, subieron en 2022 a los 153,7 millones, el segundo año más alto tras el máximo alcanzado en 2019. Por ello, insisten en “modificar la ley para evitar que las entidades en pérdidas o parcialmente exentas obtengan la devolución de la retención del gravamen del 20%”.

También reclaman que les autoricen a iniciar las investigaciones tributarias y por blanqueo de capitales de los 686,8 millones pagados a las entidades jurídicas por premios de más de 40.000 euros entre 2019 y 2022, no prescritos. Consideran que para acabar con el fraude fiscal, en lugar de ampliar las exenciones, “convendría aumentar las competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para mejorar el control y la recaudación”.

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