Los retos más urgentes del Gobierno en un 2024 agitado por las elecciones, la tramitación de la amnistía y el futuro de Puigdemont

En el balance del año político realizado por Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno esbozó las líneas maestras de la actuación de su gabinete para 2024. La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras cinco años de bloqueo, y avanzar en el problema de la vivienda, una de las principales preocupaciones de los españoles, se sitúan entre los retos más urgentes del nuevo Ejecutivo de coalición, que echó a andar en el último tramo de 2023.

Al calor de la Navidad, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo llegaron a varios acuerdos en su reunión en el Congreso para solventar cuestiones pendientes desde hace años: la tercera reforma de la Constitución en sus 45 años de vida y desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado cinco años por las reticencias de los populares.

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Mientras la primera cuestión se solventará previsiblemente en el mes de enero, después de que ambas formaciones presentaran en el Congreso la modificación del texto constitucional para eliminar el término “disminuidos”, el segundo asunto no tiene visos de que se solucione de manera inmediata, aunque se ha podido constatar un nuevo acercamiento en este sentido.

En su comparecencia en la Moncloa, Sánchez destacó la urgencia y necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces, un “imperativo” para los dos principales partidos en 2024 tras un lustro con el mandato caducado. El presidente del Gobierno se mostró “encantado” con la idea de que la Comisión Europea medie en las negociaciones a propuesta del líder popular.

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Pero las dudas se instalan sobre si este nuevo intento verá luz toda vez que, a lo largo de estos cinco años, el PP ha roto el acuerdo casi en el último momento hasta en tres ocasiones, dos con Pablo Casado y la última, en octubre de 2022, con Alberto Núñez Feijóo como presidente de los populares. “Si mil veces dice el PP que no, mil y una veces nosotros tenderemos la mano al Partido Popular”, prometió el secretario general del PSOE.

Una de las aristas que tendrán que desatascar el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y Esteban González Pons, responsable de Institucional del PP, es si la renovación del órgano de gobierno de los jueces debe ir aparejada con la reforma simultánea del sistema de elección de los jueces, algo que el Gobierno rechaza más allá de que no se niega a debatir “en paralelo” sobre un eventual cambio.

Por otro lado, la aprobación en mayo de 2023 de la primera ley estatal de vivienda puso la primera piedra para comenzar a dar solución a este problema que afecta especialmente a los jóvenes. Sánchez quiere hacer de la vivienda el quinto pilar del Estado del bienestar. De ahí la creación de un ministerio específico, en manos de Isabel Rodríguez.

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Además de usar en este periodo legislativo “todos los recursos del Estado” para habilitar las 184.000 viviendas públicas de alquiler asequible comprometidas durante la campaña de las elecciones municipales y autonómicas, la nueva titular de Vivienda quiere emprender un diálogo con los consejeros autonómicos para iniciar el despliegue de la normativa estatal, que se encontró con el rechazo frontal del PP.

Aunque los populares dominan 11 de las 17 autonomías, en Moncloa fían la aplicación de la norma a fijar los precios de las viviendas en alquiler en zonas declaradas tensionadas. En este sentido, está previsto que en enero se apruebe “el índice de precios de referencia que permitan identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres”, tal como apunta el acuerdo de coalición sellado por PSOE y Sumar.

Pero el desarrollo de estos retos, que afectan especialmente al PP, confluirá con el avance de otros polémicos desafíos en medio de un 2024 marcado por un nuevo ciclo electoral, con la llamada a las urnas prevista en Galicia, País Vasco y el Parlamento Europeo. La tramitación en el Congreso y el Senado de la ley de amnistía a los encausados por el procés espera culminarse en primavera, antes de las elecciones europeas de junio.

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Al margen de los esperados recursos y las dudas de inconstitucionalidad que puedan plantearse, el plazo de dos meses para la aplicación fijado en la norma depositará en Carles Puigdemont el principal foco, ya que el expresidente de la Generalitat fugado a Bélgica es uno de los potenciales beneficiados.

Por otro lado, aunque el presidente del Gobierno aún no tiene agendada una reunión con el líder de Junts, Sánchez afronta el 2024 con la tarea de profundizar en la normalización de las relaciones tanto con Carles Puigdemont como con el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Por eso, este nuevo año podría ser un antes y un después en la historia reciente del país, ya que Sánchez admite que se reunirá, no una sino “varias veces”, y se fotografiará con ambos dirigentes. La fecha está en el aire.