El misterio de la troqueladora de ETA que puede ayudar a resolver cinco años de atentados

El 4 de agosto de 2002, la banda terrorista ETA hizo estallar un coche bomba frente a la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante), provocando la muerte de una niña de seis años, Silvia Martínez Santiago, y de Cecilio Gallego, un viandante que esperaba el autobús en las inmediaciones. Por ese doble asesinato, la Audiencia Nacional mantiene como imputados a seis ex jefes de ETA: Juan Antonio Olarra, alias Jokin; Ainhoa Mujika, Olga; Mikel Albisu, Antza; María Soledad Iparragirre, Anboto; Ramón Sagarzazu, Ramontxo; y Félix Ignacio Esparza Luri, Navarro. La justicia reabrió la causa en marzo de 2022 tras admitir una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, que quiere que los dirigentes etarras sean juzgados como “autores mediatos por dominio” de los atentados cometidos por sus subordinados, es decir, como inductores intelectuales de los crímenes por ostentar el poder absoluto de la organización. En 2012, la Audiencia Nacional ya condenó a 843 años de cárcel a los dos autores materiales del atentado de Santa Pola: Óscar Celarain y Andoni Otegi.

El coche bomba que estalló en 2002 en Santa Pola llevaba una matrícula falsa que había sido realizada por una troqueladora que fue robada tres años antes, a finales de 1999, en una empresa de Eibar. En una providencia fechada el pasado 12 de diciembre, a la que ha tenido acceso Infobae España, el juez Manuel García Castellón cree que esa troqueladora puede ser la clave para esclarecer otros atentados de ETA. Por ello, solicita a la Guardia Civil que, dado que dicha máquina no fue incautada hasta el 31 de mayo de 2005 en Francia, elabore un informe de todas las posibles placas de matrícula “que fueron utilizadas por la organización terrorista ETA para cometer sus atentados o que fueron incautadas a miembros de ETA, desde el 20 de noviembre de 1999 que fue sustraída hasta el 31 de mayo de 2005″ que fue recuperada.

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El magistrado pide además (una diligencia solicitada también por Dignidad y Justicia como acusación popular), que se informe al juzgado si las autoridades francesas, que entregaron esa troqueladora a España en 2018, “realizaron los pertinentes informes periciales lofoscópicos, así como demás circunstancias relativas a la misma, que puedan conducir al esclarecimiento de los hechos”. Es decir, si hay informes sobre huellas dactilares que relacionen a la troqueladora y las matrículas que salieron de ella con determinados miembros de ETA. Para la asociación de víctimas la cuestión no es baladí, ya que está en juego poder esclarecer cinco años de atentado de ETA, muchos de ellos sin resolver.

Según Dignidad y Justicia, de esta troqueladora en cuestión salieron las placas de matrícula falsa que se usaron en los coches bomba que acabaron con las vidas del juez Francisco Querol Lombardero, de su chófer y de su escolta en octubre de 2000. También se usó en el atentado que mató al teniente coronel del Ejército de Tierra Pedro Antonio Blanco en enero de 2000. La asociación de víctimas está realizando una importante labor de documentación e investigación para poder esclarecer muchos atentados o, al menos, acusar a la cúpula de ETA de autores intelectuales de los mismos cuando no se ha logrado identificar a los autores materiales. Actualmente hay más de 300 crímenes de ETA sin resolver, concretamente 312, según el último libro escrito por los periodistas Florencio Domínguez y María Jiménez Ramos titulado ‘Sin Justicia’ (Espasa).

Esa troqueladora robada en Eibar en 1999 también fue utilizada para elaborar las matrículas que llevaban las furgonetas cargadas de explosivos interceptadas en la carretera N-II en Calatayud el 22 de diciembre de 1999; la del coche bomba desactivado en Málaga el 29 de septiembre de 2000, en las placas del vehículo utilizado en el asesinato de Luis Portero de la Torre en octubre de 2000 en Granada; en las placas relacionadas con el asesinato de Fernando Buesa Blanco el 22 de febrero de 2000; y en las usadas en el vehículo relacionado con el asesinato de José Luis Ruiz Casado en septiembre de 2000.

El Ministerio del Interior asegura que los crímenes de ETA de los que no se conoce autor o autores “son una preocupación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen instrucciones muy concretas de perseverar en la investigación de todos los atentados”. Tanto el Servicio de Información de la Guardia Civil como la Comisaría General de Información de Policía Nacional “realizan un esfuerzo específico en este campo, para poner a disposición de la justicia a los autores de los atentados, por muy antiguos que estos sean, para revisar los casos sin condena judicial, en la idea de poner en conocimiento de los jueces y tribunales la información disponible para su enjuiciamiento, e incluso para abrir nuevas líneas de investigación en los casos con más lagunas de información”.

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En una reciente respuesta parlamentaria, Interior asegura que en esta labor de investigación cuenta, desde febrero de 2018, con un importante volumen de documentos, armas y otros efectos, cedidos por las autoridades francesas. Se trata de los conocidos como “sellos de ETA”, que se componen de efectos y documentación recuperada en Francia en las operaciones antiterroristas realizadas en los últimos veinte años.

Esta documentación está siendo analizada e investigada bajo la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. “Ya se han analizado más de 200 armas de fuego”. Otro de los elementos que prueba el esfuerzo que se sigue realizando para el esclarecimiento de atentados es que, desde el año 2011 (cuando ETA declaró el cese definitivo de su actividad armada), han sido incautados un total de 35 zulos de armas y explosivos: 7 en España y 28 en Francia. “En un desglose general, se habrían intervenido 362 armas, 900 kilos de explosivos, 6.000 cartuchos de munición de diverso calibre, 130 cargadores para armas, diversas cantidades de sustancias químicas para la elaboración de explosivos, 3.100 detonadores, 1.000 placas de matrículas falsificadas, 3.100 metros de cordón detonante y demás componentes electrónicos”, explican desde Interior.