Legislatura clave en el empleo público: se jubila el 22% de la plantilla estatal y la Seguridad Social es la más envejecida

La generación del baby boom se jubila y supone un reto para las administraciones más allá de las pensiones. Los que entraron en la Administración General del Estado (AGE) en la década de los 80 comienzan a retirarse y el fenómeno que se intensificará en los próximos años. Según los datos del registro central de personal, el 21,9% de los empleados de la AGE tiene 60 o más años, lo que significa que terminarán de prestar sus servicios durante esta legislatura (si se completa). No obstante, el problema se acentúa a medio plazo: el 41,6% (la franja más numerosa) tiene ahora entre 50 y 59 y su retiro llegará en, como máximo, unos 17 años.

Los ministros que tomen las riendas de Función Pública, José Luis Escrivá por el momento, se enfrentarán a un complicado relevo generacional del personal público que, según los sindicatos, no termina de estar garantizado pese al récord de ofertas de empleo público (OEP) de los últimos años. De hecho, CCOO no firmó la OEP del verano de 2023, la última con plazas de nueva oferta y de reposición, por considerar que no supone un aumento suficiente para cubrir las bajas que se producen por jubilaciones, excedencias, fallecimientos y otras causas.

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Lo que evidencian por el momento los datos más completos, los de la EPA, es que el número de personas ocupadas en el empleo público es el más alto de la serie histórica, 3,52 millones en promedio en los tres primeros trimestres de 2023. Sin embargo, es complicado determinar si el número de plazas ofertadas en las últimas convocatorias garantiza o no la cobertura de las vacantes.

Según CCOO, el problema reside en que el Gobierno no les facilita el número oficial de bajas en la AGE cuando negocian las convocatorias y los datos públicos de edades para calcular las jubilaciones (los mencionados en este artículo) tienen carencias. “El número de efectivos cuya edad está disponible es inferior al número de efectivos total”, señalan los documentos.

Desde UGT detallan a Infobae España que del total de 53.501 plazas ofertadas en la AGE en 2020, 2021 y 2022, han sido convocadas 52.821 y cubiertas solo alrededor de 15.170 (el 28,4%), lo que evidencia la lentitud de los procesos. El sindicato reconoce que el esfuerzo de la administración ofertando plazas estos últimos años “se puede considerar satisfactorio”, pero que “dichas plazas no aseguran un relevo generacional a día de hoy”. Si se comparan las plazas ofertadas con los datos en abierto, los trabajadores públicos con 60 o más años son algo inferiores a las plazas, 42.413, pero esta cifra no está completa, por lo que no hay manera de conocer la cobertura real.

UGT afirma que todos los ámbitos de la AGE tienen falta de relevo, pero que es más urgente en la gestión de la Seguridad Social y en el SEPE por la atención a la ciudadanía que tienen encomendada y las nuevas competencias y prestaciones que se les han asignado desde la pandemia. Los datos publicados, referentes a julio de 2022, cifran en un 30,5% los trabajadores de la Seguridad Social que tienen 60 o más años y en un 80,4% los que tienen 50 o más, siendo este organismo el más envejecido de la AGE.

La sección sindical estatal de CCOO en la Seguridad Social reconoce que los 2.500 interinos que se han incorporado en los últimos meses tras el acuerdo con Escrivá en la pasada legislatura han mejorado la situación. Según sus datos actualizados de 2023, el cuerpo ha ganado trabajadores más jóvenes, por lo que el peso de los que tienen más de 50 años ha descendido hasta el 73,7%. Aun así, pide una oferta de empleo público extraordinaria y señala complicaciones para incorporar a tantas personas de golpe tras 12 años sin convocarse plazas: cada veterano “tiene que enseñar a unos siete de golpe y no puede estar haciendo su trabajo”.

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CSiF coincide en que las últimas incorporaciones “han recuperado temporalmente” a la Seguridad Social, pero “hace falta que las siguientes plazas se incorporen cuanto antes” porque el público demanda atención presencial y para ello se necesita más personal. CCOO calcula que desde que una convocatoria aparece en el BOE hasta que el personal toma posesión pasa por lo menos año y medio.

Al tomar los mandos de Función Pública, Escrivá tendrá que retomar las conversaciones con los sindicatos de su antigua casa y con los del resto de la AGE. Aunque algunos ya avisan: “El desarrollo tecnológico y las novedades en la gestión de los recursos humanos no van a solucionar el grave déficit de personal que padece hoy la Seguridad Social y que se agravará considerablemente en el tiempo”, considera CCOO.