Más de 52.000 migrantes llegaron de forma irregular a España en 2023, un año también récord en solicitudes de asilo

El 2023 ha sido un año récord en cuanto a llegadas irregulares de migrantes a España. Desde el 1 de enero y hasta el 15 de diciembre, un total de 52.945 personas han llegado al país por vía marítima y terrestre, lo que supone un 75% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando entraron 30.048 personas, según los últimos datos del Ministerio del Interior. La gran mayoría, 37.187, arribaron a las islas Canarias en un total de 561 embarcaciones precarias.

Estas cifras de llegadas al archipiélago canario, que superan a las registradas en la llamada “crisis de los cayucos” de 2006 cuando se contabilizaron 31.678, evidencian aún más “la necesidad de crear vías legales y seguras” para que las personas migrantes no arriesguen su vida lanzándose al mar en busca de nuevas oportunidades en territorio europeo, según reclaman las organizaciones humanitarias. De hecho, al menos 1.194 personas han fallecido este año en pateras y cayucos tratando de alcanzar las costas españolas por el Mediterráneo o Canarias, una cada siete horas, de acuerdo a los datos de la Organización de las Naciones Unidas para las Migraciones (OIM).

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“Los peligros que acompañan a este éxodo forzoso podrían reducirse habilitando vías legales y seguras”, indica a Infobae España el coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Canarias, Juan Carlos Lorenzo, que asegura que hasta que no se establezca un sistema sólido, “la gente se seguirá jugando la vida en el mar”. Muchos de los migrantes que están llegando en situación irregular a Canarias proceden de Senegal, país que atraviesa una grave crisis política y donde la sobrepesca industrial ha afectado los medios de subsistencia de jóvenes pescadores y comerciantes, si bien otras personas salen desde Marruecos, el Sáhara Occidental, Gambia y Mauritania.

El repunte migratorio en las islas Canarias hizo que la Secretaría de Estado de Migraciones aprobara en octubre la situación de emergencia para agilizar los procedimientos ante la presión que atravesaba el archipiélago, una herramienta que ya ha sido adoptada en otras ocasiones. “Se necesitaba un plan para dar respuesta a una realidad migratoria que había tensado el sistema y corría riesgo de colapso”, explica Lorenzo, de manera que se aceleró el traslado de migrantes adultos a la península y se amplió la capacidad de acogida tanto en Canarias como en diferentes puntos del país, habilitando hostales o campamentos de emergencia en terrenos militares.

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Pese a las medidas tomadas por el Gobierno, el repunte de llegadas también “generó fragilidad y una precarización en las garantías” de los derechos de las personas migrantes, advierten desde CEAR Canarias, pues “los triajes sanitarios se desarrollaban de manera incompleta y hubo muchas dificultades para que accedieran al derecho al asilo o para ser atendidos por un abogado en su lengua de origen”, especifica Lorenzo. “La sobredimensión de un sistema no puede llevar a precarizar las garantías y a obstaculizar los derechos de las personas migrantes o potenciales solicitantes de protección internacional”, sostiene.

Los traslados de migrantes realizados por el Gobierno a la península también generaron reacciones racistas y xenófobas, principalmente por parte de representantes del Partido Popular y Vox al vincular la inmigración con la inseguridad, pese a que en los municipios donde se les ha acogido no se han registrado altercados.

Por otro lado, tras la celebración esta semana de la Conferencia Sectorial de Migraciones, la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que frente al repunte migratorio de estos últimos meses en Canarias, “el sistema estatal ha demostrado que tiene una gran capacidad de reacción y una gran flexibilidad”, y aclaró que actualmente se atiende a casi 44.000 personas entre solicitantes de protección internacional temporal y personas bajo el programa de atención humanitaria.

La ministra también anunció una nueva reforma del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Extranjería para “simplificar trámites” y “mejorar la protección de los derechos de los migrantes” e indicó que la conferencia sectorial ha solicitado la creación de un grupo “específico” para abordar la situación de los menores migrantes no acompañados, pues Canarias tutela en estos momentos a un total de 4.461.

De hecho, el Gobierno de Canarias viene planteando la necesidad de introducir una modificación en la Ley del Menor y establecer un mecanismo de corresponsabilidad del que participen el resto de las comunidades autónomas, de forma que no recaiga solo en Canarias la tutela y atención de los niños y niñas no acompañados.

2023 también ha sido el año en el que, tras más de un lustro de intensas negociaciones, la Unión Europea logró cerrar el Pacto de Migración y Asilo, que pretende reformar la política común con un mayor control de las fronteras exteriores del bloque y ofrece a los gobiernos una ‘solidaridad a la carta’ que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado, entre otras medidas. El polémico acuerdo, firmado por la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo el pasado 20 de diciembre, no convence a las organizaciones humanitarias al considerar que “deja de lado los derechos de los migrantes” y que les generará “un mayor sufrimiento”.

A pesar de que el presidente Pedro Sánchez, así como el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, han defendido el pacto migratorio europeo al asegurar que va a permitir “mejorar la gestión” de las fronteras, sus socios en el Gobierno de coalición no opinan lo mismo. Así, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz cree que supone un “paso atrás sin precedentes” y que “abre las manos a la agenda de la extrema derecha en Europa”. “Hay pactos que a veces es mejor no suscribir”, indicó hace unos días, al tiempo que lamentó que se restrinja la ley del derecho de asilo y empeore la situación de las personas migrantes.

España también ha registrado este año la cifra más alta de solicitudes de asilo de su historia, ya que según indica CEAR, desde enero y hasta finales de noviembre se presentaron un total de 152.250. Y al igual que otros años las principales nacionalidades de estas solicitudes continuaron siendo de países latinoamericanos: personas que huían de la emergencia humanitaria en Venezuela, la violencia y el conflicto inacabado de Colombia, y violaciones de derechos humanos y persecuciones en Perú, Honduras o Cuba.