Los grupos parlamentarios del PP y el PSOE han registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa conjunta para reformar el artículo 49 de la Constitución que elimina el término “disminuidos”, sustituyéndolo por el de personas con discapacidad, como reclamaba este colectivo. Es un paso importante por el hecho en sí, pues desde hace años se considera el término que está presente en la Constitución de 1978 está en desuso, y también por el hecho de que los dos grandes partidos hayan podido llegar a un acuerdo. Aunque, como sea en este caso, de mínimos y en un campo en el que no existe fricción política.
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“[...] Resulta patente que la redacción original del artículo 49 de la Constitución Española de 1978, que plasmó el compromiso del constituyente con los derechos y libertades de las personas con discapacidad, precisa de una actualización en cuanto a su lenguaje y contenido, y para reflejar los valores que inspiran la protección de este colectivo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional”, establece la proposición incluida en el registro del Congreso.
“Resulta necesario proceder a la reforma del artículo 49 de la Constitución de manera que este precepto vuelva a ser referencia para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España”.
El nuevo artículo 49 quedará así.
- Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
- Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
Los dos partidos mayoritarios han cumplido así el plazo que fijaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para registrar esta iniciativa antes de que finalizase el año, con el objetivo de que quede aprobada en el mes de enero.
El ministro de Presencia y Justicia, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, han sido los encargados de negociar una reforma que se tramitará por la vía de urgencia y en lectura única para que sea tomada en consideración y votada en un pleno monográfico en enero.
Las otras reformas
Aunque sea un cambio semántico, es algo importante dentro de la historia de la Constitución, que a diferencia de lo que ocurre en otros países es un texto muy rígido que ha sufrido poquísimas modificaciones. La primera de ellas de calado fue en 1992, cuando tras la entrada en vigor del Tratado de Maastrich hubo que adecuar el texto para validar el voto de los ciudadanos europeos residentes en el país.
La segunda en 2011, en plena crisis económica, una reforma por la que se estableció que la deuda pública era la prioritaria en el pago de la Administración, en un intento de lograr una estabilidad presupuestaria. Aquella modificación, llevada a cabo en el gobierno de Zapatero, fue muy criticada desde los partidos minoritarios, pero se llevó a cabo sin problema porque tanto el PSOE como el PP, como ocurre ahora, tenían una aplastante mayoría que permitía dar ese paso y ambos estaban de acuerdo en la conveniencia de llevar a cabo aquella modificación.