El gobierno ha comunicado que extenderá y ampliará las medidas adoptadas previamente para asistir a los ciudadanos en el pago de las hipotecas para el año 2024, con la finalidad de contrarrestar las dificultades ocasionadas por el incremento de los tipos de interés. Estas acciones, dirigidas a prevenir el impago en la población vulnerable, fueron consideradas insuficientes por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) al momento de su implementación a finales de 2022. La realidad confirmó esta perspectiva, pues hasta septiembre de 2023, se recibieron solo unas 55.000 solicitudes, resolviéndose aproximadamente el 40% de ellas con rechazo, en su mayoría por no cumplir con los estrictos requisitos.
Atendiendo a esta situación y alineándose con algunas de las sugerencias de OCU, el Ejecutivo ha resuelto en primer lugar que se incremente el umbral de ingresos máximo permitido para ser elegible para aplicar al Código de Buenas Prácticas. El límite se eleva de 29.400 euros anuales a 37.800 euros (4,5 veces el IPREM), de esta forma, la medida llegará a un mayor número de familias consideradas “en riesgo de vulnerabilidad”, las cuales podrán acceder a protocolos de ayuda como la congelación del tipo de interés y, por tanto, de la cuota por un lapso de 12 meses, y la posibilidad de extender el plazo de amortización hasta siete años.
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En segundo lugar, durante 2024, se mantendrá suspendida la exigencia de comisiones por amortización anticipada, total o parcial, de hipotecas a tipo variable. Esta medida ha sido un reclamo constante de la OCU. Por último, se elimina, para el próximo año, la comisión en procesos de subrogación que impliquen el cambio de una hipoteca con interés variable a una con interés fijo o a una hipoteca a tipo mixto, favoreciendo así la adaptabilidad de los consumidores a las fluctuaciones del mercado.
Estas iniciativas han sido bien recibidas por la OCU, pero la entidad las considera aún insuficientes, argumentando que las ventajas establecidas no deberían limitarse a ingresos específicos, ya que no implican la condonación de la deuda, sino simplemente una prórroga en el tiempo de pago.
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La realidad para aquellos consumidores que no se beneficien de estas medidas es que deberán enfrentar negociaciones individuales con las entidades financieras, con el riesgo que conlleva la posibilidad de prácticas abusivas ante la vulnerabilidad del cliente. Estos abusos pueden traducirse en la imposición de gastos adicionales, nuevas comisiones o garantías injustificadas, así como la obligación de contratar otros productos financieros.
Qué hacer si estas en búsqueda de un préstamo hipotecario
Por otro lado, OCU aconseja a quienes no se encuentran en la condición de vulnerabilidad, pero que están en la búsqueda de un préstamo hipotecario o desean modificar su hipoteca actual para mejorar las condiciones, explorar opciones disponibles a través de su comparador. Con esto en mente, la decisión del gobierno representa un paso adelante en la protección de los consumidores hipotecarios, aunque queda espacio para una mayor inclusividad y efectividad en las políticas de apoyo.