El subsidio para mayores de 52 años en España, reconocido por su contribución a la cotización para la pensión de jubilación y su duración indefinida hasta encontrar empleo o alcanzar la edad legal de jubilación, enfrenta alteraciones significativas para 2024. Bajo el nuevo marco del Real Decreto-ley 7/2023, que entra en vigencia en junio de 2024, el Gobierno ha dispuesto una serie de cambios tanto en la gestión como en los requisitos de este subsidio.
Si bien el monto básico del subsidio no sufre variación, manteniéndose en un 80% del IPREM, que actualmente es de 480 euros mensuales, las regulaciones sobre la compatibilidad del subsidio con el trabajo asalariado han sido modificadas, permitiendo ahora recibir un complemento por un máximo de 180 días en caso de iniciar una actividad laboral.
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Este subsidio es uno de los tres que seguirán gestionando a partir de 2024, mientras que el resto de las ayudas económicas serán unificadas o eliminadas en virtud de la simplificación administrativa. No obstante, una de las repercusiones adversas más notables de estas reformas incide en las cotizaciones para la pensión de jubilación. A partir de la entrada en vigor del nuevo decreto, las cotizaciones ya no se efectuarán al 125% de la base mínima, sino que se graduarán desde un 120% en 2024 hasta un 105% en 2027.
Para estar habilitado a solicitar el subsidio para mayores de 52 años, es imperativo estar en paro legalmente y no tener derecho a otro tipo de paro, con cotizaciones por desempleo de entre 90 y 359 días. Además, es necesario inscribirse como demandante de empleo y no rechazar ofertas laborales o programas de formación durante el mes antes de la solicitud. Otros criterios abarcan el límite de edad de 52 años, cotizaciones mínimas para la pensión contributiva y un compromiso de actividad. También es crucial no superar unos ingresos que representen el 75% del salario mínimo interprofesional, lo que en 2024 equivale a 810 euros al mes.
¿Cómo solicitarlo?
Aquellos interesados en acceder a este subsidio deben realizar la solicitud a través de las oficinas de empleo, los registros públicos o la plataforma en línea del SEPE, proporcionando toda la documentación necesaria para la evaluación y aprobación de la ayuda. La contribución del Gobierno a través de este subsidio es depositada entre los días 10 y 15 de cada mes, directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.
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Aferrarse a este subsidio conlleva obligaciones y procedimientos que el beneficiario debe cumplir, como la presentación anual de una declaración de renta para justificar sus ingresos. La falta de cumplimiento de estas obligaciones puede desencadenar sanciones, que van desde la suspensión temporal hasta la pérdida total del subsidio, dependiendo del número de infracciones cometidas en un periodo de 365 días.
Mientras estas modificaciones pueden ser motivo de preocupación para algunos, también se revelan como una oportunidad, pues la posibilidad de trabajar mientras se recibe el subsidio y generar un complemento es un incentivo para reincorporarse al mercado laboral. Con estos ajustes, el Gobierno busca equilibrar la asistencia a los desempleados de más edad con las medidas que incentiven su retorno al trabajo. Estas revisiones al subsidio para mayores de 52 años reflejan la continua evolución de las políticas de bienestar social en respuesta a las cambiantes necesidades económicas y demográficas del país.