España dirá adiós a la energía nuclear pero recibe críticas por el plan para los residuos radiactivos: “Resulta inaceptable”

La Cumbre del Clima y el jeque petrolero que fue su presidente en la COP28 llamaban a usar la energía nuclear como herramienta de transición ecológica, pero España no será partícipe de esas estrategias. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) de Teresa Ribera ha anunciado esta semana la aprobación del Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, una cuenta pendiente desde 2015, pero que vuelve a ratificar el fin de la energía nuclear a lo largo y ancho del país.

La fecha final para las centrales nucleares, que ya fue reflejada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), se vuelve a fijar para 2035, año en el que dejarán de funcionar todos los reactores del país, para comenzar así su desmantelamiento. La producción de energía eléctrica en España cada vez tendrá menos presencia de la energía nuclear, a pesar de los discursos y posiciones que intentan ver en ella una energía útil para la transición hacia un mundo sin combustibles fósiles, postura descartada por toda la corriente ecologista.

Te puede interesar: Francisco Matorras, el científico más citado de España: “El negacionismo pone en duda cosas que aprendes en el colegio”

Este Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) establece la política del Gobierno en materia de gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y del desmantelamiento y la clausura de las instalaciones nucleares. Entre otras cosas, aclara que el desmantelamiento de las centrales nucleares comenzará a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I (parada desde 1989 por un accidente grave), cuya última fase se ejecutará a partir de 2030.

El plan, que está tasado en más de 20.000 millones de euros, ratifica que la importancia del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba), donde se guardarán residuos de media, baja y muy baja actividad hasta completar el desmantelamiento de las centrales, además de las actuaciones para ampliar la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) para el combustible gastado en las centrales nucleares, así como la puesta en marcha de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares, para el combustible gastado y los residuos de alta actividad hasta su traslado al almacenamiento definitivo. Además, se descarta el plan del Almacén Temporal Centralizado (ATC) que iba a ubicarse en Villar de Cañas, pueblo de Cuenca, al que se trasladarían miles de restos por carretera para guardarlos ahí hasta llevarlos a un depósito definitivo.

Te puede interesar: Las familias que salieron de Nicaragua y acabaron en un pueblo de Valladolid: “Huimos de la represión de Ortega y aún no podemos volver”

El almacenamiento definitivo del combustible gastado y los residuos de alta actividad se llevarán a cabo en un Almacén Geológico Profundo (AGP), que es la solución técnica que ya estaba contemplada por el Gobierno en el anterior PGRR. De este modo, el desmantelamiento de la energía nuclear, junto al incremento de la eólica y la solar, tanto fotovoltaica como la termoeléctrica, cambiarán el rumbo de la potencia eléctrica en España.

Sin embargo, las críticas han llegado desde otros espacios. El Movimiento Ibérico Nuclear ha catalogado como “hito imprescindible” el acuerdo, pero a la vez ha sido muy negativo con el plan de almacenamiento definitivo, que se alarga hasta el año 2073. “Resulta inaceptable, se tardará casi 40 años en dar una solución a los residuos nucleares de alta actividad, permaneciendo hasta entonces en el entorno de las centrales nucleares, manteniendo e incrementando el riesgo nuclear”, aseguran. La organización valora la decisión y dice que “equivale a dejar la basura radiactiva a las puertas de las centrales durante más de 40 años”.

El MIA insiste en que es prioritario que se avance, agilice y adelante una solución definitiva, comenzando por exigir transparencia a la empresa pública para la gestión de los residuos nucleares (ENRESA), quien debe de informar a la sociedad de los conocimientos de que disponga, de los detalles de las estimaciones de coste que se dan en el séptimo plan y de cómo se espera financiarlos. “La incapacidad de los anteriores gobiernos de abordar una gestión adecuada de los residuos nucleares está provocando una mala y peligrosa gestión de los mismos”, denuncian.

Otro de los vacíos criticados por el Movimiento Ibérico Nuclear es que no se aclara qué hacer cuando un contenedor almacenado en el entorno de la central sufra problemas que eleven sus emisiones radiactivas, puesto que en esas situaciones sería necesaria la intervención humana en unas instalaciones adecuadas. “El plan da una indicación vaga al respecto: se trasladarían al lugar que tenga esas instalaciones y es inaceptable que se recorran las carreteras del país con material de alto nivel de radiactividad en condiciones inseguras. Consideramos que cada lugar de almacenamiento debe ser capaz de afrontar una situación de ese tipo”, zanjan sobre la cuestión.