Las dificultades para gestionar las cuantiosas partidas de los fondos Next Generation asociados al Plan de Recuperación no se dan solo en las administraciones públicas, sino también en los procesos de absorción de las propias empresas privadas. Así lo pone de manifiesto el octavo decreto de medidas contra la inflación, que incluye la ampliación de los plazos de ejecución de las ayudas destinadas a electrificar la automoción y a renovar el turismo ante las complicaciones que se han dado para su implementación.
En concreto, se amplía 30 meses, un año más de lo previsto inicialmente, el plazo para ejecutar las ayudas de la convocatoria de 2022 destinadas a la cadena industrial del vehículo eléctrico, por lo que podrán gastarse hasta junio de 2026. Estas actuaciones están incluidas en el PERTE Vec, para el que, según justifica el Gobierno, se establecieron “premisas muy exigentes” en el alcance de los proyectos y en la modalidad de beneficiarios. Son precisamente estos los que tendrán que solicitar expresamente la ampliación del plazo si consideran que no llegan a realizar las inversiones en el tiempo previsto.
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El Gobierno detalla que en la ejecución real de las inversiones en la industria de la automoción, por un importe máximo de 2.975 millones de euros, “han aflorado diversas problemáticas”. Estas se derivan tanto de cuellos de botella de la cadena de valor (esencialmente en el ámbito de las baterías), como de cambios en las especificaciones técnicas de productos y procesos de manufactura al tratarse de un sector emergente.
También reconoce que genera una “mayor complejidad en la realización de las inversiones” el hecho de que los beneficiarios de las subvenciones y préstamos sean, por exigencia del Gobierno, agrupaciones creadas especialmente para el proyecto, ya que implica una mayor lentitud en la toma de decisiones en comparación con un beneficiario individual. El decreto establece tres causas en las que justificar la solicitud de prórroga del plazo por parte de los beneficiarios: causas sobrevenidas; incorporación de avances técnicos recientes o fuerza mayor.
Según la lista de 100 mayores beneficiarios de los fondos UE publicada por el Ministerio de Economía hace unas semanas, las empresas del sector del automóvil están entre los primeros puestos: Power Holdco ha recibido 97,5 millones; Mercedes-Benz 55,2 millones, Stellantis 29 millones; Seat 3,4 millones, y Volkswagen Navarra 5,8 millones. En general, hay en marcha 15 proyectos de producción de baterías y 10 proyectos tractores del vehículo eléctrico y conectado, según el IV informe de ejecución.
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El decreto también aprueba la ampliación hasta el 30 de septiembre de 2024 de la ejecución de cuatro ayudas destinadas al sector turístico para renovarlo en distintos aspectos: proyectos de I+D; transformación digital y modernización del Camino de Santiago; desarrollo de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes y digitalización de “última milla” en empresas del sector turístico.
La justificación de esta decisión es que la variedad de actuaciones a financiar ha supuesto “un reto de gestión y análisis de los proyectos propuestos en cada convocatoria” que han hecho que los plazos previstos inicialmente para la ejecución fueran “insuficientes”. Un proceso de análisis que está realizado por la empresa pública SEGITTUR, encargada de la evaluación técnica de los proyectos que presentan las empresas. Estas ayudas se enmarcan en el componente 14 del Plan de Recuperación de modernización y competitividad del sector turístico, que tiene un importe de 3.400 millones de euros.
Más ampliaciones de plazos y el límite de 2026
El problema de que se retrase la ejecución de las inversiones de los fondos asociados al Plan de Recuperación es que se corre el riesgo de incumplir lo comprometido con Bruselas y eso conllevaría recorte de fondos. Así lo detalla el propio decreto, siendo esta la principal razón en la que se argumenta la “urgente necesidad” de aprobar las prórrogas vía decreto-ley.
“La ampliación de los plazos de ejecución de las ayudas (...) resulta imprescindible para garantizar la debida ejecución de los proyectos, puesto que una demora puede poner en riesgo el cumplimiento de hitos y objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, reconoce el texto. Si esto sucediera, la Comisión Europea establece que podrá aplicar una “deducción significativa” por cada hito u objetivo incumplido en los pagos preestablecidos (España ha solicitado hace unos días el cuarto pago).
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No obstante, las ayudas a la industria automovilística y al turismo no son las primeras actuaciones para las que se amplía el plazo de ejecución. España consiguió en su negociación con la Comisión de la adenda introducir un total de 52 cambios, entre los que se encuentran, por ejemplo, la ampliación durante un año más del hito de la rehabilitación energética de viviendas, entre muchos otros. Más países de la UE se han encontrado con problemas de ejecución similares a los españoles y también han introducido ampliaciones de ejecución en sus respectivas adendas.
Aunque Bruselas ha aceptado márgenes más dilatados para algunas inversiones, el límite del año 2026 apremia debido a que no hay posibilidad de desembolsos adicionales basados en deuda más allá del fin de esa fecha. Para esquivar esta barrera, España ha pactado con la Comisión una fórmula para que ciertas inversiones se puedan ejecutar más tarde transfiriendo los fondos de ciertas inversiones de gran magnitud (como el hidrógeno) a través de agencias estatales.