El Gobierno aprueba más plazas para interinos, pero la temporalidad del empleo público aún triplica el objetivo del 8%

El elevado número de empleados públicos con contratos temporales respecto del total (tasa de temporalidad) es uno de los problemas que el Gobierno comprometió solucionar a través del Plan de Recuperación y que se tradujo en una ley aprobada a finales de diciembre de 2021. No obstante, tras dos años de vigencia de la norma y récords en convocatorias de plazas, la tasa continúa en niveles muy lejanos al 8% fijado para el conjunto de las administraciones públicas. A esto se suma que queda tan solo un año (2024) para terminar de ejecutar los procesos de estabilización.

Según los últimos datos de la EPA, del tercer trimestre de 2023, la tasa de temporalidad en el empleo público asciende al 29,8%, solo 2,7 puntos menos que en el primer trimestre de 2022, cuando entró en vigor la ley. La temporalidad se disparó durante la pandemia por la necesidad de contratar personal en los servicios básicos (sobre todo la sanidad) y la cifra actual todavía está por encima de las tasas de temporalidad anteriores a 2020. Teniendo en cuenta esta evolución y el objetivo, las administraciones públicas tendrán que dar un acelerón en 2024 para intentar cumplir el objetivo.

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El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este miércoles 884 plazas correspondientes a la tasa adicional de estabilización de empleo temporal para la Administración General del Estado (AGE), pero este nivel de la administración ya cumplía con la ratio de temporalidad cuando se aprobó la ley. El mayor problema se da, por tanto, en las autonomías y las entidades locales, que son las competentes en convocar sus propios procesos de estabilización. La oferta aprobada este miércoles cuenta con el visto bueno de UGT y de CCOO, según el Ministerio de Hacienda, y va fundamentalmente dirigida a funcionarios de la AGE.

Hasta junio de 2023 se habían estabilizado a 125.961 interinos en una plaza fija, según Hacienda, por lo que consideran que se logrará estabilizar a más de 300.000 interinos antes de que finalice 2024. No obstante, UGT traslada a Infobae España que un tanto por ciento muy elevado de ellos tienen que superar su proceso tanto en las convocatorias por parte de las CCAA como en los ayuntamientos, por lo que “es bastante aventurado establecer un plazo para su finalización”. El sindicato sí ve más factible que la AGE resuelva sus procesos de estabilización a tiempo y pueda cumplir el plazo.

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El aumento de la tasa de temporalidad en los últimos años se debe, más allá de la pandemia, a que las tasas de reposición se redujeron drásticamente en algunos de los Presupuestos Generales del Estado posteriores a la crisis económica de 2008. Muchas de las contrataciones que se efectuaron cuando la economía mejoró se hicieron a través de contratos temporales, lo que incide especialmente en las autonomías porque son las que gestionan la sanidad y la educación públicas, ambas intensivas en empleo.

Esto ha llevado a que la mayoría de los empleados públicos con relación laboral temporal desconozcan cuanto va a durar su contrato, aunque será más de un mes (el 46,5% según la EPA) y a que otro porcentaje relevante señale que durará entre uno y tres años (el 25,8%), un periodo elevado tratándose de un contrato temporal.

Desde CCOO señalan que los procesos de estabilización con más lentitud en la resolución son los del sector sanitario. Según las cifras del sindicato, solo se habían incorporado en torno a 41.000 personas hasta junio de 2023 de las, aproximadamente, 171.000 plazas convocadas en el Sistema Nacional de Salud. Esto supone que solo se habían estabilizado en la sanidad pública el 24% de los puestos.

A falta de datos públicos sobre la temporalidad de cada sector de la administración, la EPA refleja qué comunidades tienen peor situación en cuanto a temporalidad de su empleo público. Destacan, con datos del tercer trimestre País Vasco (46,9%), Asturias (41,6%), Extremadura (39,2%) y Castilla-La Mancha (34,9%), aunque ninguna región marca una ratio de temporalidad menor del 20% (Madrid es la que más se acerca con un 20,6%). No obstante, UGT señala que tanto las autonomías como los ayuntamientos están convocando un número notable de procesos de estabilización, pero los procesos de resolución y adjudicación son lentos.

Estos datos del empleo público contrastan con la caída de la temporalidad contractual en el empleo privado tras la reforma laboral de 2022. Según la EPA, la temporalidad de los asalariados en el sector privado se situó en el 14,2% en el tercer trimestre, 9,7 puntos menos que en el último periodo antes de la reforma (tres últimos meses de 2021). Aunque tener un contrato indefinido en el sector privado no es sinónimo de tener una relación laboral estable.