El Gobierno prorroga el impuesto a las energéticas con deducciones a las inversiones y ya asume que se convierta en permanente

El Gobierno ha prorrogado los impuestos extraordinarios a los beneficios de bancos y energéticas para todo 2024. En el caso de las energéticas, se producen ciertas modificaciones: las compañías podrán deducirse las inversiones que aceleren la transición ecológica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que este gravamen se revisará a lo largo de este año con el objetivo de que, con ciertas modificaciones, se convierta en permanente. Por su parte, el impuesto a la banca se mantiene intacto.

Este asunto ha sido el gran escollo de la negociación entre PSOE y Sumar para la prórroga del paquete de medidas frente a la crisis. “En el caso del gravamen energético, vamos a introducir modificaciones en la Ley General de Presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y vinculadas también con la descarbonización del sistema productivo de nuestro país” ha sentenciado Pedro Sánchez.

Te puede interesar: El Gobierno mantendrá las rebajas del abono de transporte durante 2024, pero aumenta al 10% el IVA de la luz

Pero sin duda, donde Yolanda Díaz se ha anotado un tanto es con la duración de este impuesto. Y es que, según ha detallado Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno se compromete a la revisión en el año 2024 de una figura tributaria que pasará ya a contar con un carácter permanente. “Este impuesto fue diseñado con una pervivencia de dos años y vencería el 31 de diciembre de este año y lo que hemos hecho es garantizar su pervivencia a partir del año 2024, una vez revisado en el sentido de las inversiones vinculadas a las inversiones verde” ha concluido Sánchez.

Ya desde el acuerdo para la formación de Gobierno, la formación de Díaz elevaba el tono al respecto, pidiendo que estos gravámenes se hiciesen permanentes. Algo que despertó el recelo de grandes energéticas, como Repsol, que amenazaron con deslocalizar sus inversiones por falta de estabilidad fiscal.

En el caso de las energéticas, el Gobierno lleva varias semanas hablando de la reformulación de este gravamen. Primero fue Teresa Ribera en el marco de la COP28. Durante su visita a Dubai, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica reivindicaba la importancia de determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en ese impuesto. “Ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa”, sentenciaba.

Te puede interesar: Sánchez secunda a Ribera y se abre a rediseñar el impuesto a las energéticas tras las amenazas de desinversión

A la ministra de Transición ecológica la secundaba días después el propio Pedro Sánchez, que afirmaba que el Gobierno ya se estaba planteando el “rediseño” del impuesto a las eléctricas. “¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Afortunadamente, gracias también a la política energética europea y en España de las energías renovables estamos viendo que la factura de la luz está reduciéndose, que el precio de la energía se está conteniendo, continúa alto pero se está reduciendo, y también estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que, de alguna manera, estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable”, apuntaba en una entrevista.

Hasta este momento, el impuesto a las energéticas se aplica durante 2023 y 2024, gravando el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares. Así, por compañías, Repsol ha desembolsado más de 450 millones solo en este ejercicio. Por detrás de ella, Cepsa, abona 323 millones de euros; Naturgy y Endesa, unos 300 millones de euros cada una; e Iberdrola, 200 millones de euros.

El sector bancario, por su parte, se queda igual que está. Desde la aprobación del impuesto, las entidades recurrieron en los tribunales con el objetivo de impugnarlo. Sin embargo, y tal y como ha aprobado este miércoles el Gobierno, no se ejecutará ningún cambio en este impuesto que grava con el 4,8% los intereses y comisiones de los bancos que facturaron más de 800 millones de euros en 2019, año previo a la pandemia, esto es, los seis que cotizan en el IBEX-35.

Te puede interesar: La banca afronta el segundo pago del impuesto temporal tras recurrirlo y con el temor de que se haga permanente

En febrero, las principales entidades abonaron el primer pago del impuesto que alcanzó los 1.120 millones de euros. CaixaBank fue la entidad que más aportó 373 millones de euros, seguida por Santander y BBVA, con 224 millones; Sabadell, con 157 millones; Bankinter, con 77 millones, y Unicaja, con 64 millones. Este primer pago ocasionó una merma en el beneficio conjunto presentado por la gran banca en el primer semestre del año, que alcanzó los 12.385 millones de euros, lo que supuso casi un 21% más que en el mismo semestre de 2022. Sin el impuesto extraordinario, sus beneficios habrían escalado hasta el 32%.

El Gobierno ha acordado con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) integrar los gravámenes a la banca y a las energéticas en el régimen foral de las comunidades vasca y navarra y ampliar el contrato de relevo, medidas que se incluirán en el decreto anticrisis que se aprobará este miércoles en el Consejo de Ministros.

Se trata de una petición que la formación vasca ya hizo antes de la investidura de Pedro Sánchez. Además del traspaso de estos tributos, también se ha llegado a un acuerdo para crear un incentivo para el sector energético por las inversiones estratégicas que se realicen ante la posibilidad de una “ralentización” del gasto en transición ecológica.