El Gobierno ha decidido no prorrogar las rebajas fiscales de la factura de la luz. A pesar de ello, el fin de estas medidas no será de un día para otro, sino que se irán eliminando gradualmente durante los próximos seis meses. Así lo ha anunciado en el último consejo de ministros del año, donde también se han prorrogado otras medidas como el IVA a los alimentos o la gratuidad del transporte público. Entre los cambios normativos de cara al próximo año, se extingue la excepción ibérica, comúnmente como tope al gas, que tras la relajación de los precios de la luz lleva en desuso desde finales de febrero.
Las discrepancias entre Hacienda y Trabajo han dejado en el aire hasta el último momento todo lo relacionado con el recibo eléctrico. De esta manera, el IVA de la electricidad se situará en el 10% en 2024 -tras caer del 21% al 5% con el que se gravaba hasta ahora-. Por su parte, el impuesto especial eléctrico se elevará al 2,5% en el primer trimestre, pasando al 3,8% en el segundo para culminar el año volviendo al 5,1% al que estaba antes de su eliminación temporal. Por último, el impuesto sobre la producción eléctrica - que actualmente estaba suspendido- subirá al 3,5% primer trimestre y al 5,25% en el segundo para volver al porcentaje inicial del 7%. Asimismo, el presidente del Gobierno anunció que el IVA del gas volverá a sus niveles normales del 21% -actualmente situado en el 5%- a partir de febrero “una vez pasado el periodo invernal”.
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Todo apuntaba al fin de estas rebajas fiscales. El Plan Presupuestario remitido a Bruselas el pasado mes de octubre ya arrojaba pistas importantes sobre la no continuidad de estas medidas. Concretamente, la rebaja del IVA de la electricidad ha supuesto una merma en los ingresos de las arcas públicas de 514 millones de euros en 2023. Sin embargo, para 2024 el Ejecutivo en funciones planea recaudar 1.016 millones a través de este gravamen, como consecuencia del fin de esta medida.
Por su parte, la rebaja tipo del 5,11% al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad también volverá a generar ingresos positivos para el Estado durante el próximo año. Concretamente, el Gobierno prevé recaudar 1.032 millones a través de este gravamen en 2024. Desde que se redujo este impuesto en septiembre 2021, el impacto negativo para las arcas públicas asciende a 2.041 millones -sin contar con el año 2023-.
Bono social eléctrico
El Gobierno también ha anunciado la prórroga del aumento de los descuentos del bono social, la prestación destinada a proteger a los consumidores, consistente en aplicar una rebaja –del 25% para los consumidores vulnerables y un 40% para los vulnerables severos– en el precio de la electricidad consumida en su vivienda habitual.
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Ante la subida del precio de la luz, a finales de octubre de 2021 el Gobierno elevó esta rebaja al 60% en caso de los vulnerables y del 70% para vulnerables severos. Una reducción que amplió a finales del pasado año: desde octubre y hasta el 31 de diciembre de 2023, los hogares más pobres reciben un descuento del 80% sobre su factura de la luz, mientras que los vulnerables cuentan con una bonificación del 65%.
La continuidad de esta medida es una cuestión vital para muchos consumidores, que como consecuencia del alza de precios derivada de la guerra se han visto favorecidos por esta medida. Y es que, desde el estallido del conflicto, los consumidores vulnerables severos protegidos por esta medida han aumentado en más de 200.000, a los que hay que sumar los pensionistas y familias numerosas que se benefician de esta medida, que también han crecido en 70.000 en el último año.
Fin del tope al gas
La denominada ‘excepción ibérica’ se extendió hasta el próximo 31 de diciembre, tras el acuerdo alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea. El acuerdo no solamente representaba una extensión de la excepción ibérica que ya se aplicaba, sino que implicaba algunos ajustes para acomodarlo, como la referencia de precios, que hasta entonces se incrementaba en cinco euros al mes, y pasaba a ser más suave.
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En el acuerdo original, el citado precio de referencia para el gas tenía un valor medio de 48,8 euros/MWh: era de 40 euros/MWh durante seis meses, elevándose 5 euros/MWh cada mes a partir de entonces. Se incrementa en 1,1 euros/MWh desde el pasado abril, para concluir en 65 euros/MWh.
Actualmente, el mecanismo lleva sin tener efecto sobre los procesos de casación marginal en los mercados mayoristas desde finales de febrero debido al descenso del precio del gas natural por debajo de los umbrales fijados para su aplicación, pero, en caso necesario, la prórroga permite mantener un precio razonable, no tan dependiente de la evolución del gas natural.