Alivio en vivienda y ayudas para la factura de la luz: el Gobierno prorroga las medidas anticrisis y añade el transporte gratuito para jóvenes y desempleados

El Gobierno de coalición aprueba este miércoles, en el último Consejo de Ministros del año, un nuevo paquete de medidas para combatir los efectos de la inflación y la crisis energética, el octavo impulsado por el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez desde el inicio de la guerra en Ucrania y el posterior alza de los precios. Hasta ahora, la cantidad total movilizada para responder a la guerra llega hasta los 47.000 millones de euros.

El real decreto ley prorrogará previsiblemente el grueso de las medidas vigentes, incorporando la gratuidad del transporte público para menores, jóvenes de hasta 24 años y desempleados a partir del 1 de enero de 2024. Pedro Sánchez anunció esta medida durante el discurso de investidura el pasado 15 de noviembre.

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El líder del Ejecutivo también avanzó su intención de incluir en este nuevo paquete la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024, al 5% en el caso de aceites y pastas, y al 0% en el caso de productos básicos como el pan, los huevos, las frutas y verduras. Asimismo, el jefe del Gobierno anticipó la subida del umbral de renta media, de los 30.000 euros actuales a los 37.800 euros, para que unas 100.000 familias más puedan acogerse a la medida de alivio hipotecario en vigor, unas ayudas que hasta la fecha apenas han llegado a 7.000 hogares. Está previsto que se mantenga la suspensión de todas las comisiones de amortización anticipada de créditos hipotecarios de tipo variable a tipo fijo, extendiéndose a las conversiones de tipo variable a tipo mixto.

Asimismo, se mantendrá la prohibición de despedir a causa de la crisis energética para las empresas que han recibido ayudas directas o la ampliación de los descuentos correspondientes al bono social eléctrico. Tras alcanzar un acuerdo con EH Bildu, se prorrogará la prohibición de los desahucios de personas vulnerables hasta 2025, así como la imposibilidad del corte de suministros básicos de luz, agua y gas. Además, se ampliará la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias.

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La continuidad de la rebaja del IVA al 5% para la electricidad, el gas, pellets para calefacción y la madera para leña, en vigor hasta el 31 de diciembre, está en el aire. También lo está la continuidad de la rebaja del Impuesto especial sobre la electricidad al 0,5% y la suspensión del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que han repercutido en la bajada de la factura de la luz. Por último, está en duda el tope al precio de la bombona de butano, que hasta ahora no puede superar los 19,55 euros.

Todo apunta a que decaerán las ayudas al combustible para transportistas profesionales, agricultores y ganaderos. La bonificación fue de 10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y de 5 céntimos por litro en el último trimestre del año). La eliminación de las ayudas en este sentido ha sido progresiva, pues entró en vigor en 2023 para sustituir la supresión de la bonificación de 20 céntimos por litro a los carburante.

Las dos almas del Gobierno de coalición han negociado de manera “intensa” para cerrar un acuerdo en torno a algunas medidas que han suscitado debate. Las negociaciones entre los equipos de Hacienda (PSOE) y Trabajo (Sumar) encallaron este martes en la rebaja del abono de transporte público para el resto de la población, así como el impuesto a la banca y a las energéticas.

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En lo que respecta al primer punto, Sánchez tendrá que decidir si seguirá bonificando con un 30% el transporte público de las administraciones autonómicas y municipales siempre que estas se comprometan a aumentar este descuento hasta el 50%. Aunque el Ejecutivo incluyó una dotación de 1.440 millones de euros en su plan presupuestario de 2024 para subvencionar el transporte público, lo único claro es que continuará vigente la gratuidad de Renfe en la Media Distancia y Cercanías.

Sobre el segundo punto que separa a PSOE y Sumar del acuerdo, ambas formaciones incluyeron en el pacto para formar gobierno el mantenimiento de ambos gravámenes más allá de los dos años inicialmente previstos. Si bien, varios dirigentes de la parte socialista han deslizado en las últimas semanas la posibilidad de hacer algunas modificaciones, ya que las circunstancias que dieron lugar a su aprobación se han atenuado.

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Este asunto será el último choque en el seno del Gobierno entre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y segunda, Yolanda Díaz, antes de que la ministra de Economía deje su cartera para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Calviño avisó hace unos días de que es el momento de “revisar” el impuesto extraordinario a la banca porque “las circunstancias han cambiados”, una afirmación reprobada por Díaz.

“Le diría a la señora Nadia Calviño pacta sunt servanda [lo pactado, obliga] y que acabamos de cerrar un acuerdo con el PSOE, que dio la presidencia del Gobierno al señor Sánchez, en el que, de manera clara, justamente en momentos de crisis de inflación sin precedentes, los que más tienen, más tienen que aportar”, respondió la ministra de Trabajo y Economía Social.