PSOE y Sumar chocan por la gratuidad del transporte público y el impuesto a banca y energéticas a horas de aprobar el decreto anticrisis

Las negociaciones entre los equipos de Hacienda (PSOE) y Trabajo (Sumar) siguen siendo “intensas”, tal como confirman fuentes del partido de Yolanda Díaz. El Gobierno de coalición apura para cerrar un acuerdo en torno al decreto ley para amortiguar la escalada de precios provocada por la invasión de Ucrania, cuya aprobación está prevista para este miércoles en el último Consejo de Ministros de 2023.

En el marco de la prórroga del escudo social diseñado por el anterior Gobierno de Pedro Sánchez para combatir los efectos de la inflación y la crisis energética, las dos almas que integran el Ejecutivo de PSOE y Sumar siguen negociando aún sobre cuestiones como las medidas relacionadas con la gratuidad del transporte público o el impuesto a la banca y a las energéticas. Estos temas, según fuentes de Sumar, “siguen suscitando debate”.

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En lo referente al primer punto, está en el aire la extensión de las ayudas para rebajar el abono de transporte a la mitad, ya que hasta ahora el Estado ponía el 30% de la reducción y la entidad local o autonómica encargada el 20%. Durante su discurso de investidura, Pedro Sánchez prometió el transporte público gratuito para jóvenes de hasta 24 años y para desempleados a partir del 1 de enero del próximo año, pero se negocia extender las subvenciones al resto de la población. Asimismo, seguirá vigente la gratuidad de Renfe en la Media Distancia y Cercanías.

Sobre el segundo punto que separa a PSOE y Sumar del acuerdo, ambas formaciones incluyeron en el acuerdo para formar gobierno el mantenimiento de ambos gravámenes más allá de los dos años inicialmente previstos. Si bien, varios dirigentes de la parte socialista han deslizado en las últimas semanas la posibilidad de hacer algunas modificaciones, ya que las circunstancias que dieron lugar a su aprobación se han atenuado.

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Este asunto será el último choque en el seno del Gobierno entre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y segunda, Yolanda Díaz, antes de que la ministra de Economía deje su cartera para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Calviño avisó hace unos días de que es el momento de “revisar” el impuesto extraordinario a la banca porque “las circunstancias han cambiados”, una afirmación reprobada por Díaz.

“Le diría a la señora Nadia Calviño pacta sunt servanda [lo pactado, obliga] y que acabamos de cerrar un acuerdo con el PSOE, que dio la presidencia del Gobierno al señor Sánchez, en el que, de manera clara, justamente en momentos de crisis de inflación sin precedentes, los que más tienen, más tienen que aportar”, respondió la ministra de Trabajo y Economía Social.

Al margen de estos asuntos, el Gobierno mantendrá previsiblemente el grueso de las medidas vigentes, como la prohibición de despedir a causa de la crisis energética para las empresas que han recibido ayudas directas o la ampliación de los descuentos correspondientes al bono social eléctrico.

Por su parte, EH Bildu ha anunciado este martes un acuerdo sobre la prórroga de la prohibición de los desahucios de personas vulnerables hasta 2025, la prohibición de los cortes de suministros básicos de luz, agua y gas, y la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias. Además del tope del 3% para la subida de los alquileres acordado en la Ley de Vivienda, estas medidas son “imprescindibles frente a la difícil situación habitacional que viven miles y miles de familias”, celebran desde el partido abertzale.

No obstante, el partido liderado por Mertxe Aizpurua en el Congreso se compromete a seguir trabajando a lo largo de la legislatura para avanzar en la mejora de los derechos laborales, la alimentación o la vivienda, “pilares básicos para poder desarrollar una vida digna”.