La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha confirmado en una entrevista a Europa Press la intención de su grupo de impulsar una comisión de investigación sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia una vez conocidos el informe del Defensor del Pueblo pero también el encargado a una auditora por la propia Conferencia Episcopal, con muy graves conclusiones. Además de esto, ha planteado abrir el debate sobre la eliminación de la casilla en la declaración de la Renta que da opción de destinar el 0,7% de la cuota del IRPF al sostenimiento económico de esta institución.
Hace apenas unos días, la Conferencia Episcopal informó de que la Iglesia católica española recaudó en la última campaña de la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal de 2022, un total de 358,8 millones de euros, un 11,9% más que en la campaña anterior, cuando recaudó 320,7 millones. “Los datos de la X son muy buenos para la Iglesia y extraordinarios para la sociedad”, manifestó el director del secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalad. “En momentos de tanta confrontación política y social, de tanta polarización, pocas cosas ponen más de acuerdo a los españoles”, presumió.
Sumar pone el foco en otro lugar y cree urgente debatir “a fondo” sobre esa casilla. Cuestiona que tenga “sentido” mantenerla. “Estamos hablando de unos hechos muy graves que se han cometido a lo largo de muchas décadas en nuestro país”, defiende Lois, para quien ha llegado el momento de revisar aspectos de la relación del Estado con la Iglesia, como el apoyo a entidades educativas de carácter religioso.
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440.000 víctimas, según el Defensor del Pueblo
La pasada legislatura, ERC y EH Bildu impulsaron ya una comisión, pero el PSOE, clave en la votación, optó por delegar en el Defensor del Pueblo. El departamento que dirige Ángel Gabilondo redactó un informe de 777 páginas con abundante documentación. El dato más demoledor es la estimación de 440.000 personas víctimas de pederastia en la Iglesia. Presentado en octubre, recoge 487 testimonios e incluye una encuesta que estima que un 0,6% de la población española mayor de 18 años ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso cuando era menor de edad.
La institución niega esta cifra, pero también minimiza la de su propia auditoría, encomendada al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. Este despacho recoge un total de 1.383 denuncias de casos de abusos sexuales y “un mínimo de 2.056 víctimas”. La Conferencia Episcopal sitúa la cifra global de casos de abusos registrados en 806 y se negó a presentar la auditoría, que sin duda no ha obtenido las conclusiones que presumían.
Cremades & Calvo Sotelo no se limita a estimar el número de afectados. También propone compensaciones de entre 6.000 y 100.000 euros para las víctimas de abusos y la creación de un fondo inicial de 50 millones de euros por parte de la Conferencia Episcopal y la Conferencia de Religiosos para cubrir estos gastos. La Iglesia se ha comprometido a indemnizar.