La cara oculta de los macroproyectos renovables: “Las placas que vemos en el campo podrían haberse instalado en tejados”

La tierra se hereda, se compra, se vende. En los pueblos, pasa de generación en generación y cuando las familias no la explotan, la alquilan. Las parcelas pequeñas que se arriendan no dan mucho dinero, pero así se mantienen en uso y otros pueden cultivarlas para producir. En estos últimos años, algunos dueños de esas tierras han recibidos llamadas con propuestas que resultan mucho mas jugosas que las que da la agricultura: se trata de las energías renovables. Es el caso de los vecinos de Caspueñas (Guadalajara), el municipio, que a penas cuenta con un centenar de habitantes empadronados, está cerca de ver como su paisaje se llena de placas solares. Rosa Pardo, vecina de la localidad, explica que, como en el resto de municipios, todo empezó con un “captador”, una persona del pueblo a la que contratan las empresas inversoras para que se encargue de buscar a los propietarios de las tierras donde quieren instalar las placas.

“Entonces pensábamos que no lo podían ponerlas porque mi pueblo estaba metido en un paisaje protegido que se estaba aprobando, ¿pero qué hicieron? La Junta, de buenas a primeras, encargó un estudio de paisajismo y excluyó, qué casualidad, justo esas zonas. O sea, recortó el perímetro de paisaje protegido para que esta gente pudiera meter las placas”, cuenta Pardo, y añade que los vecinos intentaron que recularan. “No nos hicieron ni caso”, añade. “El Ayuntamiento siempre ha dado informes negativos, pero la Administración jamás ha hecho caso. Entonces, les han concedido la autorización administrativa previa y permiso de construcción. Les falta la licencia del Ayuntamiento, que se está resistiendo, pero las empresas les han amenazado con denunciarles por daños y perjuicios y ahí estamos”, cuenta.

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Las placas que instalarán en Caspueñas, a pesar de la negativa de sus habitantes, ayudarán a batir otro récord más de energía renovable. Hasta el pasado 17 de noviembre, España generó 116.844 gigavatios por hora (GWh) de origen renovable, superando así el dato de todo el 2022, que se situó en los 116.695 GWh, según datos de Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico nacional. El impulso de las renovables y las condiciones meteorológicas han permitido que su producción crezca un 14,3% en comparación con el mismo periodo en 2022, y supone el 49,9% del total de electricidad producida en España durante 2023. Estas cifras son acordes a los objetivos del Gobierno en materia de transición ecológica y descarbonización de la economía para continuar con la lucha contra el cambio climático.

En abril de 2020, en plena pandemia, el Gobierno envió a Bruselas el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC), donde se comprometía a cumplir con una serie de objetivos de producción de energías renovables, pero durante este verano subieron la apuesta, con una reducción de las emisiones del 32% en 2030 respecto a los valores de 1990 (frente a la previsión del 23% que acordaron en 2020). La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguraba entonces, en un acto de campaña con Pedro Sánchez, que “los objetivos parecen muy ambiciosos, pero son realistas”. Tras esta promesa, y con boom de la instalación de plantas fotovoltaicas de energía, los vecinos de los municipios afectados y las asociaciones que han surgido para pedir un mayor control de estas instalaciones se preguntan por el coste, y no hablan de euros.

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Uno de los puntos fundamentales para Pardo, que también es Coordinadora de ALIENTE, una asociación que busca una transición energética “que ponga la defensa del territorio y su biodiversidad en el centro”, es el espacio que se está ocupando y la falta de planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de las administraciones autonómicas. Desde el MITECO, defienden que el establecimiento de los terrenos aptos y no aptos a través de la herramienta de zonificación ambiental es eficiente, pero para las asociaciones no es suficiente. Esta herramienta, creada para guiar a las productoras de los macroproyectos, muestra el nivel de sensibilidad ambiental existente en cada punto del mapa para orientar a las promotoras. Sin embargo, desde ALIENTE denuncian que la selección debería hacerse para cada región en concreto de forma más meticulosa, medida y controlada.

Dentro de esa zonificación, la selección de parcelas que realizan las empresas se basa en criterios técnicos, pero sobre todo económicos y el precio de la tierra varía mucho por regiones. Por eso, Pardo recuerda lo que en la España vaciada denominan “tierra de sacrificio”, que hace referencia a las regiones que han estado históricamente marcadas por daños medioambientales y falta de inversión estatal y privada. “¿Dónde hay menos renovables? En la Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco. ¿Dónde hay más? En Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha”, denuncia.

Pardo critica que en ocasiones la zonificación del Ministerio y las pautas de las administraciones regionales rozan lo absurdo: “Guadalajara, Toledo y Cuenca, que lindan con la Comunidad de Madrid, van a estar inundadas de fotovoltaicas, mientras que la Comunidad de Madrid, que ha puesto en marcha zonas ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) lo tienen más protegido. El norte de Madrid no hay ni una renovable y justo llegas al borde de la provincia de Guadalajara, al lado es una ZEPA, y sí que hay. Y claro, las aves tienen la costumbre de no darse cuenta si están en Madrid o están en Guadalajara. No tiene sentido y en esas estamos”.

Fernando Prieto, Doctor en Ecología y coordinador del Observatorio de Sostenibilidad, una asociación ciudadana que agrupa a científicos y profesionales del ámbito energético, económico y medioambiental, se pregunta “¿por qué tiene que haber terrenos que estén todos absolutamente machacados, paisajísticamente, llenos de placas, mientras otros se están yendo de rositas del tema?”. La respuesta es sencilla, cuando se plantea un proyecto de generación de energía, entre los permisos e informes que hay que solicitar, se encuentra los nudos de evacuación, que son aquellas líneas de la red eléctrica y subestaciones cuya función es la salida para el consumo de la energía producida. Hay promotores que han solicitado la evacuación de su producto a cientos de kilómetros, incluso atravesando varias comunidades autónomas, algo que es complicado, pero no imposible ni ilegal. Esto sucede porque la electricidad se vende al mismo precio en toda España, pero el coste del arrendamiento de la tierra es distinto.

Desde el MITECO explican que este sistema no es de su agrado, pero “tampoco pueden modificar la ley a su antojo para evitar que a esa empresa o ciudadano que ha ejercido su derecho y le han dado un punto de conexión, asuma un riesgo que es desmedido. No podemos hacer otra cosa”. También recuerdan que la producción eléctrica siempre ha estado dispersa, “las centrales térmicas estaban en Ponferrada y la luz llegaba a todas partes”, pero las asociaciones siguen sin comprar este argumento.

Las asociaciones piden un cambio al Ministerio de Teresa Ribera, pero en ningún caso están en contra de la transición verde, “hay que hacerla, pero hacerla bien”. El estudio Renovables sostenibles: fotovoltaica de ALIENTE, desarrollado por el Observatorio de Sostenibilidad, muestra que en España hay suficientes superficies antropizadas (modificadas por la actividad humana) para instalar hasta 181 gigavatios que producirían más de 272.037 gigavatios al año en energía fotovoltaica, es decir, en España se podría producir más energía limpia de la que se produjo en todo el 2022 sin la necesidad de ocupar campos de cultivo ni espacios protegidos. Prieto señala que para eso sol que hay que mirar hacia los tejados. “Si nos fijamos, por ejemplo, en Australia hay 20 gigavatios ya instalados en tejados y en toda España hay 19.800 megavatios instalados, o sea, que todas las placas solares que vemos ahora mismo en el campo en España se podrían haber instalado en los tejados”, explica.

El experto también indica que se podrían instalar en estaciones de tren o en las inmediaciones de las autopistas. “Hay un montón de zonas ya muy transformadas por parte del hombre, donde también se podrían poner estas placas. Y en todo esto pues habría suficiente potencia como para triplicar las renovables que hay ahora mismo en España sin tocar ni siquiera un campo de cultivo, un bosque ni nada de esto”, recuerda Prieto, que denuncia que “lo que pasa es que es mucho más fácil y mucho más barato para ellos el campo, cargarse toda la agricultura que hay y poner ahí las placas”. Esta semana, los ministros de Energía de la Unión Europea han acordado prorrogar un año más, hasta el 30 de junio de 2025, la vía rápida para autorizar parques eólicos y fotovoltaicos. La normativa recoge que el proceso de concesión de autorizaciones no excederá los tres meses y que en determinadas circunstancias, “los proyectos de energía solar en estructuras artificiales existentes quedarán exentos del requisito de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental específica”. Esta medida, que provocó el rechazo de los técnicos de evaluación ambiental y de las plataformas de protección del territorio, se aprobó ante los elevados precios de la energía y la gran dependencia europea del gas ruso, y ahora, seguirá vigente aunque los precios de la energía hayan caído este año.

La negativa de vecinos y asociaciones tiene razones muy específicas, la amenaza para la biodiversidad de la zona, como es el caso de Caspueñas, y otras más generalizadas, como la destrucción del empleo, ya en hay ocasiones en las que la ocupación de campos de cultivo para la instalación de renovables afectan a los empleos de jornaleros y trabajadores agrarios. Desde el MITECO defienden que “siempre van a preferir que se hagan instalaciones pequeñas próximas a los puntos de consumo y que se utilicen terrenos degradados, antes que utilizar un espacio natural virgen o sustituir algún otro tipo de actividad agrícola que resulta rentable y buena, pero tampoco podemos imponerlo”.

Desde ALIENTE explican que en muchas ocasiones los dueños de las parcelas triplican sus ganancias si arriendan la tierra a las empresas que instalan las renovables, y además, lo hacen en plazos de al menos 10 años, y esto les hace decantarse por las placas. Es una transacción más rentable, y que, por ahora, no tiene un impacto significativo en la producción de alimentos, pero sí en la destrucción de empleo local. “Los economistas están empezando a hacer publicaciones que demuestran que no solamente no crean empleo, sino que generan más despoblación, porque, efectivamente, hay empleo en la fase de construcción, que son seis meses, pero luego no consiguen compensar con los empleos que realmente generan a lo largo de la explotación de la planta con los que destruyen en agricultura”, señala Pardo, aunque desde el MITECO lo niegan.

El Ministerio insiste en que la instalación de renovables atrae la industria porque “obtiene energía barata con un contrato de suministro firmado con estas instalaciones o porque directamente monta esas propias instalaciones de generación para sus propias instalaciones”. Sin embargo, admiten que el trabajo “no tiene por qué darse en el mismo sitio donde está la placa, pero tú tienes que ver la cadena completa. O sea, en España podemos producir el 90% de los componentes de un sistema eólico, el 60% de los componentes sistema fotovoltaico. Eso genera empleo, a lo mejor no genera el mismo empleo en el sitio que tú puedas sustituir”, y es una conclusión que no excluye las exigencias de las asociaciones en este sentido, que son mantener el trabajo local y evitar la despoblación.