Inspección de Trabajo regulariza a 71.000 falsos autónomos en 2022 y 2023 por el “elevado” fraude en plataformas digitales

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha puesto el foco en los últimos años en detectar y regularizar a los falsos autónomos, trabajadores que realmente no disponen de una infraestructura empresarial propia, sino que prestan sus servicios para una empresa que los subcontrata. Los datos derivados de sus actuaciones constatan un número récord de regularizaciones en los dos últimos años, alcanzando a 39.044 trabajadores en 2022 y continuando a un ritmo similar en 2023, con 32.000 trabajadores regularizados entre enero y noviembre, según confirman fuentes ministeriales a Infobae España.

Las cifras de estos dos ejercicios, en los que se han producido un total de 71.044 regularizaciones, destacan respecto a las de los años anteriores. El organismo inspector adscrito al Ministerio de Trabajo obligó a contratar a 22.383 trabajadores en 2019 y a 18.851 en 2018, produciéndose un descenso hasta el entorno de los 9.000 trabajadores en los dos años más afectados por la pandemia, 2020 y 2021. Mucho más bajas son las regularizaciones del gobierno anterior, el de Mariano Rajoy, ya que entre 2015 y 2017 se regularizaron menos de 2.000 falsos autónomos al año.

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Que una persona preste sus servicios como autónoma sin serlo supone una infracotización a la Seguridad Social que las empresas deben devolver junto con sanciones económicas e incluso posibles consecuencias penales en casos graves. Con esta modalidad de contratación salen perjudicados los derechos de los trabajadores y las empresas también se ahorran costes puramente salariales. No pagan el tiempo de ocio, solo las horas efectivas, y alguna como Glovo incluso ha restringido recientemente ese concepto dejando de retribuir el tiempo de espera que emplea el repartidor para recoger los pedidos.

Las actuaciones de la inspección han crecido en los últimos años según lo detallado en su memoria, con máximos en 2019 (14.132) y 2022 (13.457), pero no han aumentado tanto como las regularizaciones. Según explica, esto se debe al impulso llevado a cabo en plataformas digitales de implantación nacional, las cuales, “cuando emplean falsos autónomos, lo hacen en un elevado número”. La inspección a las plataformas digitales de reparto se está llevando a cabo en toda España, sobre todo a raíz de la conocida como ley rider de 2021, que provocó la marcha de España de Deliveroo tras un proceso de sanciones y de regularización de 7.504 trabajadores en el régimen general de la Seguridad Social, según datos de la Inspección.

El organismo confirma que ha seguido investigando a Glovo y a Portier Eats Spain (división de reparto de Uber Eats) en 2022 y que les ha interpuesto procedimientos sancionadores. Aunque no aporta datos concretos de la resolución de los mismos, sí hace especial hincapié en las complicaciones que intentan crear estas empresas, negándose a entregar la información requerida por los inspectores o subinspectores con “repetidos escritos de oposición”.

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Ambas sociedades han sido denunciadas además en 2023 ante los tribunales por colectivos de riders y de taxistas al seguir contratando a sus repartidores como autónomos. Y, por su parte, el Ministerio de Trabajo mantiene la promesa de llevar a Glovo ante la Fiscalía por incumplir la ley rider. Según afirmó en noviembre el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, el Ministerio de Trabajo enviaría de forma “inminente” a la Fiscalía el informe de cara a una eventual investigación.

Cabe recordar que a finales de 2022 el Gobierno modificó el artículo 311.2 del Código Penal e introdujo penas de prisión de entre seis meses y seis años para las empresas que reincidan en la contratación de falsos autónomos. Los datos que se conocen por el momento del caso de Glovo apuntan a que la empresa acumula 205,3 millones de euros en multas por la situación irregular de 37.348 trabajadores, según dio a conocer en enero de 2023 el ministerio dirigido por Yolanda Díaz.

A la luz de los datos, el fenómeno de los falsos autónomos sigue plenamente vigente. Además, la contratación de autónomos en plataformas digitales excede a las empresas de reparto, que son las cubiertas específicamente por la ley española y en las que opera la presunción de laboralidad. Este es precisamente el vacío con el que quería acabar la directiva europea de plataformas digitales, texto que finalmente no ha contado con el apoyo de los estados miembros este viernes a pesar del acuerdo alcanzado el pasado 13 de diciembre entre la Eurocámara y el Consejo de la UE, presidido este semestre por España.

Ante la falta de consenso, la presidencia española ha decidido no someter a votación formal la normativa, por lo que tendrá que seguir debatiéndose bajo la presidencia belga, que empieza el 1 de enero de 2024. El proyecto de directiva, inspirada en la ley rider española, pretende que los Estados miembros dispongan de procedimientos administrativos o judiciales para clasificar como personas trabajadoras por cuenta ajena a aquellas que trabajan en alguna plataforma digital, independientemente de los servicios que preste. En la redacción que no ha conseguido apoyo se establecían dos “indicios de laboralidad”: cuando la plataforma determina la remuneración del trabajador o cuando controla el desempeño de la actividad profesional.