El espíritu navideño llama a la puerta de los pactos de Estado: la reforma de la Constitución y la renovación del CGPJ tras cinco años de bloqueo

Los pactos de Estado son posibles a pesar de tratarse de una legislatura que nació crispada por la amnistía y la oposición del PP al apoyo de los partidos independentistas al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no solo se reunieron este viernes; también dialogaron durante una hora y media y llegaron a acuerdos para solventar cuestiones pendientes desde hace años: la tercera reforma de la Constitución en sus 45 años de vida y desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado cinco años por las reticencias de los populares.

Aunque una hora antes de la reunión Feijóo había alejado la posibilidad de llegar a buen puerto con Sánchez e incluso había amenazado con enfriar, más si cabe, las relaciones entre el PP y el PSOE, el encuentro con Sánchez fue mejor de lo esperado, y en la rueda de prensa posterior al mismo, al líder popular se mostraba satisfecho con lo logrado. El dirigente gallego salió a la misma hora que el Gordo más tardío de la historia, por lo que tuvo que hacer alusiones al mismo: “A España tampoco le ha tocado El Gordo”, dijo tratando de ocultar una sonrisa optimista.

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Porque lo cierto es que, pese a una exposición de la reunión obligadamente pesimista, las conclusiones fueron positivas, porque la misma discurrió con “buen tono”, tal como confirmaron fuentes del PP. Si bien la reforma del artículo 49 de la Constitución era la única esperanza que tenían ambas partes para llegar a un acuerdo, la sorpresa estaba por llegar al salir de la reunión con otro acuerdo más debajo del brazo: nada más y nada menos que la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Lo cierto es que el ambiente era proclive para acercar posturas: la reunión se celebró al calor de la chimenea de una sala del Congreso (la misma que logró el famoso abrazo entre Sánchez y Pablo Iglesias), la mañana era especialmente navideña con el sorteo de la Lotería, en el que El Gordo esperó a que Sánchez y Feijóo sacasen provecho del encuentro para dar la sorpresa, además, Sánchez también puso de su parte al llevarle un libro como regalo de Navidad. Feijóo también le entregó una lectura, aunque en su caso se trataba del orden del día de la reunión, junto con cinco páginas de documentación adjunta.

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En el punto cinco de dicho escrito, el líder del PP menciona la necesidad de renovar el CGPJ, advirtiendo que no puede darse sin “garantías que aseguren la independencia judicial”, es decir, sin un documento con el compromiso de modificar el sistema de elección de los jueces y magistrados. También propone a la Comisión Europea como mediador en dichas negociaciones, lo que acepta Sánchez. Con el sí del presidente, el PP se apresuró en avanzar que Esteban González Pons, responsable de la parte institucional del partido y eurodiputado, sería el que negociaría con Bolaños. Además, los populares también tienen claro quién les gustaría que fuese el mediador: Didier Reynders, comisario de Justicia de la Comisión Europea.

Esta petición causó sorpresa en Moncloa, ya que Feijóo había pedido reunirse con Sánchez “sin la presencia de un mediador”, una herramienta que el líder de la oposición ha rechazado en el marco de los encuentros bilaterales del PSOE con Junts y ERC. En todo caso, celebran la presencia de una figura de supervisión en las negociaciones para apuntalar la renovación del CGPJ. “Todo lo que sea gestos para llegar a un acuerdo, bienvenido sea”, rematan fuentes del Gobierno.

Asimismo, voces socialistas del Ejecutivo creen que la elección de Reynders como persona que “verifique y medie” puede inclinar la balanza del lado de Sánchez. Y es que, tras la reunión, los conservadores insisten en vincular la renovación del órgano de gobierno con una reforma del sistema de elección de los jueces, pero el Gobierno rechaza que la reforma vaya de la mano de la modificación de la ley.

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Aunque los de Sánchez no se cierran a debatir “en paralelo” sobre un eventual cambio, la ministra portavoz del Gobierno señaló el punto de partida: el texto pactado el 26 de octubre de 2022 entre Félix Bolaños y Esteban González Pons, y que Feijóo hizo saltar por los aires al día siguiente alegando la inminente derogación del delito de sedición. El acuerdo para la renovación se cerró por completo con 32 nombres (20 vocales titulares y 12 suplentes) y una proposición de ley de reforzamiento de la Justicia.

El propio comisario de Justicia avaló estos pasos recientemente tras reunirse con Bolaños en Bruselas, recordando la “urgencia” de la renovación. Precisamente, en Moncloa creen que estas presiones de la institución comunitaria y la previsión de que la legislatura sea “larga” han “arrinconado” a Feijóo para aceptar acometer la modificación del órgano de gobierno de los jueces. “No le quedaba más remedio”, añaden estas voces, que se muestran convencidas de que este enésimo intento será el definitivo.

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En cuanto a la reforma para eliminar la palabra “disminuidos” de la Constitución, Feijóo pidió recuperar las condiciones pactadas hace meses entre ambos. PP y PSOE presentarán previsiblemente la próxima semana el texto consensuado vía proposición de ley, de tal manera que, antes de que finalice enero, se aprobará por lectura única en un pleno monográfico en el Congreso.

Sánchez se comprometió además a solo aceptar enmiendas pactadas entre ambos partidos y aseguró que no se someterá a referéndum la modificación constitucional. Esto podría ocurrir si lo solicitan un mínimo de 35 diputados, pero desde Moncloa alejan esta posibilidad, ya que Sumar solo tiene 26 parlamentarios y los grupos nacionalistas e independentistas no suman la décima parte necesaria para hacer este requerimiento. Por otro lado, los de Yolanda Díaz han reiterado su compromiso de acometer esta reforma.

En el Gobierno no esconden su satisfacción por el resultado de la reunión, que enmarcan “dentro de la normalidad democrática”. Su desarrollo, con “profundo respeto institucional”, deja a Sánchez con buen sabor de boca antes de que finalice el 2023, el año en el que ya arrancó importantes acuerdos con los agentes sociales, así como con los partidos nacionalistas e independentistas.