La población de cabra montés no hace más que crecer en la sierra de la comunidad de Madrid. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, un ente público, ha realizado desde el año 2016 cinco censos intensivos de las poblaciones de este animal (el último en la primavera de 2022) para intentar controlar una especie que ya llega a los 6.100 ejemplares, 1.500 más que hace cinco años. En los lugares donde se concentran, como las áreas de Cuerda Larga-La Pedriza y los Montes Carpetanos, la densidad alcanza los 43,5 individuos por kilómetro cuadrado (se recomiendan 10).
Las cabras llegaron a Madrid hace más de 30 años. Entre 1989 y 1992, unos 67 ejemplares hicieron de la sierra de Guadarrama su nuevo hogar. Capturadas en Gredos y Las Batuecas, los 26 machos y las 41 hembras pioneras colonizaron de nuevo un hábitat del que habían desaparecido a finales del siglo XIX. Ahora, a finales de 2023, la reintroducción ha funcionado tan bien que forman parte del ecosistema de la sierra.
Te puede interesar: Los últimos 14 ganaderos lácteos de Madrid: “Tengo a todas mis vacas en el corredor de la muerte”
La Comunidad de Madrid detectó que había un problema a finales de 2016, cuando había 4.500 cabras. Diseñó entonces un plan, en colaboración con asociaciones locales de cazadores, para abatir en los siguientes cinco años unos 2.500 animales, 500 cada año, para intentar regular así una población que había crecido descontroladamente. Las cabras comienzan a ser fecundas a los 2,5 años de vida. Según las estimaciones del Parque, la sierra madrileña solo puede albergar como máximo 2.000 ejemplares. O lo que es lo mismo, una población como mucho de 17 individuos por kilómetro cuadrado.
Pero este plan regional quedó en papel mojado. El partido animalista Pacma lo llevó a los tribunales. En octubre de 2016, el juzgado de lo contencioso administrativo número 32 de Madrid decidió paralizarlo provisionalmente mientras estudiaba el tema y pedía alegaciones al Gobierno regional que entonces presidía Cristina Cifuentes. Pacma argumentó entonces en su recurso que la caza de tantos ejemplares suponía “daños irreparables” y conllevaba un evidente peligro de extinción de la especie en Madrid.
“En abril de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos dio la razón y decidió anularlo”, señala Jacqueline García, abogada de Pacma. “La Comunidad no recurrió esta decisión y diseñó un nuevo plan en 2022. Nosotros volvimos a denunciarlo y estamos a la espera de que la justicia dictamine de nuevo”. Mientras, lo que hace el Ejecutivo autonómico es ceder cabras a otros parajes naturales de España y de Europa para intentar reducir la población de Madrid. Pero entre 2015 y septiembre de 2023, solo han salido de la comunidad de Madrid un total de 630 animales (336 hembras y 294 machos). A ello hay que añadir los permisos autorizados en los cotos privados de caza del parque nacional para abatir determinados ejemplares. Desde 2015 estos permisos han acabado con la vida de otros 326 ejemplares.
“El Gobierno de la Comunidad insiste en que la densidad de cabras en el Parque es demasiado elevada y que están causando daños al ecosistema, aunque no nos muestra informes que lo demuestren”, explica Alejandro Sánchez, diputado de Equo en Más Madrid. “Por esta razón han puesto en marcha un programa de control para reducir la población, pero con estas tasas de extracción parece que ese objetivo no se va a cumplir. Nos parece que sería más rentable favorecer a su depredador natural, el lobo, y estudiar de manera más precisa los supuestos daños de las cabras a la vegetación u otras especies para realizar un manejo de las poblaciones más ajustado”, señala el parlamentario. Para Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, “no hay un problema de superpoblación de cabras, sino un grave problema de caza furtiva, sobre todo contra los machos”.