El único punto en el que Sánchez y Feijóo estarán de acuerdo en su reunión en el Congreso

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se volverán a sentar cara a cara en el Congreso este viernes. El presidente del Gobierno aceptó las condiciones del jefe de la oposición con tal de cerrar una cita definitiva, que coincide con el Sorteo de Lotería de Navidad 2023, tras varios días de tira y afloja a cuenta de este asunto. “Para usted la perra gorda”, espetó Sánchez, sorprendido por el hecho de que Feijóo haya aceptado reunirse con él en el Congreso en lugar de la sede de la Presidencia del Gobierno.

Los máximos dirigentes del PSOE y del PP se reúnen en un momento en el que los puentes están rotos. El objetivo de Sánchez era avanzar en tres cuestiones de Estado “fundamentales”: la financiación autonómica, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación del Consejo de General del Poder Judicial (CGPJ), pero a tenor del orden del día exigido por Feijóo, solo una de estas cuestiones coincide con las planteadas por el presidente del Ejecutivo.

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Se trata de la nueva redacción del artículo 49 de la Carta Magna para sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”. Para impulsar una reforma de este calado se requiere una mayoría de tres quintos (el voto de 210 de los 350 diputados), por lo que es imprescindible concitar el acuerdo de los dos grandes partidos. De hecho, PSOE y PP ya estuvieron a punto de acometerla en la legislatura pasada tras meses de reticencias de los populares ante el temor de que la iniciativa abra la puerta a otros cambios profundos.

Tanto Sánchez como Feijóo se han reafirmado en su compromiso para impulsar una modificación de la Constitución en esta dirección. Lo hicieron incluso ante los representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. En este sentido, Feijóo acepta acometer una “modificación urgente” del artículo 49 de la Constitución, pero exige que sea “en las condiciones ya pactadas en la pasada legislatura”, esto es, que la reforma se acote solo a este asunto.

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Asimismo, el líder de los conversadores planteará a Sánchez otra premisa: “Garantías por escrito de que los socios del Gobierno no pedirán un referéndum constitucional con nuevas modificaciones”. Fuentes del PP advierten de la posibilidad de que, una vez se apruebe la reforma en las Cortes, se promueva un referéndum de la Constitución, algo que se podría hacer con la firma de 35 diputados.

En la anterior legislatura, los socios nacionalistas e independentistas sumaban esta cifra, pero en la presente, no. No obstante, el PP dirige sus miradas a Sumar, que dispone de 26 diputados, muy lejos de la décima parte necesaria para hacer este requerimiento. Si bien, Feijóo quiere asegurarse de que no habrá un referéndum posterior ni ningún tipo de discusión sobre la Constitución, reformada solo en dos ocasiones durante sus 45 años de vida.

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Esta reforma, que ya fue consensuada por todos los grupos de la Cámara Baja en diciembre de 2018, busca materializarse en esta legislatura. En el anterior periodo legislativo, Félix Bolaños y Cuca Gamarra acordaron la modificación de la Constitución ceñida al artículo 49. El propio ministro de la Presidencia se comprometió a abordar solo la reforma en estos términos, rechazando las sugerencias planteadas por el PNV vía enmiendas.

Y es que los de Aitor Esteban aprovecharon la ocasión para incluir, a través de la modificación del artículo 2 y de la inclusión de una Nueva Disposición Adicional, el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco. Asimismo, los jeltzales propusieron la modificación del artículo 56 de la Constitución para limitar la inviolabilidad del rey y circunscribirla a sus funciones institucionales, esto es, a aquellos actos que realice en representación de la Corona.

También, entre sus correcciones, el Grupo Vasco pretendía eliminar el artículo 155 por considerar que “para los fines pretendidos en este artículo son suficientes los mecanismos ordinarios de respuesta contemplados en la Constitución” y modificar el 8, referido a las funciones de las Fuerzas Armadas, para limitarlas.

Más allá del artículo 49 de la Constitución, en la lista de temas elaborada por Feijóo no consta la renovación de un imperativo constitucional: el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva caducado cinco años. Sánchez tiene claro que, en caso de no avanzar en la reunión del viernes, estudiará alterativas al bloqueo.

Sigue sin contemplar un cambio de mayorías en el Parlamento para elegir a sus vocales y apuesta por estudiar la propuesta de su presidente suplente, Vicente Guilarte, que recomendó recortar las competencias del órgano de gobierno de los jueces para que no pueda firmar nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales, algo que aceleraría su renovación.

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Un día antes del encuentro, desde el Palau de la Generalitat tras su encuentro con Pere Aragonés, Sánchez calificó de “inédito” que la reunión se vaya a celebrar en el Congreso, como pide el líder del PP, y no en Moncloa. “Estas son las cosas que tenemos que ver cuando el Partido Popular está en la oposición. Tienen un problema serio de asumir los resultados electorales y en consecuencia, de asumir las responsabilidades que tiene en este caso como jefe de la oposición”.

Asimismo, lamentó su actual relación con Feijóo, que contrasta con la que tenía cuando el dirigente gallego lideraba la Xunta. “No sé si será porque las presiones, tanto internas como externas, en el complejo y difícil siempre mundo para los conservadores desde Madrid, del Madrid mediático, económico y político, les ha hecho cambiar de parecer y también de forma de hacer política, pero desde luego yo al jefe de la oposición le tiendo la mano para llegar a acuerdos que creo que son muy importantes”.

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En esta línea, también defendió la necesidad de afrontar el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica, pues el actual sistema sigue pendiente de evaluación desde 2014, en un momento en el que la mayoría de las comunidades (11 de 17) están en manos del PP. El presidente del Gobierno juega la baza del “interés” de estas autonomías en este asunto, por lo que reclamará a Feijóo que no tenga “once posiciones distintas”, sino que vayan con un “planteamiento único”.

Por su parte, el PP ve la amnistía como una prioridad a tratar en la reunión de este viernes, y sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, insiste en que necesita un compromiso por parte de Sánchez de que cambiará el sistema de elección de los jueces. Los populares defienden que en el orden del día que remitieron a Moncloa aparecen contemplados todos estos temas. La ley de amnistía es el primer de los diez puntos, y en el de “medidas para garantizar la independencia judicial” se puede incluir el debate sobre la renovación del Poder Judicial.

En cualquier caso, son dos temas en los que es difícil buscar un punto en común entre Sánchez y Feijóo, por lo que todas las esperanzas sobre la utilidad de esta reunión están puestas sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución.