Bruselas calcula que la ratio de deuda española volverá a crecer desde 2027 y avisa: hay “margen para medidas correctoras”

La Comisión Europea ha publicado este jueves su informe anual de vigilancia a España, el vigésimo, que incluye un análisis sobre la sostenibilidad de la deuda a corto, medio y largo plazo, un indicador clave en las nuevas reglas fiscales y de cuya marcha depende en parte la definición de la senda de gasto. Según el documento, Bruselas ve “riesgos bajos” a corto plazo para la deuda española, pero “los riesgos de sostenibilidad fiscal a medio plazo parecen elevados”.

Los cálculos se han realizado a políticas constantes, es decir, sin nuevas medidas que tengan impacto fiscal, y con los datos macroeconómicos disponibles hasta octubre. Entre ellos se encuentran las últimas previsiones de la Comisión y las revisiones del PIB por parte del INE, que impulsaron la bajada de la ratio de deuda sobre el PIB ligeramente por debajo del 110% en septiembre.

En concreto, el indicador de detección precoz de la Comisión no señala riesgos fiscales a corto plazo, pero el escenario de referencia a medio plazo anticipa que la ratio de deuda se mantendrá en un “nivel elevado”, disminuyendo hasta el 106% en 2026 antes de aproximarse de nuevo al 110% en 2034. La Comisión coincide así en el escenario proyectado por la AIReF en primavera.

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Esta evolución de la deuda incumpliría lo que disponen las reglas fiscales, en las que se fija que la trayectoria plurianual de gasto neto (trayectoria técnica) “debe garantizar” que la deuda siga una trayectoria “plausiblemente descendente” al final del periodo de ajuste incluso en escenarios adversos. La proyección de la Comisión contempla cuatro escenarios distintos y todos ellos “conducen a un aumento rápido de la deuda y confirman el alto riesgo”, detalla el informe. Además, las simulaciones de Bruselas concluyen que hay un 49% de probabilidad de que la ratio de deuda sobre el PIB sea mayor en 2028 que en 2023.

Otro indicador problemático es el déficit, que se debe situar como máximo en el 3%, algo que tampoco se produciría en ausencia de nuevas medidas. Bruselas reconoce que España sigue reduciéndolo por el momento, pero prevé que cierre 2023 con el 4,1% y 2024 con un 3,2%, siempre que se acaben la mayor parte de las medidas contra la inflación, algo que todavía está por concretar en un decreto a final de año y en los nuevos PGE de 2024.

El informe señala además que el crecimiento de los ingresos tributarios “muestra signos de moderación” debido a la bajada de la inflación y que el gasto corriente está aumentando “más rápido de lo previsto” en el Plan Presupuestario de 2024. La Comisión detalla especialmente el crecimiento del gasto en consumos intermedios, remuneración de los asalariados y pago de intereses. En consecuencia, el déficit también se reducirá de una manera más lenta que en los años anteriores.

Aunque Bruselas espera que la aplicación de las reformas previstas en el Plan de Recuperación y la implementación de los fondos Next Generation contribuyan a la sostenibilidad presupuestaria a lo largo del tiempo, también cree que “son necesarios esfuerzos adicionales para lograr un presupuesto saneado”. Ante esta situación, la Comisión avisa en su informe: “el país tiene margen para medidas correctoras” (the country has room for corrective action), aunque no las especifica, ya que se tendrán que decidir en un plan de ajuste de cuatro años iniciales diseñado en 2024 que deben elaborar todos países con riesgos de sostenibilidad fiscal.

Bruselas supervisará la aplicación de los planes de ajuste y de la senda de gasto neto y creará una cuenta de control para seguir las “desviaciones acumuladas” tanto al alza como a la baja de los gastos netos reales. Cabe recordar que el límite de gasto primario es neto de medidas de ingresos y excluye gastos cíclicos como desempleo e intereses, por lo que el ajuste puede realizarse tanto por el lado de los gastos como por el de los ingresos.

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España cuenta con un déficit estructural que termina suponiendo un mayor endeudamiento y complica el saneamiento de las cuentas públicas. Según los expertos del libro blanco sobre la reforma tributaria, “el elevado déficit público estructural español” se debe “sobre todo, al desajuste existente en el lado de los ingresos públicos”. El peso de los ingresos tributarios sobre el PIB en España alcanzó el 42,6% en 2022, frente al 46% medio de la UE, mientras que la ratio de gasto se encuentra en posiciones intermedias.