Un protocolo común en Sanidad ante la violencia sexual proporcionará espacios más seguros a las víctimas y formación a los profesionales

La violencia de género no entiende de edades, ocurre en cualquier lugar y atraviesa todos los estratos sociales, por eso es fundamental abordarla desde todos los ámbitos, incluido el sanitario. Por ello, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado este jueves, en el marco de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), un protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia sexual que pretende establecer criterios de actuación profesional, normalizada y homogénea para el conjunto del país.

El objetivo, según indica el Ministerio de Sanidad, es detectar, valorar e intervenir en casos de violencia sexual (pasada o reciente) “en mujeres adultas, niñas, niños y adolescentes, incluyendo los casos de hijas e hijos u otros menores a cargo de mujeres que sufren o han sufrido violencia en el ámbito de la pareja o expareja”. De esta forma, las personas que hayan sufrido este tipo de violencia, especialmente las de contextos de mayor vulnerabilidad, dispondrán de una atención sanitaria integral (a nivel físico, psicológico y social) “ágil, respetuosa y eficaz, para tratar de minimizar el impacto generado y asegurando su recuperación”, añade el ministerio que lidera Mónica García.

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El protocolo se aplicará tanto en Atención Primaria como en la Atención Hospitalaria, pues ambos son ámbitos clave. El primero por su proximidad y contacto cercano con la población donde se puede detectar con mayor capacidad la violencia sexual, y en el segundo porque los profesionales pueden mantener una actitud activa y de alerta, sobre todo en servicios de urgencias y en especialidades como Ginecología y Obstetricia, además de Pediatría y Salud Mental, ya que son áreas donde pueden realizar preguntas exploratorias ante una sospecha.

Además de sensibilizar y formar al personal sanitario del SNS, otro de los objetivos concretos del proyecto es “garantizar una actuación coordinada con los médicos y médicas forenses de los Institutos de Medicina Legal y Forense y una atención integral a las víctimas de violencia sexual en el marco de equidad y cohesión para el conjunto del SNS”.

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También se proporcionará al personal sanitario herramientas comunes para la toma de decisiones e intervención sanitaria “integral, humanizada y de calidad” en los casos de violencia sexual, además de que se promoverá el empoderamiento y la capacitación de quienes han sufrido o sufren violencia sexual en el servicio sanitario, procurando “un espacio de intimidad y confidencialidad adecuado durante las exploraciones, la recogida de muestras en un acto único, incluyendo la emisión del parte de lesiones, el registro en la historia clínica y el seguimiento de derivaciones y consultas”.

El protocolo promoverá una mayor sensibilidad en el conjunto de profesionales de la salud sobre aspectos específicos, pues hay personas en contextos de mayor vulnerabilidad -discapacidad, problemas de salud mental, migración, identidad sexual- que pueden sufrir “un riesgo añadido de no respeto a sus derechos”.