La Asamblea Nacional francesa aprobó este martes su controvertida ley de inmigración. La normativa, que pasó con 268 votos a favor, necesitó el apoyo del partido de ultraderecha Rassemblement National (RN), liderado por Marine Le Pen.
La nueva ley migratoria ha desatado una crisis en el Gobierno de Emmanuel Macron: una cuarta parte de sus diputados votaron en contra o se abstuvieron. Su aprobación ya ha provocado la dimisión de su ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, y otros tres amenazaron con abandonar sus puestos.
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A pesar de las negaciones por parte del Ejecutivo, fue necesario el voto de la extrema derecha para sacar adelante este proyecto: 189 de sus diputados votaron a favor, 27 en contra y 32 se abstuvieron. Sin los votos de los 89 diputados de RN, el texto habría sido rechazado. Ante todo, Le Pen ha calificado esta ley como “una victoria ideológica”, unas declaraciones que desde el Gobierno han tildado de provocación.
Este miércoles, el presidente francés ha defendido la normativa como una medida “útil para el país” que “permitirá ser más eficaz contra lo que alimenta a RN”. No obstante, admite que el texto podría ser inconstitucional. De hecho, el Gobierno de Macron remitirá el texto al Consejo Constitucional.
La versión más conservadora del proyecto
Este martes el Gobierno presentó ante la Asamblea la versión más conservadora de su proyecto legislativo. Producto de una comisión mixta Asamblea-Senado, en la que había una clara mayoría de la derecha, endurecía la propuesta inicial siguiendo el proyecto aprobado por el Senado, con muchos elementos represivos contra los inmigrantes.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha admitido que el texto es “imperfecto”, pero “permite la regularización de trabajadores sin papeles”. Es esta una de las medidas de las que presume el Ejecutivo: la creación de un permiso de residencia de un año para aquellos inmigrantes que trabajen en sectores en tensión. Sin embargo, se establece un límite de 10.000 trabajadores anuales y se suprime el derecho automático al trabajo para los solicitantes de asilo. A su vez, se endurecen las condiciones de acceso al trabajo para los estudiantes.
El texto también establece cuotas migratorias, endurece las condiciones de reunificación familiar (por las que un extranjero casado con un nacional puede residir en el país) y de acceso a la nacionalidad francesa. Así, por ejemplo, los nacidos en Francia con padres extranjeros ya no tendrán la nacionalidad de forma automática a los 18 años y se retrasa hasta los 10 años el tiempo de residencia necesaria para la naturalización.
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Además, extiende a cinco años desde los actuales seis meses el período de espera a que los inmigrantes legales extracomunitarios pueden solicitar ayudas para la vivienda o de carácter familiar.
La normativa restablece igualmente el delito de residencia ilegal, reduce los regímenes de protección contra la expulsión y prevé la retirada de la nacionalidad a los binacionales que cometan ciertos delitos.
Una ley “útil para el país” que podría ser inconstitucional
Tras su aprobación este martes, Macron ha defendido que se trata de una ley “útil para el país”. El presidente ha comparecido en el canal de televisión France 5, donde ha hablado de la nueva normativa como “un blindaje” necesario en Francia.
“Debemos combatir los flujos, es decir, las llegadas de personas que vienen de manera clandestina y que no conseguimos retornar”, ha afirmado el presidente galo, para quien la inmigración clandestina supone “una pérdida de control” de lo que es Francia.
No obstante, Macron ha confesado que hay cosas en la ley que no le entusiasman, entre las que menciona las medidas contra los estudiantes extranjeros.
Esta mañana, la primera ministra, Élisabeth Borne, admitía que algunas de las disposiciones de la ley de inmigración podrían ser contrarias a la Constitución y que “el presidente de la República va a remitirlo (el texto) al Consejo Constitucional”. Ante todo, Macron ha asegurado que Francia tiene “un problema de inmigración”
(Con información de EFE)