El Pleno del Congreso de los Diputados determinó este martes por la noche el nombre de los nueve diputados con autorización para acceder a materias calificadas como secretas, aquellos que recibirán información sobre el uso de los fondos reservados y podrán controlar la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Se ha procedido mediante votación secreta por papeleta en urna, en la que los nueve candidatos, uno por grupo, han superado el listón mínimo de 176 apoyos. No todos, eso sí, con la misma holgura: los de ERC, Junts per Catalunya y EH Bildu lo han hecho por la mínima, con esos 176 síes requeridos.
Hasta abril de 2022, el listón estaba en 210 votos y el Congreso tenía grandes dificultades para sacar adelante los nombres, dado el veto cruzado entre grupos. Meritxell Batet, presidenta de la cámara baja en aquel momento, aprobó la resolución que rebajó la mayoría necesaria, lo que facilitó las cosas especialmente a los partidos independentistas, en ese tiempo muy críticos con el Gobierno por el espionaje con el programa ‘Pegasus’ al que habían sido sometidos algunos de sus dirigentes. Ellos también querían ser parte de este escueto y privilegiado grupo de diputados, como acabó ocurriendo.
Entonces y ahora, tanto PP como Vox se oponen a que ERC, Junts y Bildu se entrometan en estos asuntos tan delicados, no así formaciones con una menor representación en el hemiciclo, caso del BNG, que esta legislatura tiene uno de los puestos como integrante del Grupo Mixto. Para derecha y extrema derecha, se trata de otra contraprestación más de Pedro Sánchez a sus socios habituales tanto de investidura como de legislatura. En esta ocasión, consecuencia primero de su integración en Sumar y segundo, de su abrupto transfuguismo, Podemos se ha quedado fuera.
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Los nueve diputados
Así, los diputados guardianes de los secretos oficiales durante esta legislatura serán Miguel Tellado (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Marta Lois (Sumar), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Mertxe Aizpurua (Bildu), Aitor Esteban (PNV) y Néstor Rego (BNG).
La llamada comisión de gastos reservados tiene la función de ejercer el control parlamentario de las actividades del CNI y del uso de los fondos reservados por parte de los ministerios que tienen asignadas partidas de este tipo, que son Interior, Asuntos Exteriores y Defensa. Sus responsables, es decir Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles, además del titular de Inteligencia, su directora, Esperanza Casteleiro, deben rendir cuentas y presentar un informe ante el Congreso cada seis meses.
Tellado, López, Millán, Lois, Rufián, Nogueras, Aizpurua, Esteban y Rego estarán sujetos, como todos sus predecesores, a un estricto régimen de confidencialidad, al tener a su alcance secretos oficiales. Sobre ellos recae el escrutinio de que todas las operaciones se realicen en el marco del Estado de derecho, con la potestad de emitir opiniones sobre estrategias de seguridad nacional. No menos importante es salvaguardar el equilibrio entre la seguridad del Estado y la obligada transparencia democrática.
La comisión fue creada en 1995, inicialmente con objeto de controlar los gastos gubernamentales clasificados como fondos reservados en los Presupuestos Generales del Estado. En mayo de 2002, la ley amplió su ámbito de trabajo a toda la información clasificada de la que tuviesen conocimiento los servicios de inteligencia españoles.