Yolanda Díaz propone despenalizar el enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la corona y las ofensas a la bandera y el himno de España

Sumar lo vuelve a intentar. Ya lo hizo Unidas Podemos hasta en dos ocasiones -en 2018 y 2021-, pero la iniciativa acabó aparcada. La plataforma de Yolanda Díaz registra este martes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para despenalizar el enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la corona, las ofensas a los símbolos de la nación -como son la bandera y el himno de España- y los delitos contra los sentimientos religiosos.

Lo hace, defiende, en pro de la libertad de expresión. El PSOE apoyará presumiblemente la tramitación, como ya hizo con las anteriores de su socio de gobierno. La proposición pide derogar hasta seis artículos del Código Penal y afectar además a la conocida como ‘ley mordaza’, de forma que las autoridades o funcionarios que obstaculicen el ejercicio de la libertad de expresión o manifestación puedan ser sancionados.

En concreto, Sumar considera que debe derogarse el artículo 525, que regula el delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público; los delitos contra la Corona (artículos 490.3 y 491); las ofensas o ultrajes a España, las comunidades autónomas o sus símbolos o emblemas (artículo 543); y el delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas, recogido en el 578.

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El texto contempla igualmente borrar el artículo 504, que recoge las injurias al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, amparándose en resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que en varias ocasiones han sacado los colores a sentencias dictadas en España.

A juicio del proyecto político de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, acciones como quemar fotos de Felipe VI, pitar el himno nacional o cualquier creación artística que emplee imágenes religiosas deben estar amparados por la ley.

Y al tiempo que Sumar lleva a cabo este registro en el Congreso, el PP busca que el Pleno inste al Gobierno a “cesar en los ataques, invectivas e insultos” hacia los miembros de la judicatura y en particular a los vocales del CGPJ. La moción solicita que la Cámara exhorte al Ejecutivo a dejar hacer a quienes “desempeñan legalmente” sus funciones en el órgano de gobierno del Poder Judicial, los “parlamentarios opositores” que ejercen su función de control al Gobierno y “los medios de comunicación que divulgan todos estos hechos”.

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Se refieren los populares a la acusación con nombres y apellidos de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en el estrado, apuntando a jueces que según ella habrían prevaricado. Pero también señala este grupo al para ellos silencio o complicidad del ministro Félix Bolaños.

Entretanto, un senador de Alberto Núñez Feijóo, el expresidente de la Junta de Extremadura José Antonio Monago, sostuvo que “el mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España” lo protagonizó “el juez (José Ricardo) de Prada”, señalándolo por la sentencia del caso Gürtel que a la postre derivó en la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa.