La reforma laboral que entró en vigor en 2022 ha producido una rápida bajada de la temporalidad contractual, quedando dicha tasa en el 17,3%, según la última EPA. Sin embargo, las empresas han recurrido más a otras vías para finalizar relaciones laborales aparentemente indefinidas, como las bajas en el periodo de prueba y los despidos, lo que ha provocado una disminución de la duración de los contratos indefinidos. Tanto UGT como el centro de estudios Fedea han advertido de este fenómeno y ahora apuntan en la misma dirección los datos oficiales del Ministerio de Trabajo.
La Estadística de despidos y su coste publicada por la cartera de Díaz refleja un aumento del 18% de los despidos en el primer año de aplicación de la reforma, pasando de 447.705 ceses en 2021 a 528.413 en 2022, récord desde 2015 (año de inicio de la publicación). La gran mayoría de los despidos de 2022, el 74%, se han producido en contratos indefinidos, una tendencia que ya se daba en años anteriores, pero que ahora se acentúa (fueron el 65% en 2021). Al contrario, caen los despidos de trabajadores temporales hasta el 15,6% dado el carácter limitado de esta forma de contratación tras la reforma. El resto de despidos hasta completar el 100% se da en contratos no clasificados por tipo.
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Es cierto que en 2022 se alcanzó el máximo de personas trabajando (por encima de los dos millones), lo cual implica más despidos, pero hay un aspecto de la estadística de Trabajo que apunta a que las empresas están usando la vía del despido para llevar a cabo la flexibilidad que reduce la reforma. Entre 2022 y 2021 ha habido una la pronunciada caída de la cantidad media indemnizada a los trabajadores, lo que podría indicar que los ceses se están intensificando en contratos con menos duración de lo que era habitual hasta 2022, ya que los sueldos han crecido en ese periodo.
En concreto, la indemnización media desciende un 27,7%, de los 11.416,7 euros de 2021 a los 8.251,4 euros de 2022 y es la menor de la serie histórica. La caída más acentuada se da en los trabajadores con contrato fijo discontinuo (-65,1%) y en los indefinidos a tiempo parcial (-48,3%), aunque también es acusada en los indefinidos a tiempo completo (-32%). Las cuantías discurren entre los 12.318,8 euros de media de estos últimos a los apenas 1.570 euros de los fijos discontinuos.
Además, los despidos han crecido en todas las franjas de antigüedad del trabajador en la empresa, excepto en la de más de dos años, que disminuye. El mayor repunte de despidos se da entre los tres y seis meses (89,1%) y entre los seis meses y un año (73,6%).
Por otra parte, los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social también registran el crecimiento de los despidos, aunque en mayor intensidad que los del Ministerio de Trabajo. Según esta fuente, hubo un 35,8% más de bajas de la Seguridad Social por despido en 2022 que en 2021, alcanzando un total de 811.264. Más allá de los despidos como tal, también crecieron un 32,2% las bajas por no superar el periodo de prueba, hasta las 893.768. Con datos actualizados hasta octubre, la tendencia al alza continúa en 2023, creciendo un 26,1% los despidos en los diez primeros meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Más “mortalidad” de los contratos indefinidos
En este contexto de aumento de los despidos, UGT lleva meses planteando que hay aún más razones de peso para su solicitado endurecimiento del despido improcedente. En un informe reciente, el sindicato criticó que las empresas españolas, sobre todo las Pymes, “recurran” al despido “de forma significativamente frecuente” como una “técnica de gestión empresarial”. En su opinión, de los datos de despidos y de este uso se deriva una “ineficiencia de la función protectora” del despido y de su efecto disuasorio. “Naturalmente, la razón principal de ser está en su asequible (bajo) coste”, concluye el texto.
UGT cree además que la regulación normativa del despido individual genera “inseguridad juridicocontractual” y “devalúa” la asimilación tradicional en España entre relación contractual indefinida y relación sociolaboral estable. En esto mismo incide el estudio publicado este mismo lunes por Fedea en el que concluye, a partir de datos de la Seguridad Social, que la reducción de la temporalidad contractual tras la reforma laboral “no parece haber sido tan eficaz en la mitigación de la precariedad o inestabilidad laboral”. Si bien no entra a valorar la normativa del despido y su evolución en cifras.
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El artículo, firmado por cuatro economistas, muestra que ha aumentado la conversión de trabajadores temporales en indefinidos, pero encuentra un “aumento de la mortalidad de los contratos indefinidos ordinarios” tras la reforma. Es decir, “se hacen más contratos indefinidos ordinarios, pero la duración de estos es menor”. Por ello, afirman que el nuevo marco laboral “replica casi exactamente la situación anterior en términos de estabilidad laboral para los trabajadores”.
En consecuencia, el trabajo propone “buscar otras formas de medir la precariedad que no se basen solo en la estructura por tipos de contratos, sino que tengan en cuenta también otras variables y, en particular, la duración real de los contratos”.