Mónica García arranca el plan para recuperar por completo la sanidad universal en España

El nuevo Ministerio de Sanidad a cargo de Mónica García ha empezado la legislatura con grandes promesas. Entre sus anuncios, donde se ha abierto la puerta a una regulación de las bebidas energéticas y se ha puesto el foco en las listas de espera de la sanidad pública, ahora aspiran a dar luz verde a un proceso que recupere por completo la universalidad y gratuidad de la sanidad española y que todas las personas residentes en España tengan acceso a ella, un derecho eliminado por el PP en 2012 y recuperado con pinzas por el PSOE en 2018.

Este lunes, tanto la ministra como el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se reunieron con varias organizaciones para escuchar propuestas e iniciar conversaciones a favor del acceso para todas las personas a la sanidad pública. La reunión a puerta cerrada sirvió para una toma de contacto con estos colectivos que visibilizan la falta de acceso de las personas migrantes al sistema nacional de salud, una visita de activistas que nunca había ocurrido anteriormente con el Ministerio de Sanidad y que tiene un claro mensaje, una declaración de intenciones de legislar a favor de los movimientos sociales.

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En 2012, el Ministerio de Sanidad de Ana Mato, con el Gobierno de Mariano Rajoy, eliminó la universalidad del sistema nacional de salud con el Real Decreto 16/2012. La medida, justificada por motivos económicos durante la crisis que atravesaba el país, dejó sin atención sanitaria a 900.000 personas que residían en España. Aunque en 2018, Pedro Sánchez emitió un decreto que recuperaba la sanidad universal, no lo hizo de forma garantista y la manera de redactar la ley generó muchos grises que las comunidades autónomas, especialmente Madrid, han utilizado en varias ocasiones para restringir el acceso a atención sanitaria a personas migrantes. Cuando la Justicia ha hecho de intermediaria, esta ha dado la razón a los pacientes.

Varias personas de las organizaciones presentes en esta reunión han confirmado a Infobae las buenas sensaciones tras la charla de, aproximadamente, hora y media. “Han sido muy proactivos con todas las demandas y todas están, más o menos, en curso o pensadas”, aseguraba una de las activistas allí presentes. Entre otras, además de fórmulas que pongan punto y final a las trabas para las personas migrantes sean atendidas en la sanidad pública, también se han postulado planes para migrantes temporeros o trabajadoras sexuales, que no suelen poder empadronarse y quedan fuera de muchos servicios básicos.

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La intención principal del Ministerio de Sanidad es acabar con lagunas que sirvan a las comunidades autónomas para frenar el acceso a la sanidad de personas migrantes. Actualmente, la emisión de unas recomendaciones por parte del Ministerio de Sanidad en 2019 a las Comunidades Autónomas para diseñar el acceso y trato de las personas migrantes al sistema de salud, es el elemento que sirve de escollo y sobre el que se justifican las Administraciones para negar el tratamiento.

Aunque no han dado fechas para la publicación de leyes, las organizaciones presentes apuntan al mes de febrero como punto de partida para movimientos importantes. Tras la reunión, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha asegurado a Infobae que “no puede ser que el derecho a la asistencia sanitaria sea basándose en unas recomendaciones”, en referencia a la actual fórmula diseñada por el PSOE. “Es necesaria una reforma de la legislación vigente y que esto esté bien fundamentada, hay que simplificar la norma. Lo que se hizo en 2012 no lo defiende ni quién lo hizo”, asegura el número dos de Mónica García.

Padilla reconoce a este medio que el plan será “emitir unas nuevas recomendaciones o que se apruebe una nueva ley”. Algunas plataformas, durante la reunión, han propuesto que la fórmula hasta que se diseñe una nueva ley sea hacer unas recomendaciones más claras y fáciles para no impedir el acceso a la sanidad a nadie, opción que el Ministerio de Sanidad barajará como opción.

Otro aspecto a desarrollar, y parece que ha recibido buenas palabras desde el Ministerio y las organizaciones, es reforzar el papel del Observatorio de la Salud y Cambio Climático para garantizar a través del organismo que las medidas que se aprueben tengan su efecto y se cumpla la norma. “La ley tiene que tener un seguimiento para su cumplimiento y una de las cosas que hemos dicho y planteado es que esa función se asuma desde ahí”, asevera Padilla.