Interior pagará 395.000 euros a una empresa porque no tiene capacidad para destruir todas las plantaciones de marihuana que decomisa

El pasado 7 de diciembre la Policía Nacional desmanteló cinco plantaciones de marihuana con 37.000 plantas en la provincia de Barcelona, una de ellas oculta en un club de alterne abandonado. Días antes, el 3 de diciembre, era la Guardia Civil quien incautaba otra plantación con 9.000 plantas ocultas en una nave de un polígono industrial de Cabanillas del Campo, en Guadalajara. Es la tónica del día a día de los grupos antidroga de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que aseguran que España ya se ha convertido en la mayor plantación de marihuana de todo el país.

Las cifras hablan por sí solas. En 2015, por ejemplo, se decomisaron en nuestro país 377.458 plantas (una media de 1.034 cada día). En 2022 (últimos datos oficiales) se incautaron 3.350.969 plantas (9.180 al día), lo que supone un incremento del 787%. Los datos de 2022 suponen todo un récord desde que se contabilizan estas estadísticas. Y a falta de terminar el balance de 2023, se espera la misma tendencia alcista. De hecho, las incautaciones no han parado de subir año tras año. Al igual que las de su principal derivado, la marihuana ya tratada. En 2022 se decomisaron 144.734 kilos, un 4% más que en 2021, pero un 99% más que el año anterior.

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Por eso, el pasado 11 de diciembre el ministerio del Interior licitó un contrato para “el desmantelamiento de grandes plantaciones de marihuana” por un importe de 395.000 euros anuales. La destrucción de las grandes plantaciones “es uno de los principales problemas logísticos a los que se enfrentan en la actualidad las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Este tipo de cultivos ilegales ha crecido de forma exponencial en los últimos años, tanto en plantaciones de exterior como ‘indoor’ [de interior], que por orden judicial deben ser destruidas para evitar que lleguen al mercado”, explican desde Interior.

En el caso de pequeñas plantaciones, generalmente son los propios agentes los encargados de desmantelarlas. Pero en el caso de las que son grandes, estos se ven “imposibilitados para desarrollar dicha actividad, dado que además de no estar preparados ni disponer de la maquinaria necesaria, absorbería el tiempo de las plantillas policiales en detrimento de la realización de los servicios de seguridad asignado. Por ello, el procedimiento más idóneo es la contratación de empresas del sector privado”, argumenta Interior.

El contrato está divido cinco en lotes, en función de las zonas geográficas donde más plantaciones están siendo decomisadas: Almería; Granada y Málaga; Madrid y límitrofe, Comunidad Valenciana y Cataluña. En el verano de 2021, la Benemérita decomisó en una nave industrial de La Mojonera (Almería) 5,6 toneladas de marihuana, cogollos ya listos para consumir que se iba a enviar a Reino Unido, en lo que denominó “el mayor alijo de esta droga incautado en una operación policial en España”. Las tres provincias andaluzas y toda la costa levantina lideran los decomisos. Hoy en día España es el país que produce más marihuana de toda España. También es el que más exporta. Según el informe Europeo sobre Drogas, España representa el 66% del número de incautaciones de cannabis en todo el continente.

Para el desarrollo de esta actividad, el adjudicatario deberá disponer de elementos suficientes de arrancado, máquinas de trituración, aportar sacos plásticos y cajas de cartón para realizar, en su caso, el correcto envasado, medios de transporte, así como equipos de protección y seguridad necesarios. Interior reconoce que le ha sido complicado calcular lo que quiere pagar por este servicio. ¿Por qué?

Porque el número de plantas no sirve para el cálculo del coste “debido a la disparidad en el crecimiento vegetativo”, encontrándose desde plantones de escasos centímetros a verdaderos árboles de cerca de dos metros. Los lugares de ubicación también plantean problemas, ya que hay plantaciones exteriores en zonas de fácil acceso junto con otras muy dificultosas como barrancos o montes sin caminos transitables. También las hay en invernaderos, donde resulta de una enorme peligrosidad trabajar cuando se producen altas temperaturas. Sin olvidar ciertas trabas para el desbrozado, como ocurre cuando el cultivo está enredado en mallas plásticas que requieren una previa retirada antes de acceder a las plantas.

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Por lo que respecta a los trabajos, tampoco existe una homogeneidad al respecto, dado que depende de las instrucciones concretas que en cada caso imparta la autoridad judicial. Existen casos en los que la orden recibida es el arrancado y el traslado a vertedero, con lo que no es necesaria una previa trituración, y otros en los que se ordena custodia en el lugar que se determine, con lo que se requiere trituración y ensacado para evitar putrefacción y facilitar su traslado posterior. “Así pues, se ha optado por considerar el único dato objetivo, que son los mozos empleados y el tiempo real de trabajo. Para ello se ha consultado el convenio colectivo estatal de jardinería vigente de 2021 a 2024″. En dicho convenio se establece un precio por hora extraordinaria de jardinero o peón de 12,80 euros.

El coste se ha situado, por tanto, en 27,50 € por empleado y hora, lo que inicialmente puede estimarse como elevado con respecto al convenio, “pero si se considera el hecho de que deben tocar y estar en contacto con material estupefaciente y la insalubridad del producto en cuanto a la emanación de gases y olores, el citado importe se considera adecuado. Este coste se incrementará en un 20% si el servicio tiene que realizarse en sábado, domingo o festivo, por razones justificadas”. A eso se suma un coste fijo por prestación de servicio de 275 euros.

Normalmente, una solicitud de prestación corresponde a una operación policial que está vinculada con una sola plantación. Sin embargo, en el caso de que la operación conste de varias plantaciones, se aplicarán los siguientes criterios: “De haber varias plantaciones ubicadas en lugares diferentes, y de más de 1.000 plantas con un crecimiento superior a un metro cada una, el precio fijo se abonará en cada una de las plantaciones desmanteladas”. De haber varias plantaciones con números de plantas y tamaños inferiores, se abonará un precio fijo por cada dos plantaciones con estas características. De ser número impar, se aplicará la mitad del precio fijo por solicitud de prestación a la misma (137,50 euros o la mitad del precio fijo por solicitud de prestación que resulta de la licitación).

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El anterior contrato fue licitado en enero de 2022 solo por 163.000 euros, menos de la mitad que este último. En esa ocasión solo incluía cuatro lotes: la Comunidad de Madrid y las provincias limítrofes; Granada; Almería y Murcia; y Cataluña). El lote de Madrid quedó desierto. Hasta esa fecha, Interior había apostado por la compra de máquinas destructoras de biomasa (desde 2017 ha adquirido hasta un total de 42) para hacer frente a la cada vez mayor acumulación de estas plantas. Sin embargo, estas se han demostrado insuficientes ante el creciente volumen de incautaciones. Por eso se ha decidido la contratación de empresas especializadas en jardinería.