La Comunidad de Madrid es considerada en núcleo de inversión más importante de España. La batalla de Isabel Díaz Ayuso por convertir la capital en el mayor polo de atracción de compañías ha pasado durante los últimos años por llevar a cabo una política de baja fiscalidad. Esta reducción impositiva -por la que a la presidenta de la Comunidad le han llovido las acusaciones de dumping fiscal- sí ha conseguido elevar el número de empresas que se establecen en Madrid. Aunque parece no ser suficiente: pese a aumentar el número de compañías, la inversión que se realiza se ha reducido en más de 173 millones en lo que va de año.
Concretamente, hasta noviembre de este año se han creado un total de 22.993 compañías, lo que supone un 9,42% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se establecieron 21.014 empresas en la capital, según el último informe de demografía empresarial elaborado por Informa D&B.
Te puede interesar: Madrid rompe su tendencia de atraer empresas: pierde 17 sedes sociales en el segundo trimestre de 2023
Sin embargo, este incremento del ritmo de creación de compañías no se ha traducido en un aumento del capital invertido: a falta de un mes para que termine el año, las empresas han aportado 1.166 millones frente a los 1.339 millones del mismo periodo de 2022. Así, pese a que la fiscalidad está incrementando el número de empresas que se establecen en la capital, el tamaño e impacto de estas no ha aumentado en la misma medida.
A pesar de ello, la región presidida por Ayuso es, con diferencia, el lugar con mayor inversión de capital, seguido por Cataluña, que se ha elevado a segunda posición de este ránking tras superar a Andalucía -que cierra el top 3-. El mayor descenso en el capital que invierten las empresas en el momento de su creación se ha producido en la Comunidad Valenciana, donde este importe ha caído en más de un 50%.
Ser la capital, las conexiones de transporte o la fuga de empresas de Cataluña tras el 1-O dieron un importante empuje a Madrid como ‘tierra prometida’ para las compañías emergentes. Aunque, la política fiscal de Ayuso también ha ayudado. La Comunidad de Madrid es la administración regional más competitiva fiscalmente en España frente a otras comunidades autónomas, tal y como se desprende del estudio realizado por la Fundación Avance para la Libertad y la Tax Foundation estadounidense, que evaluaron la eficacia de diferentes tributos como la Renta, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, entre otros.
El denominado Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (ICAF) se centra en cómo los diferentes tributos afectan el ambiente de negocios, el crecimiento económico y el empleo, evaluando también la complejidad o facilidad en la implementación de los sistemas fiscales y su transparencia. Madrid sobresale por ofrecer un entorno menos gravoso para la actividad empresarial, lo que favorece su atractivo para la inversión y el potencial de crecimiento
De esta forma, mantener un menor número de impuestos impulsa la competencia fiscal, ya que los territorios con cargas tributarias más bajas se convierten en puntos más deseables para los inversores y muestran una tendencia a registrar un crecimiento económico más robusto. Por el contrario, un exceso en la cantidad de tributos puede ser contraproducente para la competitividad fiscal de una región.
Cataluña
En las antípodas de Madrid se encuentra Cataluña. El otro gran polo de atracción empresarial con el triple de impuestos autonómicos que las demás comunidades. Concretamente 15. Sin embargo, y pese a mantenerse lejos de la Comunidad de Madrid, la región ha elevado un 16% el capital invertido por las nuevas empresas, hasta alcanzar los 768 millones. Las empresas que han elegido esta comunidad para iniciar su actividad también se han incrementado en torno a un 9%, superando las 19.000 en noviembre de este año.
Te puede interesar: Cataluña pone fin a la fuga de compañías: ‘roba’ a Madrid más de 670 millones de facturación empresarial
El aumento del tejido empresarial en Cataluña ha sido uno de los puntos de negociación de Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. PSOE y Junts se comprometieron en su acuerdo de investidura a tratar el retorno de las empresas catalanas durante la legislatura. Específicamente, las dos formaciones acordaron estudiar los “elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”.
Según datos de Informa D&B, en los últimos seis años Cataluña ha perdido más de 8.000 empresas con ventas estimadas que superaban los 56.000 millones de euros. Sólo en 2017, con Carles Puigdemont de presidente de la Generalitat el número de empresas que se fueron alcanzó un total de 1.863. Las compañías que se marcharon eligieron otras comunidades como Comunidad Valenciana, Madrid o Aragón como su nueva sede. Entre la fuga de empresas se encontraban nombres de cotizadas en el Ibex 35, como fue el caso de Banco Sabadell a Alicante, CaixaBank a Valencia o Naturgy, Cellnex, Abertis o Colonial a Madrid.
El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defendido que Cataluña aplique una fiscalidad parecida a la madrileña o la valenciana para hacer más atractiva la vuelta de empresas que cambiaron su sede a otras comunidades autónomas por el procés. Llibre señalaba, en concreto, al impuesto al patrimonio, que ha tildado de medida “confiscatoria” y que “siempre la pagan los mismos”, y ha propuesto que el Gobierno de España elimine ese tributo en todas las comunidades para acabar con la “guerra fiscal”.