El colapso en los tribunales españoles es uno de los grandes retos de nuestro sistema judicial desde hace años, aunque se agravó durante la pandemia. Más allá de la inestabilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha bloqueado numerosos nombramientos en la cúpula de la justicia, el desbordamiento de los asuntos en los juzgados es cada vez más preocupante.
El último informe trimestral del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, sobre la situación de los órganos judiciales en España refleja una realidad que se ha agudizado este año por las huelgas de los funcionarios de Justicia y otros sectores del mismo ámbito. Así, al final del tercer trimestre del año quedaron en trámite un total de 3.907.128 asuntos, un 18,5% más que en el mismo periodo de 2022.
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Las huelgas convocadas a lo largo del año han tenido un impacto directo en este punto. El parón más importante ha sido el de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), comúnmente llamados secretarios judiciales por las labores que desempeñan, fundamentales en el día a día de los juzgados. Estos funcionarios protagonizaron un parón de dos meses que acabó a finales de marzo con un acuerdo para una subida salarial de hasta 450 euros al mes.
Pocos meses después, fueron los funcionarios de Justicia quienes iniciaron una huelga. Los sindicatos aún reclaman un incremento salarial similar que tendrá que ser valorado por el nuevo ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Los últimos en convocar un parón, aún de carácter indefinido, fueron los abogados y procuradores del turno de oficio, que exigen una normativa reguladora de su sector. Su huelga, iniciada el pasado 21 de noviembre, ya ha provocado suspensiones en los juzgados de toda España.
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Las previsiones para final de año no mejoran
El último informe trimestral sobre la situación de los órganos judiciales constata el impacto de estas huelgas en el colapso de los tribunales. A ello se suma que el número de asuntos registrados durante el tercer trimestre del año, un total de 1.656.616, aumentó un 8,8% respecto a 2022. Eso provocó también que los tribunales incrementasen, en concreto un 4,3%, la resolución de asuntos.
Con la excepción de la jurisdicción contencioso-administrativa que ha mostrado una leve disminución del 0,7 por ciento en el número de asuntos ingresados, en todos los órdenes se han observado incrementos interanuales en el tercer trimestre de 2023: en el orden Civil se registraron un 14,9% más asuntos que hace un año; en el Penal, un 4,7% más y en el Social, el ingreso de nuevos asuntos creció un 9,2%.
Con todos estos datos el Consejo General del Poder Judicial hace una previsión de cara al final de año -a falta de las cifras del último trimestre-. Según esas proyecciones, 2023 terminará con un 29,6% más de asuntos pendientes de resolución y una reducción del 11,2% en el número de sentencias dictadas.